En el país, uno de los experimentos empresariales más exitosos de los últimos años se vivió en Guanajuato, con la fundación de un corredor industrial enfocado en el sector automotriz. Pero el desarrollo, que mueve miles de millones de dólares, está amenazado por el robo a los trenes y de hidrocarburos. De hecho, han surgido comunidades enteras que sobreviven gracias a estos hurtos. El problema ha resquebrajado, además, la relación entre empresarios y gobierno, y ha fomentado otros conflictos sociales. GUANAJUATO, Gto. (Proceso).- La llegada al estado de mil efectivos del Ejército Mexicano y refuerzos de la Gendarmería –con la orden de inhibir y combatir los asaltos al tren y la “ordeña” de ductos– confirma que ambos ilícitos alcanzaron niveles alarmantes y exhibe los problemas de coordinación en materia de seguridad. La preocupación del sector empresarial, particularmente de las trasnacionales automovilísticas, ha sido ya expresada en las reuniones periódicas que para revisar los asuntos de seguridad se realizan en la Embajada de Estados Unidos en México. Además, se han multiplicado los jaloneos entre las autoridades y los consorcios ferroviarios por los robos de mercancías de toda índole, que se cometen a plena luz del día en zonas urbanas y comunidades de Pénjamo, Celaya, Apaseo el Alto, Salamanca, Irapuato, Silao y León, sobre todo. La pugna se desató después de que directivos de Ferrocarril Mexicano (Ferromex) señalaran directamente a las autoridades estatales de “indolentes” a la hora de atender la problemática. El procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, reviró asegurando que el personal y los guardias de seguridad de las concesionarias están coludidos con el crimen. Paralelamente, remarcó que es la Federación la que tiene competencia legal para conocer de este delito. Sin embargo, se contradijo: “Nunca hemos dejado de combatirlo”, y apuntó que gracias a operativos mixtos se han realizado 240 cateos por asaltos al tren, además de otros 400 cateos por hurto de hidrocarburos. Uno de los más recientes, realizado los últimos días de septiembre, derivó del robo a una empresa de Celaya de 20 toneladas de arrabio, un subproducto de la fundición del hierro. Cada tonelada cuesta 500 mil dólares, y el material fue recuperado en la misma ciudad. Como sea, hombres de negocios de distintos sectores (como el automotriz) le han recordado al gobernador Miguel Márquez Márquez y al secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, los riesgos que en materia de competitividad representan los golpes de la delincuencia, que no se limitan al hurto: por ejemplo, sólo de enero a agosto se perpetraron 700 homicidios dolosos en la entidad. Los meses recientes, de hecho, han quedado marcados por niveles de virulencia nunca antes vividos en el estado, como el primer “levantón” masivo: siete personas fueron secuestradas de un taller mecánico en la comunidad de Cerro Gordo, en Salamanca, el 19 de agosto. Un mes después, el 15 de septiembre, tres policías municipales de Apaseo el Alto detuvieron a tres celayenses que presuntamente cometían un robo en un restaurante ubicado sobre la carretera Panamericana, a la altura de la comunidad San José Agua Azul. Los subieron a una patrulla pero nunca los presentaron ante autoridad alguna, como tampoco la camioneta en la que viajaban con un cuarto ocupante que logró escapar y dio aviso a los familiares. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2084 de la revista Proceso, ya en circulación.