CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Al menos seis policías federales resultaron lesionados tras sufrir un accidente a bordo de un vehículo blindado modelo Escorpión, luego de realizar labores de búsqueda de fosas clandestinas por segundo día consecutivo en la sierra de la entidad. Según reportes oficiales, el percance se registró esta tarde sobre la carretera Chilpancingo-Chichihualco a la altura del poblado de Jalapa, municipio de Leonardo Bravo. Al parecer, el uniformado que conducía el vehículo blindado perdió el control de la unidad en una curva y se fue a un barranco. El incidente dejó un saldo de seis agentes lesionados, ninguno de gravedad, y durante varias horas la vía carretera fue bloqueada por los federales mientras una grúa realizaba maniobras para sacar la unidad oficial. Los policía regresaban a la capital de la entidad junto al equipo de la Procuraduría General de la República (PGR), que desde ayer realiza diligencias en un tiradero de cadáveres descubierto en diciembre pasado y conocido como la barranca de La Virgen. Ayer esta agencia informó que los peritos de la PGR habían recuperado nueve fragmentos óseos, entre ellos un cráneo incompleto y una sección de tibia, de este cementerio clandestino ubicado en el municipio de Leonardo Bravo, en plena sierra, donde ya habían sido exhumados 19 cuerpos humanos en diciembre pasado. El lugar se ubica en las inmediaciones del poblado de El Naranjo, a unos 10 kilómetros sobre un camino de terracería que conecta con el poblado de Chichihualco, la cabecera municipal y la zona conocida como El Llano, una extensa franja agrícola donde abunda el maíz. Las diligencias ministeriales del miércoles se realizaron bajo resguardo policiaco y los peritos y agentes federales tuvieron que descender más de 300 metros en línea vertical en una zona de barrancos que confluyen en un caudaloso río, factor natural que altera las condiciones del lugar, señalaron las fuentes oficiales. En este punto, los agentes federales recolectaron nueve fragmentos óseos. Los restos humanos fueron embalados y entregados al agente del MP federal que lleva el caso de la exhumación de 19 cuerpos calcinados localizados hace nueve meses en el mismo lugar, la barranca de La Virgen, refieren los mismos informes. Este jueves 29, el equipo de la PGR reanudó las labores de búsqueda de cadáveres en las inmediaciones de El Naranjo, pero no localizaron nada en los puntos que tenían marcados para inspeccionar, indicaron fuentes oficiales. Por ello, el equipo de la PGR y los agentes federales decidieron regresar a la capital del estado donde permanecen concentrados en el hotel Jacarandas y, durante el trayecto, la unidad blindada denominada Escorpión se accidentó provocando lesiones a seis de sus tripulantes. El tiradero de El Naranjo En diciembre pasado Proceso publicó el reportaje “El Naranjo, otro tiradero de cadáveres”, donde de acuerdo con pobladores entrevistados en ese entonces este cementerio clandestino era utilizado desde hacía un año por una célula criminal dirigida por Isaac Navarrete Celis y los hermanos Onésimo y Mario Guevara Rodríguez, afincados en Chichihualco, Jaleaca y Yextla, poblados de Leonardo Bravo. Por el control de la región sierra y la ciudad de Chilpancingo, este grupo está enfrentado con una banda considerada brazo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y encabezada por los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano –originarios de la comunidad serrana de Polixtepec–, así como por Onésimo Castillo Adame, El Bombón, quienes actualmente se encuentran presos, y Juan Castillo Gómez, El Teniente, indican fuentes oficiales. Habitantes de la sierra que pidieron el anonimato narraron a Proceso que el hallazgo del cementerio clandestino de El Naranjo ocurrió luego de que un campesino de Chichihualco fuera asesinado y arrojado a la barranca; sus familiares rescataron el cuerpo y decidieron denunciar el crimen ante autoridades de la PGR y la Marina. El descubrimiento del cementerio clandestino del grupo que opera en Chichihualco desató una ola de violencia en la sierra. El 18 de diciembre de 2005 dos grupos de sicarios protagonizaron un tiroteo en Yextla, que se prolongó cinco horas y exhibió la ausencia de la autoridad en la principal zona productora de drogas de la entidad. Habitantes de ese poblado enclavado en la ruta de la heroína guerrerense lanzaron un grito de auxilio tras quedar atrapados en medio del enfrentamiento. Contradicción oficial Del 8 al 10 de diciembre de 2015, un grupo de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR realizó un operativo en las inmediaciones del poblado El Naranjo, ante la denuncia de la existencia de un cementerio clandestino. Las autoridades ministeriales ubicaron una barranca en el camino que va de Chichihualco, la cabecera municipal, a El Naranjo. Ahí fueron hallados al menos 19 cadáveres, algunos de ellos quemados. La información fue difundida en medios locales el 15 de diciembre, un día después de que personal de la dependencia federal revelara el hallazgo durante una reunión en Iguala con integrantes del comité Familiares de los Otros Desaparecidos. De inmediato la administración de Héctor Astudillo calificó de “falsa” la versión. En un comunicado difundido el mismo día, el gobierno estatal informó que el delegado de la PGR, José Juan Monroy García, había descartado algún operativo de exhumación y negó que un grupo especial de peritos trabajara en la entidad. No obstante, el gobierno estatal reconoció que el alcalde de Leonardo Bravo, Alfredo Alarcón, habría informado que desde el 8 de diciembre pasado personal de la Secretaría de Marina y de la PGR realizaban labores en la zona sin haber avisado de ello a las autoridades locales. El 17 de diciembre, Astudillo confirmó el hallazgo de los cadáveres y dijo que este hecho, el cual exhibe una vez más a la entidad como un cementerio clandestino, no afectaría la imagen de Guerrero en esta temporada vacacional “porque no se trata de un asunto turístico”. Luego, el gobierno estatal anunció la destitución de Melquiades Olmedo Montes, hasta entonces secretario local de Protección Civil, acusado de ser omiso al no informar a Astudillo del operativo.