Un carnicero atropella con su vehículo a un delincuente que lo acaba de robar, un cirujano balea al asaltante que le quitó su auto, una muchedumbre enardecida lincha a dos ladrones que intentan huir… Los casos de justicia por mano propia han provocado un debate que divide a la sociedad argentina. Contra los que creen que la persecución penal y el castigo son responsabilidad del Estado, medios de comunicación y hasta autoridades –entre ellos el presidente Mauricio Macri– consideran que la población tiene derecho a la “legítima defensa”, cuyos límites se extienden incluso a la justicia por cuenta propia. BUENOS AIRES (Proceso).- Daniel Oyarzún es carnicero. Vive junto con su familia en Zárate, ciudad ubicada a 90 kilómetros de Buenos Aires. La vida del “carnicero de Zárate” –tal como lo bautizaron los medios de comunicación– cambió para siempre el pasado 13 de septiembre, en horas del mediodía, cuando su comercio fue asaltado por dos hombres, que cubrieron a balazo limpio su huida a bordo de una moto. Oyarzún, de 37 años, los persiguió en su auto unos 300 metros. Le dio un empellón a la moto, que cayó sobre el asfalto. Un ladrón se dio a la fuga. El otro, Brian González, de 25 años, quedó atrapado entre la trompa del vehículo de Oyarzún y la base de un semáforo. El delincuente fue insultado y golpeado por el carnicero y otros vecinos, estando incluso inconsciente, y murió en el hospital horas más tarde. El caso se sumó al de dos asaltantes linchados en Córdoba el 18 de septiembre y al de un ladrón abatido a tiros por un cirujano, al que había querido despojar de su auto en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 30 de agosto. El debate en torno a los casos de justicia por mano propia divide a la sociedad argentina. Hay quienes consideran que la población tiene “derecho a defenderse”, y con tal fin extienden con generosidad el límite de la legítima defensa. Y hay quienes creen que la persecución penal y el castigo son, tal como indica la ley, responsabilidad del Estado. Su máximo representante, el presidente Mauricio Macri, abogó por la libertad del carnicero. Sostuvo que “más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la justicia en la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia”. La justicia otorgó a Oyarzún la excarcelación extraordinaria, beneficio al que no suele acceder un acusado de homicidio simple. Por su parte, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, llamó a la población a no reaccionar ante un robo, y a acudir en cambio a las fuerzas de seguridad y a la justicia. Estos dos pilares del Estado, sin embargo, inspiran desconfianza y recelo en amplios sectores de la ciudadanía. El Código Penal argentino admite la legítima defensa frente al delito. La respuesta debe ser proporcional a la amenaza y efectuarse en el momento del agravio. Si el delincuente ya se ha dado a la fuga, o si ha sido retenido, se la considera venganza. Los ciudadanos que terminan matando a los asaltantes suman de un momento a otro, a su condición de víctimas, la de victimarios. Los delincuentes, por su parte, recorren el camino inverso. Reconocidos comunicadores de prensa, e infinidad de voces que aparecen en talkshows y en foros digitales, justifican que se mate o linche al delincuente. En la política, los medios de comunicación y la calle ha vuelto a cobrar entidad el reclamo de “mano dura” para enfrentar el delito. El 19 de septiembre, tras difundirse la noticia en la que una mujer fue asesinada durante un asalto en el Gran Buenos Aires, el conductor más popular de la televisión argentina, Marcelo Tinelli, twitteó a sus 8.8 millones de seguidores: “Vergonzoso!!! Que impotencia!! Los argentinos queremos SEGURIDAD!!! Y leyes duras para que estén de por vida en la cárcel los asesinos!”. El reclamo de “mano dura” tiene matices y variantes. En la acalorada discusión televisiva o callejera se le suele presentar como oposición al garantismo; es decir, al respeto por los derechos humanos y la integridad física del delincuente, posición que comúnmente se vincula con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Los promotores de la “mano dura” suelen reclamar, adicionalmente, la represión de la protesta social. Sus representantes extremos –como el diario La Nación en sus editoriales– abogan por terminar con la persecución penal de los responsables de violaciones contra los derechos humanos durante la dictadura. Trance violento Héctor Moyano, de 36 años, y Jesús Benegas, de 25, tuvieron mayor fortuna que los asaltantes muertos en San Martín y en Zárate. En la noche del 18 septiembre, tras golpear y despojar de la cartera a una adolescente en la ciudad de Córdoba, los dos ladrones escaparon en una moto. Pero fueron perseguidos y embestidos por el taxista Pablo De Gaitano, quien a continuación se bajó del vehículo y les “dio un poco de cariño a los dos, mucho cariño”, según declaró a la prensa. La tarea fue continuada por medio centenar de transeúntes y vecinos exaltados, frente a la mirada impávida de los primeros policías que llegaron al lugar. Recién con la llegada del tercer automóvil policial se recomendó a los vecinos “parar un poco la mano”, según contó Evelin, una vecina de la zona, al portal de noticias Cba24n. “La sacaron barata! En mi barrio los hubieran reventado a patadas y tirado en la vereda de la morgue (en bolsas de basura……xq mis vecinos son muy civilizados!)”, escribió el usuario Koloren, para ilustrar, a continuación, una postura que bien podría ser la voz de los justicieros: “¡Basta de ser víctimas! ¡Hay que defenderse solos! O morir asesinados como la señora en Buenos Aires, apuñalada x la espalda. Malditos subhumanos! Maldita su alma y su descendencia”. “El regreso de la horda