Tanto la justicia estadunidense como la española procesan al mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano El Mono Muñoz, quien –de acuerdo con las investigaciones judiciales– realizaba gestiones para varios cárteles en Europa y ha estado estrechamente vinculado a los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira. Y no es el único testimonio contra esos priistas: otros testigos protegidos, llamadas intervenidas e indagatorias señalan que en dichos sexenios el crimen organizado gozó de libertad y protección en Coahuila. MADRID (Proceso).- El gobierno de España autorizó que fiscales estadunidenses interroguen al mexicano Juan Manuel Munoz Luévano El Mono Muñoz, cuya extradición aún está por resolverse en este país. El empresario oriundo de Matamoros, Tamaulipas, enfrenta seis acusaciones ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, cuatro de ellas por conspirar para poseer y distribuir cocaína en Estados Unidos, una más por posesión de armas de fuego y la última por transacciones financieras ilícitas producto del tráfico de drogas, según la causa SA15CR0024. Por esos delitos podría hacerse acreedor a cuatro cadenas perpetuas y a otras dos penas por 20 años, explica una fuente de la investigación que, paralelamente, se le sigue en España por blanqueo de capitales y pertenencia a Los Zetas, en la causa 25/2014 abierta en la Audiencia Nacional, que antes llevó a prisión al exdirigente nacional del PRI Humberto Moreira. Tanto en el proceso estadunidense como en la causa española contra El Mono Muñoz van surgiendo nuevos elementos de la participación de las autoridades del gobierno de Coahuila con el crimen organizado, desde la gestión de Humberto Moreira (2005-2011) hasta la actual de su hermano, Rubén. Y, aun cuando en España la causa judicial contra Humberto Moreira quedó sobreseída, en Estados Unidos el caso en su contra lleva un mayor recorrido. El 17 de julio pasado se confirmó que la corte texana lo investiga por blanqueo de capitales. Por ello los fiscales del caso rastrean documentos para confirmar las transacciones financieras ilícitas, lo que podría considerarse la última etapa de la investigación, aseveró una fuente relacionada con la Corte texana al periodista de Proceso Juan Alberto Cedillo. La información publicada en julio pasado en el sitio web de este semanario señala que debido a que el exlíder nacional del PRI tuvo una relación cercana con el presidente Enrique Peña Nieto, “los fiscales ya consultaron con Washington el caso”, según la misma fuente que habló bajo condición de no revelar su nombre. Uno de los principales testigos contra Humberto Moreira es el empresario de medios de Monclova Rolando González Treviño, quien en marzo pasado se declaró culpable de hacer operaciones de blanqueo con la compra de estaciones de radio y televisión en Estados Unidos con dinero robado a las arcas de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira. Aceptó su culpabilidad a cambio de un pacto con los fiscales federales estadunidenses para dar su testimonio contra ese exgobernador. A cambio recibió como condena cinco años de libertad condicional. Declaró que el 25 de febrero de 2009 se reunió con el entonces gobernador de Coahuila en el lujoso club de golf Sonterra, en Texas, junto con Javier Villarreal y Jorge Torres (entonces tesorero y secretario de Desarrollo Social del gobierno, respectivamente), entre otros. Entre todos acordaron blanquear el dinero mediante la adquisición de estaciones de radio y televisión en aquel país. A raíz de esa junta, los dos funcionarios citados realizaron transferencias a través del banco J.P. Morgan de la ciudad fronteriza de Brownswille, Texas, y en operaciones offshore. “Torres y Villarreal abrieron esas cuentas después de una primera reunión con banqueros de J.P. Morgan Chase en México, donde discutieron la apertura de múltiples cuentas en las Bermudas”, precisa el documento de la Corte 2:13-CV-294, del cual Proceso tiene copia. Rodrigo Humberto Uribe Tapia, hijo del exalcalde de Piedras Negras, Humberto Uribe Flores, es otro de los testigos que colaboran con los fiscales texanos. Él confesó en el juicio contra el narcotraficante Marciano Millán, en julio pasado, que fue intermediario de Los Zetas para entregar 4 millones de dólares a Vicente Chaires Yáñez, secretario particular del entonces gobernador Humberto Moreira, a cambio de protección para las actividades