CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que en los municipios guerrerenses de Iguala y Cocula detectó más de 40 sitios donde existen fosas clandestinas y que investiga más de mil números telefónicos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. La dependencia tardó dos años en investigar y coincidentemente realizó este anuncio a seis días de que los padres de los jóvenes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, acordaron suspender los diálogos después de decirse engañados por la procuradora Arely Gómez y el mismo presidente Enrique Peña Nieto, quien nombró a Tomás Zerón de Lucio, secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad. Con el fin de presionar a los padres para reanudar el diálogo, el martes pasado el titular de la oficina de investigación del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, indicó que para abrir las fosas la PGR requiere que los padres retornen a las mesas de diálogo con el fin de acordar con ellos las fechas en que se realizarán esas diligencias de búsqueda. Explicó que la investigación para detectar las fosas, se realiza utilizando tecnología conocida como Lidar, que consiste en la integración de tecnologías GPS, unidad de medición inercial y sensor láser, en la colecta de datos de altitud, las cuales permiten conocer si un terreno o superficie ha sido removida a pesar de que existan zonas boscosas. La toma de imágenes que se obtienen en las cámaras colocadas en un Lear Jet abarcan hasta 400 metros de ancho sobre el terreno por una larga línea que puede extenderse a lo largo de varios kilómetros, y ello permitió que los analistas ofrezcan a los investigadores de la PGR más de 40 zonas donde podrían localizar fosas clandestinas. Según Higuera Bernal, los avances que registra la investigación confirmaron los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que afirma que en la desaparición de los jóvenes también participaron elementos de la policía municipal de Huitzuco, quienes se movilizaron entre ese ayuntamiento e Iguala en las horas en que los estudiantes fueron privados de su libertad y puestos en manos de integrantes del grupo criminal Guerreros unidos. En lo que se refiere al estudiante Julio Cesar Mondragón, quien según la CNDH fue objeto de actos de tortura antes de ser asesinado la madrugada del 27 de septiembre de 2014, la PGR inició una indagatoria en el ámbito federal por el delito de tortura La PGR tardó dos años en investigar y a seis días de que los padres rompieron el diálogo, dio a conocer que como parte de las nuevas indagatorias tiene más de mil números telefónicos en investigación para determinar quiénes, además de las 123 personas detenidas y consignadas, participaron en la desaparición de los normalistas. Informó que en solo una semana, a través de las compañías telefónicas, obtuvo ocho mil ‘‘sábanas’’ o informes de llamadas telefónicas y rutas que siguieron los portadores de teléfonos y que deben ser analizadas, información que la PGR tardó dos años en solicitar. También dijo que en el último mes, la PGR ha interrogado a más de cien funcionarios, entre ellos alcaldes de Guerrero, policías municipales de Huitzuco y otras comunidades, así como policías federales, para deslindar responsabilidades en el caso de la desaparición de los estudiantes. A dos años de la desaparición de los normalistas la Procuraduría omitió abrir diversas líneas de investigación como es el caso de las líneas telefónicas y la detección de fosas clandestinas a través de alta tecnología. Y a seis días de que los padres rompen el diálogo, dice que abrió una indagatoria y que tiene resultados.