CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde el 1 de diciembre de 2012, el Gobierno del Distrito Federal ha detenido arbitrariamente y encarcelado injustamente a más de 500 personas durante marchas y manifestaciones públicas. Como fieles perros guardianes de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, primero Marcelo Ebrard y después Miguel Ángel Mancera han buscado desactivar la creciente indignación popular por medio de la criminalización de la protesta social. Durante el proceso de aprobación de las “reformas estructurales” energética, educativa, de telecomunicaciones, laboral y financiera, las marchas de protesta fueron infiltradas sistemáticamente por provocadores enmascarados que protagonizaron actos de violencia con el fin de justificar el encapsulamiento y la detención indiscriminada de manifestantes pacíficos. El objetivo era infundir miedo y zozobra entre la población, sobre todo entre los jóvenes indignados, quienes ya habían demostrado su gran capacidad de acción y de convocatoria durante el movimiento #YoSoy132. La violencia y las detenciones arbitrarias, ambas fomentadas desde el gobierno, tenían la función de desalentar la movilización social masiva en contra de la consolidación autoritaria en la capital del país. Pero los aires de la política capitalina empiezan a cambiar. Las contundentes victorias electorales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2015 y 2016 marcan el inicio de una nueva hegemonía política en la Ciudad de México. Ahora, ocasionalmente se permite a las marchas entrar a la plancha del Zócalo y desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se promueve una importante Ley de Amnistía. Esta ley, que ya fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, permitiría sacar de la cárcel a los cuatro presos políticos que aún se encuentran encerrados (Luis Fernando Sotelo, Alejandro Montaño, Fernando Bárcenas y Abraham Cortés), así como limpiar totalmente el historial de cientos de otras personas, la mayoría jóvenes, que han sido injustamente acusadas o encarceladas por el gobierno represor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde 2012. La aprobación de la Ley de Amnistía dejaría un precedente fundamental a escala nacional e internacional, ya que implicaría un reconocimiento oficial de la existencia de presos políticos en México. La prensa nacional e internacional, aliada con Washington, no duda ni un segundo en señalar y exigir hipócritamente la liberación de presos políticos en países como Venezuela, Rusia y Cuba, pero dan la espalda a los cientos de presos que tenemos aquí en casa, sobre todo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y la Ciudad de México. Apenas hace unos 15 días, el gobierno perredista de Silvano Aureoles detuvo y encarceló arbitrariamente a 48 normalistas indígenas de Michoacán con el fin de diezmar su movimiento a favor de la educación pública, crítica y gratuita en el estado y todo el país. Mancera ha recurrido a sus artimañas de siempre para torpedear la posible aprobación de la Ley de Amnistía impulsada por Morena. Por un lado, ha enviado a su consejero jurídico, Manuel Granados, a argumentar de manera espuria que la ley supuestamente violaría la Constitución al rebasar las competencias de la Asamblea Legislativa establecidas por el artículo 122 de la Carta Magna. El argumento es falso, ya que todos los cargos son por delitos del fuero común y a nivel local, los cuales se encuentran plenamente dentro del ámbito de acción del Poder Legislativo local. Por otro lado, como por arte de magia, el miércoles pasado aparecieron de nuevo provocadores protagonizando desmanes en la avenida Insurgentes Sur en contra de un metrobús. Llama mucho la atención que este tipo de actos violentos, que buscan desprestigiar a los legítimos luchadores sociales, ocurran justo en el momento en que la Asamblea Legislativa se encuentra a punto de aprobar la Ley de Amnistía. Pero la urgente libertad de Luis Fernando, Alejandro, Fernando y Abraham, así como la aprobación de una amnistía generalizada para todos los jóvenes y ciudadanos acusados falsamente por el gobierno de Mancera, es apenas el primer paso. Por ejemplo, la Coordinadora 1DMX (véase http://ow.ly/GwMf3059biv) y la Liga de Abogados 1DMX exigen también la reparación integral del daño a todas las víctimas, una disculpa pública de parte de Mancera, un castigo ejemplar a los responsables de la violación sistemática a los derechos humanos en la capital y reformas legales para garantizar la no repetición de actos represivos. Hasta la fecha, ni un solo policía, mando policiaco o alto mando ha sido tocado ni con el pétalo de una rosa. Existe una impunidad absoluta tanto para los autores intelectuales como para los materiales de esta política de Estado de represión e intimidación en contra de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Asimismo, los retrógrados delitos de “ultrajes a la autoridad”, “rebelión”, “ataques a la paz pública”, “sabotaje”, “motín” y “sedición”, así como los ordenamientos represivos incluidos en la Ley de Movilidad y el Protocolo de Contención de Multitudes, hoy se encuentran todavía plasmados en la norma, listos para aplicarse en cualquier momento en la siguiente protesta o marcha. Para realmente alcanzar la justicia, la Asamblea Constituyente, actualmente en sesiones, tendría que establecer candados claros en la nueva Constitución de la Ciudad de México que garantizaran la derogación de todas estas figuras legales represivas. También habría que incluir un transitorio en la nueva Carta Magna que establezca una Comisión de la Verdad que llegue al fondo de los hechos represivos, repare el daño a las víctimas y castigue a los culpables, en todos los niveles, por la alta traición de Mancera en contra de los principios democráticos en la capital. www.johnackerman.blogspot.com @JohnMAckerman