del grupo criminal. En el mismo juicio contra Millán –implicado en la matanza de Piedras Negras, Coahuila–, Adolfo Efrén Tavira –exempleado de Televisa en Piedras Negras y quien devino traficante de drogas y armas– declaró que Los Zetas sobornaron con una camioneta Suburban repleta de maletas de dinero al gobernador Rubén Moreira, dio a conocer Proceso en su sitio de internet. Según su testimonio, las “contribuciones” se hicieron en 2012 en el rancho de “Beto Casas”, un jefe zeta en Piedras Negras: “Todos me dijeron que Beto Casas le dio una Suburban con un montón de maletas de dinero”, declaró ante el jurado. En dicho juicio en San Antonio, Texas, se describió que la ruptura del acuerdo entre el gobierno estatal –con Rubén Moreira– y Los Zetas se produjo por la muerte de Alejandro Treviño Chávez, un sobrino de Miguel Treviño Morales El Z-40, entonces el jefe máximo de la organización criminal, lo que produjo como reacción el asesinato de José Eduardo, el hijo de Humberto Moreira, en octubre de 2012, hecho ya citado por Proceso (edición 1875). El nombre del gobernador Rubén Moreira también aparece en las conversaciones telefónicas del Mono Muñoz en España, intervenidas por orden del juez de la Audiencia Nacional, según se desprende de un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, hecho público por la agencia de noticias EFE. En uno de los telefonemas, realizado en junio de 2014, afirma que Rubén Moreira se había puesto en contacto con él con el fin “de que le entregara una cantidad de dinero”. Muñoz Luévano le dice desde Madrid a su interlocutor, en México, que el gobernador de Coahuila “se ofrecía y que estaba preocupado” por sus negocios pero que “quería una lana. (…) Ya ves cómo le gusta la lana al güey”. Según el informe policiaco, El Mono Muñoz intentó amedrentar a Rubén Moreira “con informaciones reservadas que tiene en su poder”, acerca de las cuales la policía no profundiza, siempre de acuerdo con EFE. En otra charla, en noviembre de ese año, habla del procurador general de Coahuila, Homero Ramos Gloria, quien quería ponerse a las órdenes del Mono Muñoz. “El procu, Homero, que quiere hablar”, señala. El gobierno de Coahuila negó los víncu­los de Rubén Moreira con el Mono Muñoz. Mediante un comunicado, señaló que “ni el Ejecutivo del estado ni el procurador han tenido tratos con la persona señalada en las notas. El texto es inverosímil y se rechaza contundentemente”. En el diálogo aludido, el investigado también se refiere al “(procurador) de Nuevo León”, algo que la policía interpreta como una referencia al exprocurador neoleonés Adrián Emilio de la Garza, hoy alcalde de Monterrey. Las actuaciones judiciales en ambos países coinciden con los cateos que en Saltillo, Coahuila, llevó a cabo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la PGR y la Marina, una de éstas en la vivienda de un socio del Mono Muñoz en el negocio de las gasolineras, Gerardo Garza Melo, un político priista que hasta hace unos meses fungió como secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial en el gobierno de Rubén Moreira. “Mátala” Muñoz Luévano, presunta cabeza de una organización que distribuía drogas en España y otros países de Europa, fue detenido el 18 de marzo en su vivienda en el barrio residencial Las Tablas, en Alcobendas, Madrid. Además de capturarlo, los agentes de la UDEF registraron su vivienda por orden de la Fiscalía Anticorrupción y del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La fuente consultada en España asegura que se le aseguraron tres teléfonos Blackberry con dispositivos de encriptación. Los aparatos fueron sometidos a un “volcado” de datos para obtener nuevos elementos de prueba. Fue recluido en la misma prisión donde Moreira permaneció encarcelado una semana, en Soto del Real, muy cerca de Madrid. El juez Pedraz ratificó la prisión provisional sin fianza por el riesgo de fuga. Personal del consulado de México en Madrid lo visitó en la prisión el 21 de marzo. A los representantes diplomáticos les dijo que estaba bien de salud, había recibido buen trato y que no necesitaba de asistencia consular porque ya tenía un abogado, informó la embajada al reportero. Los fiscales anticorrupción José Grinda y José Rosa recibieron el informe de la UDEF el 16 de marzo pasado e iniciaron de inmediato las gestiones para la captura del Mono Muñoz, al descubrir que en una de las llamadas intervenidas que hacía