CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los hechos cuentan más que las palabras: del 2014 hasta julio de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a 425 mil 58 migrantes originarios de Centroamérica que huyeron de la violencia, la ausencia de oportunidades económicas y las sequías, y deportó a 362 mil 757 de ellos. Estas cifras contrastan con los discursos de Peña Nieto –en la ONU– y Miguel Ángel Osorio Chong hoy. El mandatario llamó a la comunidad internacional a ser más solidaria con los migrantes “y a promover su integración a las comunidades de destino”, mientras su secretario de Gobernación pidió a Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, que “las fronteras geográficas no deben convertirse en barreras”. Ante la asamblea general de la ONU, en Nueva York, Peña Nieto sostuvo que el gobierno mexicano tomará medidas para “brindar un trato más digno y humano a migrantes y refugiados”. Más allá de las promesas del Ejecutivo, la Oficina en Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) observó hoy que el endurecimiento de la política migratoria en México “incrementó las violaciones a los derechos humanos y los crímenes contra los migrantes durante los operativos”, y que “los albergues en el país siguen documentando secuestros, extorsiones, robos y otros abusos, muchos en manos de funcionarios corruptos”. Desde la implementación del llamado Programa Frontera Sur, en julio de 2014, la administración actual realizó 54 mil 102 operativos antimigrantes, los cuales tuvieron como efecto el alejar a los indocumentados de las rutas “tradicionales” de la migración –como el tren de carga conocido como La Bestia– y les obligaron a aventurarse a pie en el territorio mexicano o a contratar servicios de traficantes de personas. WOLA estima que 30% de los migrantes que solicitaron asilo a México entre 2014 y abril de este año abandonaron el trámite, pues deben soportar meses de detención en centros migratorios donde enfrentan la “falta de transparencia”, la “mala información proporcionada por los agentes” y la lentitud del proceso de asilo. Según la organización, entre 2014 y julio pasado la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) apenas otorgó el asilo a 2 mil 982 personas –por 6 mil 933 solicitudes–, un número irrisorio en comparación con los más de 425 mil migrantes detenidos. De acuerdo con WOLA, en 2015 la tasa de homicidios en El Salvador se elevó a 103 por 100 mil habitantes, con lo que el pequeño país centroamericano se convirtió en la “capital mundial del asesinato”. Honduras y Guatemala, con sus respectivas tasas de homicidio de 57 y 30 por 100 mil habitantes, se ubicaron entre los cinco países más violentos del mundo. Al comparar los presupuestos otorgados a la Comar –25 millones 308 mil pesos en 2015– y al INM –4 mil 123 millones el mismo año–, WOLA aseveró: “México priorizó los operativos contra migrantes para atender los flujos migratorios al monitoreo de casos elegibles para la protección (con el asilo)”.