CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las autoridades del país deben reconocer la urgente necesidad de contar con un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos, que cuente con metodologías apropiadas para colocar a la dignidad humana en el eje central de la formulación, discusión, aprobación, ejercicio y evaluación del gasto federal. Así lo señaló el presidente nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, en la ceremonia inaugural del “Seminario sobre Presupuesto y Derechos Humanos” que organizaron la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El ombudsman nacional se pronunció porque la reducción presupuestal no afecte a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, mujeres, migrantes, poblaciones desplazadas y adultos mayores, entre otros. Enfatizó que de acuerdo con el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, los ajustes económicos no deben implicar un menor respeto de los derechos humanos. Llevados cuidadosamente y sobre las bases adecuadas pueden crear condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico y la protección de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, apuntó. “Y si bien en México se han realizado esfuerzos por incorporar la perspectiva de derechos humanos en la formulación, discusión, aprobación, ejercicio y evaluación de los presupuestos públicos, a la fecha no existe un ejercicio de análisis que identifique, a partir de la experiencia nacional, las áreas a través de las que el presupuesto público federal pueda mejorar la protección de los derechos humanos”, destacó. Subrayó que los derechos humanos de carácter económico, social, cultural y ambiental requieren para su satisfacción progresiva de la aplicación de recursos económicos. “Es insoslayable que el cumplimiento de los deberes de respeto, protección y garantía de los derechos humanos se encuentra directamente vinculado con los recursos económicos del país y la manera en cómo éstos se programan, distribuyen, ejercen y evalúan. Es el caso, por ejemplo, del acceso a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua potable y al saneamiento, a la atención de la salud, a la educación y al disfrute de un medio ambiente sano”, recalcó. De acuerdo con González Pérez, el derecho a la salud no puede concretarse sin un sistema de protección que cuente con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios hospitalarios. Además, dijo, resultaría complicado asegurar el goce del derecho a la vivienda digna o el acceso al agua potable y al saneamiento, sin la infraestructura y los recursos apropiados. Dicha problemática –añadió– se refleja claramente en las estadísticas, como es el caso del aumento del número de personas en situación de pobreza, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2012 y 2014 pasó de 53.3 a 55.3 millones, lo que significa que la mitad de la población en el país enfrenta alguna carencia en el acceso a servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos o alimentación, e incluso es desfavorecida por el rezago educativo. El presidente de la CNDH recordó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), del que México es parte, señala que los países deben demostrar el avance progresivo, cuantitativo y cualitativo de cumplimiento a los derechos humanos, considerando que su realización representa un ejercicio constante del uso eficiente de los recursos financieros y humanos. De igual manera, hizo referencia al convenio firmado en junio pasado entre la CNDH y la UNAM para realizar un estudio sobre la vinculación entre las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y la asignación-ejecución del gasto público federal. En su oportunidad, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, destacó que hay muchos problemas sociales acumulados que se han agravado a lo largo de los años por los recortes presupuestales en sectores clave como la salud y la educación. Subrayó la necesidad de pensar en el gran desperdicio del bono demográfico en términos de capital humano, que implicaría no llevar a cabo las inversiones que se requieren en educación. Y en materia de salud, agregó, “nos enfrentamos a una problemática que se irá agravando en la medida que el bono demográfico vaya desapareciendo y comencemos a transitar a un país donde habrá cada vez más adultos mayores que requerirán de más servicios de salud a mayor costo”.