CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 1992 participé en uno de los viajes que organiza el ministerio de Exteriores de Alemania para dar a conocer a periodistas de todo el mundo las bondades de su actual régimen de gobierno. Tres años antes había caído el Muro de Berlín y hacia uno y medio que se había derrumbado la Unión Soviética, arrastrando consigo a todos los países del bloque socialista europeo. Ya se agitaba también la guerra en los Balcanes. La reunificación de las dos Alemanias emprendida por el canciller Helmut Kohl mostraba las profundas diferencias que casi medio siglo de separación había marcado entre el Este y el Oeste. Los roces eran constantes, porque los habitantes de la parte oriental reincorporada se sentían tratados como ciudadanos de segunda. A ello se sumaba el creciente flujo de migrantes del resto de los países centroeuropeos. Pronto empezaron a aflorar expresiones xenófobas y neonazis. Las tensiones habían estallado poco antes de aquella visita, cuando en agosto de 1992 una turba de jóvenes extremistas de la oriental ciudad de Rostock incendió un edificio donde se concentraban refugiados de varias nacionalidades, sin que los vecinos hicieran nada para evitarlo; muchos, incluso, aplaudieron. Milagrosamente no murió nadie. Preocupados por la imagen que el episodio dejó a nivel internacional, nuestros anfitriones nos llevaron a esa zona para evidenciar que era un acto aislado y no la regla. De hecho, el tema de los migrantes fue uno de los principales y visitamos varios centros de acogida tanto en la parte oriental como occidental. Pero estaban desbordados y en las calles ya se notaba esa presencia foránea. Inclusive habían surgido fenómenos casi desconocidos, como la mendicidad. Y los alemanes empezaban a mirar con recelo a los forasteros. Levantada la “cortina de hierro”, a partir de 1990 primero decenas y luego cientos de miles de polacos, húngaros, checos, búlgaros y rumanos empezaron a internarse, legal o ilegalmente, en la naciones del occidente europeo en busca de una vida mejor. Luego se sumaron los prófugos de la guerra que desintegró Yugoslavia, primero en Croacia y luego en Serbia y Bosnia-Herzegovina. Según las estadísticas, entre 1990 y 1994 desde el Este hubo un éxodo de aproximadamente medio millón de personas por año, 500 mil de las cuales se quedaron en Alemania. En total, se calcula que entre 1990 y 2000 la Unión Europea recibió algo más de 2 millones de solicitudes de asilo de ciudadanos provenientes del antiguo Bloque Socialista y, con diferente condición migratoria, toda Europa Occidental acogió en esos años a 26.3 millones de migrantes, casi un tercio de ellos originarios de esa zona. Con la primera (2004) y segunda (2007) ampliación de la Unión Europea (UE) hacia el Este, que otorgó a sus habitantes la libre movilidad dentro del llamado espacio de Schengen, el flujo migratorio se estabilizó, pero no cesó. Los países del antiguo bloque soviético se vieron además cada vez más inmersos en el crimen organizado trasnacional, es decir, en el tráfico de armas, drogas y personas, estas últimas tanto con fines de migración ilegal como de explotación laboral y sexual. Paralelamente, con los ajustes geopolíticos derivados de los atentados de 2001 en Estados Unidos, el perfil de las migraciones masivas hacia Europa empezó a cambiar. Descontando los turcos y la mano de obra africana, que desde hace decenios se han desplazado al occidente europeo, ahora empezaron a fluir en abundancia los que huían de las guerras en Afganistán e Irak, las convulsiones producidas por la “primavera árabe” en el Norte de África y Medio Oriente, el ascenso del yihadismo en el mundo musulmán y, sobre todo, el cruento y largo conflicto en Siria. La situación hizo crisis a mediados de 2015 cuando, por tierra desde el este y por mar desde el sur, Europa se vio asediada por una ola irrefrenable de fugitivos de todas estas zonas donde la violencia y la miseria son el pan de cada día. Y aunque casi todos aspiraban a llegar a las naciones europeas más ricas en el Oeste, la mayoría quedó primero atrapada en los países costeros del Mediterráneo y los fronterizos de la Europa de Este. Pero resulta que estos países que expulsaron a