CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cada vez son más los priistas que sutilmente toman distancia y cuestionan al gobernador de Veracruz, Javier Darte, quien concluirá su mandato el próximo 30 de noviembre. Es el caso de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien ante la ola de desapariciones en la entidad, aseguró que “el Estado es quien debe ejercer la violencia legal”. Cuestionado sobre los jóvenes que en los últimos días aparecieron muertos en el estado –cuatro de la Universidad Veracruzana y seis de Tabasco–, el vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados puntualizó: “Independientemente de que se trate de personas ligadas a grupos delincuenciales (o no), lo que quisiéramos es que tuvieran un proceso legal, no que aparecieran muertos o que fueran levantados o que estuvieran sujetos junto con los que no tienen nada que ver con cuestiones ilegales o que estuvieran en la tensión de vivir en medio de la violencia. La erradicación de la violencia en Veracruz no debe distinguir a delincuentes o inocentes, debe ser para todos, no debe de haber violencia”. Añadió: “El estado de derecho es el que debe prevalecer, y es el Estado el que tiene que ejercer la violencia legal, es decir, no levantar, sino detener a los que son culpables de algún delito, y no aparecer maniatados y muertos, sino ser sujetos a un juicio, como estamos obligados en un país civilizado”. El priista, quien hace dos semanas dijo que en cuanto llegara a la Cámara de Diputados la petición de la Procuraduría General de la República, demandando el desafuero de Javier Duarte para investigarlo por el cargo de enriquecimiento ilícito, se atendería de inmediato, sugirió “establecer un mecanismo en el que efectivamente pueda verificar el gobierno federal que hay un cumplimiento a las disposiciones que está tomando”. Y es que el gobierno federal, dijo, sí está trabajando “muy de cerca en todo el tema Veracruz, no sólo con la presencia de fuerzas federales”, sino que ha hecho “esfuerzos extraordinarios cuando se han presentado casos todavía más graves, que en Veracruz han sido bastantes”. Consideró que el mecanismo es indispensable porque “el gobierno federal puede tener la ocasión de revisar exactamente qué está fallando, quiénes están fallando, dónde necesitamos insistir más, y yo creo que de alguna manera se ha pensado en este mecanismo junto con las autoridades veracruzanas, pero siempre se ha trabajado buscando la seguridad de la población”. A su vez, el panista y presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Javier Bolaños Aguilar, destacó que las desapariciones y ejecuciones en Veracruz se siguen con atención en la Cámara, sobre todo porque han sido organizaciones de la sociedad civil quienes han encontrado las fosas clandestinas y restos de ejecutados. Pero no dijo nada sobre la omisión en que ha caído el Poder Legislativo al no aprobar la Ley sobre desapariciones forzadas. Simplemente señaló: “Vamos a estar muy pendientes de cómo se deslindan responsabilidades; esperamos que la PGR tome cartas en el asunto y que con total transparencia se investigue el origen y quiénes han generado este tipo de circunstancias, quiénes son responsables de este tipo de fosas, quiénes son, o la identidad de los cuerpos que ahí se encuentran”.