BOGOTÁ (apro).- El rechazo a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el plebiscito realizado el domingo 2 en Colombia fue tan inesperado que el expresidente Álvaro Uribe, líder de la campaña del “No” a lo negociado con esa guerrilla, tardó más de tres horas en armar un discurso de victoria, porque ni siquiera él había previsto que esa opción se impondría en las urnas. Hace apenas unos días, el exmandatario y actual senador había dicho que era “muy probable” que el “Sí” a los acuerdos obtuviera el triunfo. Y es que, con excepción de una encuesta de hace dos meses, todos los sondeos vaticinaban que los colombianos refrendarían los acuerdos de paz con las FARC con entre 55% y 66% de los votos. La realidad es que el “No” ganó. Lo hizo en forma muy ajustada –por una diferencia de apenas 0.43 puntos porcentuales--, pero ese resultado es suficiente para dejar sin ninguna validez legal los acuerdos de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos negoció durante tres años y nueve meses con las FARC. Apenas el lunes pasado, Santos y el comandante en jefe de esa guerrilla, Timoleón Jiménez, "Timochenko", habían firmado en Cartagena esos acuerdos ante 13 presidentes latinoamericanos; el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, y los cancilleres de 27 países. Todos ellos, como el resto del mundo, se deben estar preguntando qué pasó el domingo en Colombia y qué es lo que lleva a un país a decir “No” a un pacto para poner fin a un conflicto armado de 52 años, y para posibilitar que la guerrilla más poderosa del hemisferio se desarme y se transforme en un partido político legal. Para estas preguntas hay muchas respuestas: Desde el huracán Matthew, que desalentó con sus lluvias torrenciales la participación de los votantes de la costa caribeña colombiana –donde se registraba el más alto respaldo nacional al “Sí”--, hasta el discurso del miedo del expresidente Uribe, quien convenció al electorado más conservador y menos educado de que los acuerdos con las FARC eran la instauración del “castrochavismo” en Colombia. Uribe es el abanderado moderno de una ultraderecha que históricamente ha puesto barreras a las expectativas de desarrollo social y de participación política de los sectores más desfavorecidos de la sociedad colombiana. Con su estilo caudillista, de patrón de finca, el expresidente es el heredero ideológico de las elites económicas y políticas que en el siglo XX negaron toda posibilidad de una reforma agraria a los campesinos pobres y que, por el contrario, hicieron del despojo de tierras y de la violencia política para acallar los reclamos, prácticas comunes. Esa obstinación excluyente, que originó hace medio siglo el conflicto armado colombiano, es la que se impuso, por un estrechísimo margen, en el plebiscito del domingo, y acabó por invalidar los acuerdos de paz con las FARC. Un país dividido En el fondo, lo que hizo la mitad del país en las urnas es negarle a las FARC lo que cualquier proceso de paz en el mundo concede al adversario alzado en armas: la posibilidad de cambiar las balas por los votos. Es sintomático que las regiones que respaldaron el “Sí” son las más golpeadas por el conflicto armado. Por ejemplo, en Bojayá, un municipio donde en 2002 un enfrentamiento de las FARC con paramilitares produjo la muerte de 79 civiles en una iglesia cuando la guerrilla erró el blanco de sus cilindros bombas, 96% de votantes optaron por el “Sí” a los acuerdos de paz. En cambio en Medellín, la segunda ciudad de Colombia y la tierra del expresidente Uribe, el “No” se impuso con 63% de los sufragios. El argumento central de Uribe es que el acuerdo de paz es un “pacto de impunidad” con las FARC porque le concede penas alternativas –como trabajo comunitario– en lugar de cárcel a los jefes de esa guerrilla que cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado. La realidad es que la Corte Penal Internacional avaló el acuerdo, y sólo puso como condición que las sanciones que se impusieran a los autores de delitos graves se aplicaran de manera efectiva. Uribe, quien la década pasada negoció un acuerdo de paz con paramilitares de extrema derecha dedicados al narcotráfico y responsables de mil 666 masacres de civiles, también objetó que los jefes de las FARC tuvieran la posibilidad de participar en política. El exguerrillero y actual senador Antonio Navarro Wolff comentó la noche del domingo que si al M-19, grupo armado al que perteneció, le hubieran propuesto desmovilizarse para que sus integrantes fueran a la cárcel y no pudieran hacer política para defender sus ideas, jamás lo hubieran aceptado. Colombia amaneció este lunes en la más completa incertidumbre política, y aunque tanto el presidente Santos como las FARC reiteraron su voluntad de paz, no es claro si eso será suficiente para salvar los acuerdos y mantener el cese bilateral del fuego vigente desde junio pasado. Uribe dijo tras la victoria del “No” que está dispuesto a “un gran pacto nacional”. Pero ya puso condiciones: “correctivos” a los acuerdos en los puntos de justicia y participación política; austeridad presupuestal; no a la reforma fiscal que impulsa el gobierno para financiar lo negociados con las FARC; dar confianza a los inversionistas, y hasta “estimular los valores de la familia”. Es un planteamiento político-ideológico que va mucho más allá de las objeciones a los acuerdos de paz. No es un secreto que Uribe quiere volver a ser presidente de Colombia y que para ello necesita impulsar una reforma constitucional que se lo permita. Muchos políticos colombianos creen que la verdadera objeción del expresidente a los acuerdos de paz no es por los términos de lo negociado con las FARC, sino porque no fue él quien los pudo lograr. Hoy tiene la sartén por el mango para proponer que las diferencias del país se diriman en una Asamblea Constituyente que pueda dar una nueva vida a los acuerdos con las FARC, pero que al mismo tiempo le permita la reforma que necesita para volver a gobernar Colombia. Hace dos meses, el sacerdote jesuita y activista por la paz Francisco de Roux había advertido que los acuerdos de paz podían correr “una suerte análoga a la del Brexit”, el referendo de junio pasado mediante el cual los votantes británicos decidieron salir –inexplicablemente para el mundo– de la Unión Europea. De Roux hizo entonces una reflexión que resultó profética: “Subordinar el valor fundamental de la paz a una votación y a estas campañas (por el ‘Sí’ y por ‘No’), en las que juegan la sagacidad, las emociones y las confusiones, puede destruir entre los colombianos un proceso que ha conmovido al mundo”. El sacerdote, quien trabaja con las comunidades más golpeadas por el conflicto armado, tenía toda la razón. El plebiscito para refrendar los acuerdos de paz corrió una suerte análoga al Brexit británico y acabaron triunfando los miedos infundados de la ultraderecha populista. La buena noticia es que la mitad del país no creyó esos cuentos y que eso obligará, cuando menos, a que se produzca un diálogo político entre los dos proyectos de país en disputa. Uno anclado en la exclusión y en el pasado, y el otro que apuesta por la inclusión, por terminar la guerra y por el futuro.