CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La procuradora general de la República, Arely Gómez, afirmó que el expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue abierto y “se siguen concentrando todos los esfuerzos para esclarecer los sucesos” del 26 y 27 de septiembre de 2014, además de que se ha profundizado en el “rastreo” de llamadas entrantes y salientes de “más de 3 mil 220 números telefónicos”. Entre esos números se encuentran los de los normalistas desaparecidos, los de diversas autoridades municipales e integrantes del cuerpo de seguridad pública. “De hecho, se hizo una solicitud a las compañías telefónicas para que no fueran a borrar ninguno de éstos, porque ellos cada dos años borran y estamos en esto”, abundó. Durante su comparecencia ante el Senado de la República, Gómez expresó su confianza en que este rastreo de llamadas dé resultados ministeriales pronto, y presumió que se ha cumplido con “93% de las 940 peticiones” realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pero no especificó cuáles hacen falta. “¿Por qué no se han cumplido? Porque hay alguna que está en la NASA, otra en el FBI, otra en el Departamento de Justicia. Y todo esto toma tiempo, pero las cumpliremos antes de que termine el año”, se comprometió Gómez al responder al senador David Monreal, del PT. Sobre las últimas 20 recomendaciones, incluyendo el segundo informe del GIEI, la procuradora afirmó que “todas se están trabajando” y “todas se van a cumplir”. Entre las acciones relevantes está la de seguir la línea de investigación sobre la policía municipal de Huitzuco. Han declarado 70 policías municipales y “se están indagando otros aspectos para verificar si hubo alguna intervención de ellos”. En relación con la línea de investigación sobre El Caminante, como posible autor intelectual de los hechos ocurridos en Iguala, la procuradora afirmó que “estamos investigando la identidad de él, y este sujeto ya tenemos hoy que tuvo contacto con 11 policías de Iguala”. Sobre las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Gómez indicó que fueron aceptadas y se atienden en coordinación con esta institución. Para el rastreo de llamadas, aseguró que se utilizan tecnologías “de última generación”, como es el sistema LIDAR para que, en compañía de los representantes legales y forenses de los padres, se ubiquen posibles lugares en donde puedan localizar fosas clandestinas. Gómez insistió a lo largo de su comparecencia que se realizan “acciones concretas” para proteger derechos humanos y abandonar prácticas que transgreden la ley. En el tema del arraigo, la procuradora informó que esta medida se redujo en 98% y que el número de testigos protegidos disminuyó en 94%. Sobre los indicios de corrupción en la propia PGR, Gómez indicó que durante su periodo (1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016) se consignaron 156 averiguaciones previas por la comisión de presuntos delitos y se ejerció acción penal contra 209 personas. Presumió que al 18 de junio pasado se alcanzó “el 100% de implementación del nuevo sistema de justicia penal”. Durante el debate con los senadores, la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del PAN, cuestionó a la funcionaria sobre las fosas clandestinas encontradas en Coahuila, con 3 mil 147 restos humanos, aparentemente enterrados por el crimen organizado. La senadora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, señaló como un acierto que Tomás Zerón saliera de la PGR porque es el artífice de “el gran error de la PGR de querer tergiversar lo que aconteció en Ayotzinapa y contra los 43 estudiantes”. De la Peña preguntó también sobre los casos de Tanhuato, Tlatlaya, Nochixtlán, San Fernando, así como las recientes fosas clandestinas halladas en Coahuila. Cuestionada por la senadora Martha Tagle sobre los expedientes de los crímenes contra periodistas, Arely Gómez afirmó que la Fiscalía Especial de la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión contaba con 220 averiguaciones previas sin resolver y que las mismas se han ido presentando ante el juez. “El hecho de que tengamos tan pocas consignaciones, también implica toda la normatividad que existe en el proceso penal y en el proceso a cuando uno ya presenta ante el juez la consignación”, explicó la procuradora. Afirmó que la fiscalía especial ha incrementado en 26% el ejercicio de la acción penal y comentó que en los casos de homicidios a periodistas en Veracruz, “no todos los casos nos llegan a la Federación”.