CHILPANCINGO. Gro. (apro).- En medio de la opacidad, el gobierno de Héctor Astudillo Flores construye un proyecto denominado Panteón estatal forense al poniente de esta capital donde autoridades ministeriales y de salud anunciaron que van a depositar al menos 400 cadáveres que permanecen sin identificar en las unidades del Servicio Médico Forense (Semefo), de Iguala, Acapulco y Chilpancingo. Incluso, ayer los titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez y de la Secretaría de Salud (Ssa), Carlos de la Peña Pintos visitaron la zona donde se realiza la fosa común, ubicada en el predio denominado Texcalco del ejido La Ciénega, al poniente de esta capital. A través de un boletín, el gobierno estatal calificó el proyecto como “el primero en su tipo”, donde se van a alojar los restos de 400 personas que permanecen sin identificar en la entidad. Los restos humanos se encuentran en las instalaciones de las tres unidades del Semefo que existen en la entidad: Acapulco, Iguala y Chilpancingo. El gobierno de Astudillo, no informa sobre la inversión del proyecto del Panteón estatal forense, así como el proceso de adjudicación de contrato y la empresa que ejecuta la obra, situación que exhibe la falta de transparencia en el uso de recursos públicos que ha caracterizado esta administración, similar a la de sus antecesores. El boletín sólo refiere que la Coordinación de Servicios Periciales de la FGE, en coordinación con los directivos del Semefo, realizan los expedientes de cada uno de los cuerpos para su identificación y entrega a los familiares mediante coincidencias de ADN. Sobre el proyecto de la fosa común, se indica que está contemplada la construcción de cuatro niveles con un total de 80 gavetas por módulos; espacios destinados a vialidades y circulación peatonal; así como caseta de vigilancia y cercado perimetral delimitando el área del lugar. No obstante, las autoridades estatales no explican el motivo de la falta de identificación de los 400 cuerpos que permanecen almacenados en las unidades del Semefo; ni la mecánica de los hechos para conocer la causa de muerte y el contexto, es decir, si se trata de cadáveres encontrados en fosas clandestinas o en otros sitios. Mucho menos se especifica la temporalidad de la acumulación de cuerpos en el Semefo, sobre todo porque después del caso Ayotzinapa, familias enteras han salido a buscar en los cerros de diversos puntos de la entidad, a cientos de personas desaparecidas. A principios de agosto, familiares de desaparecidos dieron a conocer que de 2006 a la fecha han registrado un promedio de 500 denuncias formales por desaparición de personas en la entidad, y denunciaron que el gobierno federal y estatal pretenden “invisibilizar” la grave crisis de derechos humanos y dejar impunes los crímenes. Además, estimaron que la cifra de desaparecidos en la entidad es superior a los casos denunciados formalmente, ante la desconfianza en las autoridades y el temor de los familiares de las víctimas. El único antecedente público de una fosa común que se tiene registrado es el caso de los más de 50 cuerpos encontrados en 2010 en una boca mina de Taxco y que fueron inhumados dos años después en el panteón municipal de esta capital. El 14 de junio, Apro publicó la nota Radiografía del horror en Guerrero donde se indica que en los últimos ocho años han sido exhumados 298 cuerpos y restos óseos de 113 fosas clandestinas en diferentes regiones de la entidad. De acuerdo con un reporte oficial de la FGE, obtenido por este reportero vía acceso a la información, el año con más registro de hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas fue 2014, fecha en que ocurrió la tragedia de Ayotzinapa, con 101 víctimas exhumadas, principalmente en las ciudades de Iguala, Acapulco, Chilpancingo y Chilapa. Luego destaca el año 2010, con 68 personas exhumadas. En ese entonces se localizó el tiradero de cadáveres en la mina de San Francisco Cuadra, en Taxco de Alarcón, donde las autoridades ministeriales informaron oficialmente sobre la exhumación de 64 cuerpos, de los que únicamente ocho fueron identificados y el resto fueron depositados en una fosa común en la ciudad de Chilpancingo. En 2015, las autoridades ministeriales reportaron 31 cadáveres exhumados y en los primeros seis meses de este año suman 14 cuerpos de cuatro fosas, ocho de ellos identificados y seis sin identificar. Es decir, de 2009 a lo que va de este año, un promedio anual de 37 personas fueron ejecutadas y localizadas en ciudades como Acapulco, Taxco, Chilpancingo y Chilapa sin que exista registro preciso de zonas rurales, que representa la mayoría del territorio guerrerense. Desde hace décadas familias completas han decidido salir a buscar a sus desaparecidos, en medio de un contexto de impunidad y violencia, impulsadas por la nula investigación que refleja la indolencia gubernamental frente a este fenómeno que padecen los guerrerenses desde los sesenta, pero que se visibilizó en todo el mundo tras el caso Ayotzinapa.