CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados se encuentra a la espera de la conclusión de las indagatorias en contra del aún gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y de que, en su caso, soliciten su desafuero para procesarlo judicialmente. El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, detalló que luego de darse a conocer públicamente que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo dos investigaciones que se siguen a nivel local contra el gobernador por peculado, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber, la Cámara tendrá que ajustar los tiempos y atender de inmediato la posible demanda de desafuero. Actualmente la Cámara de Diputados cuenta con una demanda de juicio político contra Javier Duarte, que es distinta a una solicitud de juicio de procedencia para retirar el fuero que pudiera demandar la PGR. “En este caso, la PGR podría hacer otro tipo de solicitud y tendría que ser atendida de inmediato, eso cambiaría la situación de tiempos”, sostuvo Ramírez Marín, quien aclaró que el PRI “va a estar a favor de cualquier solicitud fundada que haga una autoridad, no a caprichos partidistas, por más escandalosa que sea la situación de una persona”. “En la Cámara de Diputados se tiene que seguir el procedimiento previsto por la ley y, en este caso, si hay una solicitud de una autoridad, por supuesto que el procedimiento se abrevia”. La cuestión de tiempos en el caso de Javier Duarte resulta vital pues él concluye su periodo como gobernador el último día de noviembre y si antes de dicha fecha la PGR no concluye la indagatoria y no demanda el desafuero del aún gobernador, ya no podrá hacerlo, pues automáticamente pierde el fuero al concluir su cargo. El vicecoordinador del PRI se refirió al tema del gobernador de Veracruz como un asunto que cuenta con “muchos elementos”, pero también “un gran ingrediente político”. Aunque, acotó, al existir una investigación judicial de parte de la PGR,  “lo que tenemos que esperar es la conclusión de esa autoridad”. En caso de que se demande el desafuero el órgano legislativo debe arrancar un juicio de procedencia, pero antes conformar la Comisión Jurisdiccional, la cual escucha al acusado y al acusador para luego, después de aportar pruebas a favor o en contra, emitir un dictamen que se somete al pleno de la Cámara de Diputados erigido en ese momento como Jurado de Procedencia. Ramírez Marín también reveló que la Subcomisión de Examen Previo --organismo que se encarga de analizar las solicitudes de juicio político interpuestas en Cámara de Diputados--, reactivó sus trabajos por acuerdo de todos los partidos políticos. El PRD ha considerado que la primera revisión debe ser la demanda de “juicio político” contra Javier Duarte. Ante ello el vicecoordinador del PRI aclaró que no puede haber algún señalamiento en particular pues por reglamento las demandas se desahogan por orden de aparición, incluso, la propia comisión debe antes revisar cuáles solicitudes siguen siendo válidas, ya que en algunos casos el tiempo para ejercer el juicio político ya feneció o porque la persona misma ya murió. “Entonces el acuerdo es para que las comisiones, a la brevedad posible, se reúnan, ya en la Subcomisión de Examen Previo y procedan a esta labor, que yo llamo de limpieza por los temas que han caducado, prescrito, inclusive fallecido los proponentes o los señalados”, señaló. En el caso de Javier Duarte, ¿se le daría prioridad?, preguntaron los reporteros, a lo que el priista respondió: “nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad, particularmente cuando se trate de solicitudes de autoridades judiciales, lo cual no ha ocurrido todavía en el caso de Veracruz. Ninguna autoridad se ha referido a esta cámara solicitándole el juicio político para ningún funcionario, todavía, excepto el del gobierno de Sonora”. Insistió en que el tema del juicio político no se trata de caprichos o sentimientos. “Una cosa es que a los panistas les gustaría que procesáramos más rápido a los gobernadores del PRI… Pues sí, nunca lo pensaron cuando (Guillermo)  Padrés --ex gobernador de Sonora--,  cometía mil fechorías ¡Ah bueno! Ahora sí hay que hacerlo”. Y sostuvo: “Lo que puedo asegurar es que nosotros vamos a ajustarnos a la ley, que no vamos a hacerle concesiones a nadie. Ni de protección. Se trata de cumplir la ley, no de obedecer a los caprichos de (Miguel Ángel) Yunes, que ahora sí muy campante acusa a un gobernador de cosas que, independientemente de su condición y partido o de dónde venga, serán juzgadas y serán analizadas por la autoridad y, en su caso será responsable. Pero al señor Yunes parece que se le olvida cuando él fue señalado como responsable y la protección que le dieron los gobiernos panistas”. En los últimos 40 años sólo tres casos de desafuero has prosperado en la Cámara de Diputados. El de Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex, en 1983; el asambleísta René Bejarano, en 2004, y la diputada Lucero Guadalupe Sánchez, también conocida como la Chapodiputada, en junio de 2016.