tantos de sus conciudadanos durante sus propias crisis, ahora no querían lidiar con los recién llegados. Las imágenes de aglomeraciones humanas detrás de vallas alambradas, la represión policial con perros y gases lacrimógenos, las caravanas de familias enteras avanzando entre lodazales bajo la lluvia, todas tomadas indistintamente en los pasos fronterizos de Croacia, Serbia, Rumania, Hungría, Polonia, Eslovaquia o la República Checa indignaron a los organismos ínternacionales encargados de los migrantes y a la opinión pública mundial. Pero los gobiernos de estos países, después de despejar el embudo humano mediante derivaciones o deportaciones, dejaron muy en claro que no iban a participar en el reparto de cuotas obligatorias de refugiados en su territorio, tal y como lo planteó la Comisión Europea. Y tampoco iban a pagar las multas por no hacerlo. Reunidos en Bruselas los gobiernos de la UE el 22 de septiembre pasado, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Rumania se manifestaron en este sentido, a pesar de que las cuotas de refugiados que debían acoger oscilaban escasamente entre los 600 y los 2 mil 800. En total se pretende reubicar a unos 120 mil solicitantes de asilo que se encuentran en campamentos provisionales. Hasta ahora, ni uno solo ha sido reubicado. Con gobiernos populistas cada vez más conservadores, los países del Este de Europa han rechazado varias iniciativas de sus colegas occidentales en el seno de la UE. Entre ellas sus políticas climática y energética, y la pretensión de crear un mercado digital común. También se han manifestado –y actuado en consecuencia– en contra de los derechos de la comunidad LGTBI, las uniones civiles del mismo sexo y el acceso libre al aborto. Y su discriminación hacia las minorías, como los gitanos, ya les ha valido llamadas de atención por parte de las instituciones comunitarias. Pero lo que más ha sacado a flote su vocación aislacionista y xenófoba ha sido la crisis de los refugiados. Según reporta la enviada de El País a estas naciones del Este, María R. Sahuquillo, en aras de la seguridad y de una presunta homogeneidad de sus sociedades, políticos y gobernantes tienden a criminalizar la inmigración. Así, por ejemplo, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, sugiere que los actuales migrantes “ponen en peligro la cultura cristiana europea”; el líder del gobernante partido Ley y Justicia en Polonia, Jaroslaw Kaczynski, afirma que “traen infecciones contra las que no están inmunizados los europeos”; el presidente eslovaco, Milos Zeman, asegura que “los musulmanes son prácticamente imposibles de integrar”, y el primer ministro checo, Robert Fico, dijo que su país “sólo acogerá refugiados católicos”. Aunque varios otros dirigentes de la zona comparten sus posturas, estos cuatro son los que llevan la voz cantante. Integrantes del llamado Grupo de Visegrado o V4, Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa se unieron desde 1991 para promover su ingreso a la UE, lo cual ocurrió hasta 2004. Pero ahora que son miembros de pleno derecho, buscan impulsar su propia agenda aun en contra de la mayoría. El más vociferante ha sido Viktor Orban, de Hungría, a quien medio en broma, medio en serio, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, calificó una vez de “Viktator”, porque se ha hecho de poderes omnímodos dentro su propio país y desconoce unilateralmente muchas de las normativas comunitarias y aun internacionales. El último desafío de Orban fue convocar a un referendum el pasado 2 de octubre que preguntaba: “¿Quiere que la UE pueda decidir, sin el consentimiento del Parlamento, sobre el asentamiento obligatorio de ciudadanos no húngaros en Hungría?” El voto por el “no” fue incentivado asociando a los inmigrantes con el terrorismo, el crimen, los asaltos sexuales, las enfermedades y el robo de fuentes de trabajo. Al final, la consulta no fue válida porque votó menos de 50% del padrón electoral. Eso sí, más de 98% de quienes votaron optó por el “no”. Para Orban fue suficiente como mensaje político, mismo que llevará este sábado 8 a Luxemburgo, donde volverán a reunirse los ministros de la UE para abordar el asunto de las cuotas. No se espera ningún cambio sustancial.