CHILPANCINGO. Gro., (apro).- El gobierno de Héctor Astudillo Flores comprometió las participaciones federales del próximo año destinadas a inversión social para solventar un millonario desvío de recursos públicos generado a partir de la administración de sus antecesores, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez. Advirtió que en las finanzas estatales se presentan desequilibrios entre los ingresos y egresos para el cierre de este año que impiden solvencia para cubrir “compromisos contraídos” y que propicia un crecimiento en los pasivos de la administración estatal. Ello debido a que existe un desfalco que asciende a tres mil 159 millones de pesos, atribuido a sus antecesores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, así como a “la obesidad” en la administración central del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. “Esto se expresa en los altos niveles de servicios personales y gastos de operación en cada uno de ellos (poderes públicos)”, indica el documento del proyecto de presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 que el ejecutivo envió al Congreso esta semana en poder de Apro. Al respecto, el análisis del gobierno de Astudillo denominado Situación Financiera al cierre del ejercicio 2016, indica que frente a una menor disposición de recursos “de libre disposición”, es cada vez más evidente la insuficiencia de recursos en las dependencias gubernamentales de los tres poderes públicos, así como en los organismos autónomos. No obstante, contrario al diagnóstico presentado al Congreso, Apro dio a conocer ayer que el proyecto de presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 de Astudillo, privilegia el gasto corriente burocrático y contempla un donativo de 47 millones de pesos para la fundación Teletón por concepto de “gasto público en salud”. En contraste, se destinan nueve millones para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de la violencia en esta entidad colapsada por la confrontación que mantienen bandas criminales por el control de las principales plazas. El informe del gobierno de Astudillo argumenta que la falta de recursos para cerrar este año fiscal se debe a que el gobierno federal ha recortado las participaciones por “el incumplimiento de pagos” en administraciones pasadas y por la creciente demanda de recursos para “enfrentar” los compromisos contraídos para el funcionamiento del aparato estatal. El documento refiere que la falta de un presupuesto suficiente y ordenado en su ejercicio durante la administración de sus antecesores, provocó que los responsables de las secretarías de Salud y Educación, no realizaran el pago respectivo de sus obligaciones fiscales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP). De acuerdo con la conciliación que se tiene con la SHCP, respecto al ejercicio 2013 se registran Créditos Fiscales del orden de tres mil 945.6 millones de pesos (con cifras al 30 de septiembre de 2016) por la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que fue retenido a los trabajadores estatales por las autoridades locales y no lo transfirieron. El mayor desfalco se detectó en la Secretaría de Educación con tres mil 303.2 millones de pesos desviados para otros fines; luego la Secretaría de Salud donde se reporta la cantidad de 627.5 millones y otras áreas que no se especifican con 14.9 millones. Adicionalmente, indica el informe de Astudillo, se registra un adeudo con el SAT por alrededor de dos mil 700 millones de pesos, generados por el no pago de dependencias y entidades del gobierno estatal durante el periodo de 2014 al 2016, fecha que comprende el gobierno actual y las administraciones de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega. ? Como medida alternativa de solución, Astudillo plantea en el documento enviado al Congreso que están concertando con funcionarios del gobierno federal y la SHCP para establecer un convenio que permita liquidar los créditos fiscales en forma diferida, incluso con el recorte a las participaciones federales “al nivel del saldo deudor”, indica el informe oficial. Es decir, Astudillo pretende solventar el desvío de recursos públicos de su administración y sus antecesores a cambio de la entrega de parte de los recursos federales destinados para inversión social del próximo ejercicio fiscal. No obstante, advierte que privilegiar el pago de los adeudos de ejercicios anteriores respecto a la obligación de atender los programas y proyectos contenidos en el presupuesto que se presenta, pondría en grave riesgo los alcances sociales del Plan Estatal de Desarrollo 2016– 2021 y que están vinculados con las estrategias definidas por el gobierno Federal. Por ello, también anuncia como medida urgente, realizar una reingeniería administrativa-presupuestal y financiera que permita contrarrestar en el corto y mediano plazo el desequilibrio financiero que se enfrenta, indica el documento. En ningún momento, el gobierno de Astudillo informa sobre alguna responsabilidad administrativa o penal en contra de los responsables de retener a los trabajadores estatales el ISR y utilizarlo para otros fines en lugar de transferirlo a la SHCP.