CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones defensoras de los derechos de las poblaciones callejeras acusaron a la delegación Cuauhtémoc de realizar actos de “limpieza social” y atentar contra la dignidad de las personas en situación de calle. Luego de destacar que por defender a esa población han sido víctimas de “ataques mediáticos”, los activistas reprobaron el desalojo –la semana pasada– de un grupo de personas que pernoctaba en la Plaza de la Ciudadela, y exigieron se les informe dónde fueron enviadas. En un comunicado, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social; Commenta Diálogo de Saberes; Educación con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle (Ednica); El Caracol, A.C., y la Red por los Derechos de la Infancia en México, destacaron que la decisión de la delegación Cuauhtémoc de actuar contra las poblaciones callejeras va contra el “Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México” y contra el “Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México”. Dicho protocolo, subrayaron, “prohíbe las prácticas discriminatorias y los retiros forzados de las vías públicas que violentan los derechos humanos de las poblaciones callejeras”. Asimismo, expresaron que las autoridades delegacionales “han contravenido la dignidad de las personas que viven en la calle con la ‘limpieza social’ realizada hace unos días en el parque de la Ciudadela”. Además, señalaron que las autoridades advirtieron de otro desalojo que se realizará a fin de año contra el grupo que se encuentra en las calles de Artículo 123 y Humboldt, en el centro de la Ciudad de México, “aun cuando no haya coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)”. El pasado fin de semana, después del operativo contra indigentes en la Ciudadela, Rafael Luna, director general de Seguridad Pública de la delegación Cuauhtémoc, encabezada por Ricardo Monreal, advirtió ante los medios de comunicación que el desalojo se realizará a mediados de diciembre, aunque no haya coordinación con las autoridades involucradas, argumentando que “no se puede ser rehén de la delincuencia y la drogadicción”. Para las organizaciones, la declaración del funcionario “criminaliza y estigmatiza a la población por su condición de exclusión social y pobreza extrema”. De igual manera, subrayaron que “la limpieza social que realiza la delegación es una grave violación a los derechos humanos que agudiza la condición de indefensión de quienes se ven obligados a vivir en las calles y pone en riesgo su integridad física con tratos crueles y humillantes, e incluso privándoles de su libertad sin proceso judicial”. Las organizaciones exigieron a las autoridades delegacionales y de la Ciudad de México un informe detallado sobre “el paradero de las poblaciones callejeras en la Plaza de la Ciudadela”, así como apegarse al Protocolo Interinstitucional, identificar las prácticas discriminatorias y evitar retiros que violenten los derechos humanos de esa población vulnerable. También pidieron detener “los ataques que difaman el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil” y sus integrantes, y revisar “los mecanismos de investigación y sanción de maltrato y abuso contra las poblaciones callejeras durante desalojos y operativos”. Al exigir la instalación de una mesa de diálogo para buscar una solución, los firmantes destacaron la necesidad de definir “una estrategia que resuelva la condición de calle de forma definitiva y no sólo de manera paliativa, bajo el marco del respeto a los derechos humanos y con base en lo establecido en el Protocolo, que considere la coordinación institucional, la participación de la población callejera involucrada y las organizaciones de la sociedad civil”.