MONTERREY, NL (apro).- La Subprocuraduría Anticorrupción en Nuevo León fracasó en su estrategia para procesar al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, quien ha sido vinculado jurídicamente sólo por uno de los tres delitos con los que lo imputaron, reconoció esta mañana el titular de la dependencia, Ernesto Canales Santos. “No hubo una falla en la integración de los expedientes. Hubo una estrategia que no funcionó, pero que no tiene consecuencias trascendentales, pues se puede corregir. Fue una estrategia consciente, en la que tomamos la decisión, por supuesto convencidos de que iba a funcionar, basándonos en la ley”, dijo el funcionario en su comparecencia ante diputados locales. Luego de que el 9 de agosto un juez de control decidiera procesar al exmandatario priista únicamente por el delito de ejercicio indebido de funciones y le retirara los cargos por peculado, la Fiscalía apeló la determinación aunque, posteriormente, el 19 de septiembre un magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que revisó los argumentos, volvió a desecharlos, en nueva audiencia, al considerar que carecían de sustento. Al acudir al Congreso como parte de la glosa del primer informe de gobierno que rindió el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, Canales Santos explicó que, en la apelación ante el TSJE, los fiscales entregaron una breve argumentación escrita y buscaron convencer oralmente al magistrado, aunque éste, para su sorpresa, los hizo callar e impidió que presentaran sus razones. “Fue una estrategia consciente, por supuesto convencidos de que iba a funcionar, basándonos en la ley y ésta es la que ordena la discusión. Para qué son públicas (las audiencias) si no se permite la discusión de los argumentos. Estábamos seguros de lo que hacíamos, no teníamos duda de lo que hacíamos. La estrategia fue presentar nuestros argumentos en audiencia pública y no se nos otorgó el privilegio y fue criterio del magistrado”, se excusó ante los reproches que recibió de los diputados por fallar en las imputaciones. Luego reiteró que Medina de la Cruz no se ha librado de la cárcel, pues está vinculado a proceso por el desvío de 3 mil 600 millones de pesos de incentivos indebidamente otorgados a la empresa armadora de automóviles KIA, y la Fiscalía reactivará las otras dos imputaciones para volver a acusarlo con argumentos más sólidos. Sin embargo, no pudo asegurar que lo meterán en prisión. “No te puedo asegurar que va a ir a la cárcel. Asegurarlo al 100% sería tonto. Depende de los jueces, aunque el juez nos dirá que depende de lo que le presentemos, y tiene razón. En ese sentido somos responsables de que Medina vaya a la cárcel, construyendo un buen caso. Y los que hemos presentado son suficientemente sólidos para que un juez independiente pueda decretar la máxima sanción contra él”. Como parte de los comentarios reprobatorios que recibió de prácticamente todas las fracciones, la diputada priista Gloria Treviño acusó a los fiscales de incurrir en “errores de principiantes”, pues evidenciaron desconocer el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, al presentarse ante el juez y fallar en la imputación y en la apelación contra el exmandatario. Al respecto, Canales afirmó que él conoce la nueva forma para procesar personas acusadas, pues fue de los especialistas consultados por las autoridades para establecer la nuevas reglas de los códigos judiciales en el país. Acompañado de la contralora estatal Nora Elia Cantú, el zar anticorrupción reconoció que se siente frustrado, no por el trabajo de la Fiscalía que encabeza, sino por el sistema de justicia que favorece la impunidad y la comisión de los delitos de los servidores públicos. “Por supuesto que estoy frustrado, no con los resultados. Estoy contento con el trabajo de mi equipo. El tener vinculado a proceso a Rodrigo Medina es un asunto mayor, producto de trabajo y esfuerzo que me son satisfactorios. También satisfecho con el trabajo para imputar a la exalcaldesa (Margarita Arellanes) y a otros tres secretarios de Medina”. “Estoy frustrado con el sistema. Me enoja conmigo mismo que no hubiera aquilatado el significado de lo que ocurre. No en balde en México 98% de los delitos quedan impunes y la gran mayoría de ese cuerpo de delitos es por corrupción”, señaló el subprocurador. Durante la comparecencia la panista Yanira Gómez pidió a Canales su renuncia, debido a que no imputó al subdirector de Adquisiciones, ya cesado, Rogelio Benavides Pintos, quien adquirió a sobreprecio un lote 200 mil cobertores, asunto conocido como el cobijagate. Al defenderse, Canales dijo que no tenía razones para dimitir, y reiteró que Benavides, amigo personal de El Bronco, no fue acusado por corrupción debido a que no se encontraron elementos para ello.