desde España a su sobrino en México, le ordenaba matar a la mujer del Ministerio Público mexicano que colaboraba con la banda pero que falló en darle un pitazo. La conversación es del 4 de marzo pasado y en ella Muñoz Luévano es informado por su sobrino Salomón Ayup Muñoz, Monchis, acerca de una orden de aprehensión en contra de este último por el secuestro de una persona de otra facción de narcos en Matamoros. El sobrino trata de calmar al Mono Muñoz diciéndole que la mujer de la fiscalía “es camarada” y amiga de su “compadre” y que les había “ayudado mucho”. Sin embargo, Muñoz Luévano le replica que esa mujer no les había avisado y que por ello “debía matarla”. La policía interpreta esa conversación en el sentido de que Muñoz Luévano “da orden de acabar con la vida de una persona del Ministerio Público”. No obstante, la defensa del capo afirmó en un recurso judicial que su defendido se refería a una “orden judicial” cuando hablaba de “matarla”. En muchas otras llamadas intervenidas ordena a los miembros de su organización en México dar “acalambradas”, “chingas” o “tablazos” (un castigo de origen militar implantado por Los Zetas, cuyos miembros originales eran desertores de las fuerzas de élite del Ejército mexicano) a quienes tenían deudas con él y no le pagaban. En la mira de Estados Unidos El 31 de marzo pasado, Estados Unidos formalizó ante España la solicitud de extradición del empresario, a quien la fuente consultada considera una pieza de alto nivel en el trasiego de drogas a Europa y en el entramado de blanqueo de capitales de Los Zetas. Pero España aún no resuelve el proceso de extradición. “Está pendiente la audiencia (en el juzgado 1 de la Audiencia Nacional, ante el magistrado Santiago Pedraz) donde se tendrá que resolver esa petición de Estados Unidos”, explicó la fuente consultada. Posteriormente, el caso tendría que pasar al Ministerio de Justicia y, en caso de darle el visto bueno, elevarlo a aprobación del Consejo de Ministros. Aunque el informe de la UDEF revela que Muñoz lideraba en España “una red criminal que introducía cocaína desde Sudamérica a través del puerto de Valencia” y era “supervisor” en Europa de las operaciones de varios cárteles, hasta hoy la fiscalía está centrada en probar el delito de lavado. La misma fuente cercana a la indagatoria explica que la Fiscalía Anticorrupción analizará con los agentes de la UDEF si de las intervenciones telefónicas y demás pruebas pueden acreditar el delito de narcotráfico, que sería suplementario, porque el hecho es que las autoridades españolas no han asegurado ningún cargamento de droga del Mono Muñoz. Del informe policiaco se desprende que Muñoz Luévano era la cabeza de una organización cuyas redes se extendían hasta Holanda y trabajaba con Los Zetas y los cárteles de Sinaloa, del Golfo y de los Beltrán Leyva. En Holanda colaboraba con el mexicano José Antonio Guzmán Retes, conocido como El Gallo, investigado en ese país por tráfico de cocaína. Asimismo, movía las ganancias producto de la venta de la droga hacia Sudamérica, de acuerdo con las conversaciones intervenidas. En una de ellas, una mujer le informa que han detenido en Venezuela a dos pilotos que trabajan como transportistas para la organización y le comenta su temor de que les preguntaran “quién les pagaba” o que dijeran que se trataba de “lavado”, según la información de EFE. El capo le recomienda a la mujer que desaparezca una temporada y desconecte sus celulares, y la tranquiliza explicándole que él tiene “adentro” a un “primo” que le dice “de todo”. La fuente consultada explica que los investigadores tienen identificadas algunas empresas del Mono Muñoz en España, registradas con prestanombres. Incluso, del informe policiaco se desprende que hizo dos inversiones por cerca de 1 millón de euros en un restaurante y en un local, para los que creó cinco sociedades con prestanombres. Una búsqueda en el Registro Mercantil de España arroja que el empresario mexicano tiene un registro a su nombre en la empresa Monarch Trading SL, constituida en 2004, dedicada a la representación de marcas textiles, calzado, transformación de prendas de vestir y calzado y complementos, para su importación y exportación. Proceso publicó en enero de 2013 que en una serie de narcomantas que aparecieron en Torreón, en La Laguna, se acusaba al Mono Muñoz de utilizar su red de gasolineras para vender el combustible robado por Los Zetas.