Los perdones del SAT… imperdonables

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- He allí el gobierno mexicano, perdonando. He allí el SAT, condonando. He allí los que toman decisiones, privilegiando a unos cuantos. Otorgando beneficios inexplicables a un manojo de ciudadanos con más derechos que otros. Creando una política fiscal en la cual todos los mexicanos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y todo ello en un contexto de ajustes, de recortes, de argumentos para que el gobierno se apriete el cinturón, pero por lo visto no aplicables a un pequeño sector de la población. Los cuates y los compadres. Los amigos y los cómplices. Los empresarios a quienes el fisco amablemente deja ir, mientras persigue a los demás.

Esa es la conclusión que se desprende del importante estudio de Fundar titulado Privilegios fiscales: beneficios para unos cuantos, donde se revela cómo el Estado deja de cobrar o perdona créditos o débitos fiscales de manera discriminatoria. De manera injustificada. De modo que no ha explicado. Porque la razón detrás de la cancelación suele ser que el cobro resulta incosteable, o el deudor es insolvente, o el deudor ha desaparecido. Nada de lo cual parece ser el caso en el manojo de mexicanos perdonados, los cuales, además, acumulaban los adeudos más grandes. Tan sólo 15 personas morales a quienes en el último año se les cancelaron adeudos superiores a 15 mil millones de pesos. En pocas palabras, 0.26% de los contribuyentes acumularon el 31% del total de las cancelaciones.

Esa política de perdón contrasta con la narrativa gubernamental sobre la necesidad de incrementar la recaudación para compensar la caída en los precios del petróleo. En los últimos años se ha insistido en el imperativo de aumentar la base de contribuyentes; de cobrar más y cobrar mejor. Pero a pesar del aumento recaudatorio, México todavía carga con un pacto fiscal “ineficaz, precario e injusto” como lo ha calificado Carlos Elizondo. El Estado recauda pero lo hace de manera insuficiente, mientras sigue gastando mal. Y además permite amplios espacios para la corrupción a quienes están conectados con el poder. México es un país de lagunas y huecos y privilegios y evasiones. Un país donde se perdona lo que no se debería. Donde se perdona a los que más adeudan, a los que más acumulan créditos fiscales.

En un solo año, de julio de 2015 a julio de 2016, Casas Geo fue la compañía más beneficiada, junto con otras como Volks­wagen, ARNECOM y Simec International. Una sola empresa recibió una cancelación de un crédito por un monto equivalente a todo lo que ejerció el Programa “Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento” en 2015. En cuanto a personas físicas, 10 contribuyentes se beneficiaron con un monto de 2 mil 15 millones 670 mil pesos, equivalente al 26% del monto total cancelado. Ante los datos presentados, surgen las preguntas inevitables: ¿por qué la condonación a esas empresas y no a otras? ¿cuál ha sido la lógica de perdón y los argumentos para otorgarlo? Ante las peticiones de información reiteradas y la presión pública la respuesta siempre ha sido la misma. Que todo se hizo de manera legal. De manera normal. De forma intachable. Pero los ejemplos de la condonación contradicen las reglas que permiten al Estado ofrecerla. No parecen aplicarse los principios de incosteabilidad sino los imperativos de la cuatitud. Eso pasó en la cancelación masiva de créditos en 2007, y el fenómeno se ha repetido año tras año. Entre 2008 y 2016 la autoridad tributaria canceló créditos fiscales por un monto de 593 mil 348.03 millones de pesos. Así, el Estado simplemente renunció a los recursos que puede y debe recibir. Así, el Estado perdonó y sin explicarlo a la sociedad. Otorgó un beneficio que hasta el momento no ha explicado y que resulta injusto e indignante.

Porque persisten las escuelas públicas con malas instalaciones y maestros ausentes. Los policías mal pagados y mal entrenados. La infraestructura exigua y de mala calidad. Todo ello, producto de impuestos insuficientemente recaudados o inexplicablemente perdonados. La condonación se ha vuelto equivalente a la premiación. El Estado usa esta política de manera discrecional para beneficiar a quienes ya poseen más recursos. Con condonaciones a modo, mediante reglas y normas diseñadas de manera específica para ayudar a ciertos sectores. Pero la “normatividad vigente” se ha vuelto una manera de justificar lo injustificable y mantener la opacidad de condonaciones protegidas por el secreto fiscal.

Y a pesar de que la Suprema Corte dictaminó que el SAT no tiene la facultad para reservar toda la información de manera genérica y automática, la autoridad fiscal sigue ocultándola. Sigue negándola. Sigue defendiendo el secreto fiscal mediante múltiples vías. Sigue ignorando el hecho de que las resoluciones del INAI exigiendo información son vinculantes y obligatorias. El SAT se escuda con formalismos ante los requerimientos de la sociedad civil con derecho a saber. Porque hoy es imposible saber si el SAT está cumpliendo correctamente con su atribución de recaudar eficientemente y evitar la elusión y la evasión fiscal. Hoy es imposible saber si el SAT ha investigado a los involucrados en los Panama Papers. Aún queda mucho por indagar, investigar, transparentar.

Gracias a los esfuerzos titánicos de Fundar sabemos los nombres de quienes fueron perdonados en el último año, pero no sabemos por qué. No sabemos los motivos particulares que tuvo la autoridad para autorizar la condonación. No sabemos si las decisiones se atuvieron a la legalidad. La obligación de la SHCP de dar a conocer las reglas de carácter general que son aplicadas para cancelar créditos fiscales fue eliminada en la reforma hacendaria de 2013. Eso permite y perpetúa la discrecionalidad. Eso vuelve la batalla por la transparencia –en el caso de la condonación y cancelación de créditos fiscales– todavía más urgente. El reporte de Fundar se basa en información obtenida a partir de julio de 2015, pero lo ocurrido antes de esa fecha sigue siendo un misterio. Un hoyo negro.

Algunos contribuyentes –tanto personas físicas como morales– acumularon adeudos inmensos con el SAT, a los cuales el Estado rescató. Los criterios y las razones siguen siendo desconocidos, pero urge conocerlos por lo que está pasando en el país. El incremento de la deuda pública, el recorte dramático al gasto en numerosos sectores, la ausencia de presupuesto para hacer viable el Sistema Nacional Anticorrupción, la falta de recursos para instrumentar a fondo el nuevo sistema de justicia penal. Recortes en programas prioritarios, acompañados de condonaciones injustificables. Recursos disminuidos debido a recursos no recaudados. Un Estado que no logra reescribir el pacto fiscal para que sea eficiente, justo y transparente. Un Estado que al perdonar impuestos como lo hace incita a aquello que describiera Pierre Corneille: “Aquel que perdona fácilmente invita a la ofensa”. Y por ello la ofensa reiterativa en México de perdonar lo imperdonable, una y otra vez.

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