primitiva”, tituló el psicólogo Sergio Zabalza su artículo aparecido en Página 12 el 17 de septiembre. Allí analiza la dinámica común de estos eventos que afloran en los últimos años en distintos puntos de la geografía argentina. “El entusiasmo es tan llamativo como contagioso, basta una señal para que una estampida de voluntarios se haga presente en el convite –escribe–. La conciencia moral se cortocircuita y se liberan los impulsos, tal como refiere Freud al describir los resortes subjetivos que componen la fiesta totémica”. El linchamiento se caracteriza por la desproporción de fuerzas entre agresores y agredidos. El acontecimiento es necesariamente público, de carácter teatral. La fruición hace que el ritual se prolongue, convirtiendo en trance el escarmiento. El odio que se descarga parece ser, sin embargo, anterior al hecho que se adjudica al linchado. La superioridad moral del justiciero lo habilita para encarnar al policía y al juez, al sacerdote y al verdugo. El escritor y periodista Juan José Becerra ve en el linchamiento un aparato de castigo espontáneo y una representación aberrante del consenso social. “Pero si, como se dice, lo que falta es el Estado, ¿cuál es el Estado que se desea encarnar en estas circunstancias? Sin dudas, un ‘Estado’ delictivo y maximalista, capaz de abusar de su propio poder y ejecutar actos prohibidos. Un Estado privilegiado, con licencia para matar”, sostuvo en el diario El Día, de La Plata, el 6 de abril de 2014. Lo que está en entredicho es, justamente, el papel del Estado. La justicia por mano propia, al privatizar la violencia punitiva, implica la ruptura del contrato social democrático, aquel que otorga al Estado el monopolio del castigo. La recuperación de los bienes sustraídos y la sanción por el delito cometido le corresponden al Estado y no al particular. “Hay una sensación generalizada de abandono y de desprotección por parte del Estado hacia los ciudadanos”, sostiene Marcela Scarafia, en una entrevista publicada en el portal de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, donde la especialista dicta cursos de posgrado en el área de psicología forense. “Cuando tenemos un Estado que es abandónico, maltratador u hostil, se genera una sensación de desprotección y eso causa hostilidad”, analiza. “Y si bien la consecuencia es una reacción, quizá, de violencia desproporcionada al estímulo, es la primera respuesta que emerge cuando aparece una situación clave y existe previamente un conjunto de tensiones acumuladas –sostiene Scarafia–. El problema es que se trata de una reacción desproporcionada, no reglada y fuera de la ley”. Vecinos Lino Villar Cataldo tiene 61 años y es cirujano. Vive con su familia en San Martín, un suburbio de la capital argentina que pertenece a la provincia de Buenos Aires. Ricardo Krabler, de 24 años, vivía en una villa miseria que está a 10 cuadras de la casa del médico. En la noche del 26 de agosto, Krabler sorprendió a Villar Cataldo cuando salía de su hogar. Lo golpeó y amenazó. Se subió a su auto y alcanzó a retroceder algunos metros en reversa. Fue entonces cuando el médico, en circunstancias que la justicia intenta aún determinar, le descerrajó cuatro balazos. “El médico fue víctima de un delito y dio la respuesta que pudo dar porque se sintió en riesgo”, dijo María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Esta opinión, junto a la intervención del presidente Mauricio Macri en favor del carnicero, constituyen para Sergio Zabalza “un cambio en el discurso con que las actuales autoridades políticas incentivan, a veces de manera desembozada, la violencia y/o el hábito de tomar justicia por mano propia”, según escribe en el artículo citado. “Uno menos, este no jode más. Que Dios me perdone. La única víctima acá es el médico”, dijo el periodista Eduardo Feinmann en el programa “América TV”, en relación al asaltante muerto a manos del cirujano. No está solo en su opinión. Buena parte del discurso que aparece hoy en los medios de comunicación justi­fica la justicia por mano propia por parte de los ciudadanos. La criminalidad se presenta como un fenómeno omnipresente que requiere de semejante respuesta. El respeto a algunas garantías indivi­duales de los ciudadanos funge como un obstáculo para el control de la delincuencia. El ciudadano común, por su parte, da rienda suelta a su indignación catártica en los foros digitales o en talkshows televisivos. “Miles y miles de personas que desconocen los hechos concretos son forzadas a tomar partido de un modo perogrullesco y simplista en tribunales mediáticos que entretienen el morbo sin resolver nada. Se trata de un show macabro”, sostuvo la revista Noticias el 2 de septiembre. El problema a resolver es, en principio, muy complejo. El núcleo duro de exclusión y de pobreza crece en los periodos recesivos como el que hoy vive Argentina. El nivel de reincidencia criminal, sólo en la provincia de Buenos Aires, alcanza 42%. La rehabilitación de los presos no existe. Su tortura se tolera. “Cada vez se sancionan más leyes punitivas pero no hay políticas de prevención desde el Estado para que no se cometan esos delitos –dice Marcela Scarafia en la entrevista citada–. Eso no tiene sentido. Los sistemas extremadamente punitivos nunca han dado buenos resultados”, puntualiza. La justicia por mano propia complica también el futuro de quienes fueron víctimas de un robo y hoy enfrentan cargos por homicidio. “Estoy arrepentido totalmente”, declaró el carnicero Oyarzún, quien esperará en libertad la instrucción de la causa en su contra. “Si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría –dijo–. Yo sólo quise recuperar lo que es mío, porque yo trabajo diariamente. No sé lo que me pasó en ese momento”.