CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cúpula empresarial encendió las luces de alerta ante la creciente violencia, al grado de plantear “un pacto nacional por la seguridad pública”. En rueda de prensa en el Club de Industriales y donde estuvieron presentes los líderes de los diferentes sectores empresariales, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón soltó: “Como sector empresarial afirmamos que la seguridad pública y la disminución contundente de la delincuencia, la violencia y la impunidad deben ser puestas nuevamente en el centro de la agenda nacional. Los datos más recientes sobre seguridad y percepción ciudadana nos preocupan y nos ocupan, ya que afectan a la vida cotidiana de las personas, las familias, los trabajadores y, también, de las empresas y la competitividad del país en su conjunto”. A decir del CCE,  no se trata únicamente de la incidencia del crimen organizado y de la delincuencia común, a este fenómeno se ha sumado un componente de conflictividad social, que incide en la vida de las personas y el desarrollo de las actividades cotidianas, de la convivencia entre los mexicanos en distintas regiones, con una grave afectación a la gobernabilidad. Castañón señaló que la toma de instalaciones y bloqueos por conflictos sociales aumentaron “preocupantemente”. Detalló que  el robo a camiones de carga aumentó 73% en 2015 y 40% en el primer semestre del año en curso. “Nos preocupa que, en este estado de cosas, crece en algunas zonas el encono social y se han multiplicado fenómenos como el de los linchamientos, cuya incidencia se triplicó en tres años, con cerca de 200 casos en lo que va de este año”, alertó. Cae confianza en instituciones En el país existe poca confianza en las autoridades, la población percibe que la violencia es el mayor problema,  mientras que la creciente inseguridad inhibe el crecimiento económico. Juan Pablo Castañón sentenció que “los datos más recientes sobre seguridad y percepción ciudadana nos preocupan y nos ocupan, ya que afectan a la vida cotidiana de las personas, las familias, los trabajadores y, también, de las empresas y la competitividad del país en su conjunto”. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2016), elaborada por el Inegi, 72% de los mayores de 18 años consideró que es inseguro vivir en su estado, y 59.1% indicó que la inseguridad y delincuencia son el problema más importante que aqueja en su entidad. Por otra parte, la confianza está deteriorada y por ello la “cifra negra” también tuvo aumentos. Según la ENVIPE, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.7% a nivel nacional durante 2015, mientras que en 2014 fue de 92.8%. Esta encuesta estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33% y la desconfianza en la autoridad con 16.6%. En cuanto a los costos de la inseguridad “son altos y afectan nuestra competitividad”, advirtió el organismo empresarial. Según el Inegi, el costo nacional estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en 2015 fue de 236 mil millones de pesos, equivalente a 1.25% del PIB. “Y si agregamos lo que la pequeña y mediana empresa invierte en el país los estimados es que representa cerca de 9% del PIB. Y aunque esta cifra es la oficial, 236 mil millones de pesos, 1.25% del PIB, nuestra experiencia nos lleva a estimar la cantidad que acabo de mencionar, cercanas a 9%, de acuerdo a los costos y los delitos que nos reportan en las organizaciones empresariales que encabezamos”, precisó Castañón. Por otro lado, el CCE destacó que si bien México subió seis lugares en el Índice de Competitividad Global 2016-2017, tras años de estancamiento, el pilar donde tenemos el mayor freno sigue siendo sin duda el de las instituciones, donde el país está en el sitio 116, mientras que en “crimen organizado”, estamos en el lugar 135 de 138 países. Por si fuera poco, en “confiabilidad de los servicios policiacos y costos de negocios derivados del crimen y la violencia”, en el lugar 130 de 138. CCE urge a autoridades a actuar. La cúpula empresarial dejó un mensaje a los tres poderes. Al presidente Enrique Peña Nieto instó a que haga, junto con la sociedad, un análisis oportuno de la estrategia y de los esfuerzos que se han realizado para procurar un México en paz, con el propósito de realizar los ajustes y mejoras que se requieran. A los legisladores federales hizo un llamado para que  pongan en la agenda prioritaria del Congreso de la Unión la aprobación de todo el paquete de reformas relacionadas con la seguridad pública, que “lamentablemente se han venido politizando y postergando periodo tras periodo”. El CCE recomendó que  se empiece por la legislación que se requiere para dar certeza jurídica a la actuación de nuestras Fuerzas Armadas y la legislación de mandos policiacos y su coordinación. Mientras que al poder judicial le solicitó que redoble los esfuerzos para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con un programa puntual con el que pueda superarse el gran retraso que tenemos en esta materia, y que brinde confianza a la ciudadanía en que efectivamente se combate la corrupción y la impunidad en el sistema de impartición de justicia.