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México obliga a posponer examen sobre derechos de la mujer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de los altos niveles de violencia de género existentes en el país, México forzó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) a postergar su evaluación de país sobre las políticas aplicadas para garantizar los derechos de las mujeres.

Inicialmente, este grupo adscrito a Naciones Unidas e integrado por 22 expertas y un experto de países como Brasil, Cuba y Perú, evaluarían al gobierno de Enrique Peña Nieto durante su 65 periodo de sesiones en Ginebra del 24 de octubre al 18 de noviembre. El gobierno debió entregar su informe nacional el 1 de julio último y, al incumplir con ese plazo, corrió un lapso automático de 60 días hábiles, que también expiró.

Así, ese examen se realizaría en 2017, cuando el Comité, responsable de velar por el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, sostenga tres periodos de sesiones en febrero y marzo, julio y octubre y noviembre, así como reuniones preparatorias del Grupo de Trabajo en marzo.

“Hay que erradicar la violencia de género, es un asunto urgente. México ocupa un lugar notorio. Somos uno de los países más atrasados en respetar los derechos de género y aplicar políticas públicas”, dice en entrevista con Apro Leonor Aída Concha, de la Red Nacional de Género Economía.

En México las mujeres padecen violaciones a sus derechos sociales, económicos y culturales. Cada día son asesinadas seis mujeres, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, red que contabilizó mil 909 crímenes de mujeres entre 2007 y 2012 y una tasa de asesinato que saltó de 2.4 a 3.2 por cada 100 mil féminas entre 2011 y 2014. Además, entre 2012 y 2013 fueron privadas de la vida 3 mil 892 mujeres.

El Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas indica que cerca de 30% de los 28 mil desaparecidos en el país son niñas y niños, de los cuales el segmento más afectado son las adolescentes de entre 12 y 17 años.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) contabiliza que unas 318 mil infantes de entre cero y 15 años acudieron a los servicios de salud por violencia sexual entre 2010 y 2015.

En el plano educativo y económico, la realidad no es muy distinta para el género femenino. En 2015, había más de 19 millones de niñas y adolescentes, de las cuales 54% (más de 10 millones ), viven en la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por otra parte, 22% de las jóvenes de 15 a 19 años no estudian ni trabajan y más de un millón de adolescentes están excluidas de la educación media superior.

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe informa de que cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujer. En 2014, 2 mil 089 mujeres fueron víctimas de feminicidios en 25 países de la región.

Honduras encabezó el listado con 514 por cada 100 mil féminas; seguido por Argentina, 225; Guatemala, 217; y República Dominicana, 188.

De hecho, uno de los motivos centrales la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer, realizada en Montevideo del 25 al 28 de octubre, fue la violencia de género.

Las alertas de violencia de género aplicadas en el estado de México, Michoacán y Morelos, no han funcionado para prevenir las agresiones contra mujeres.

El 31 de marzo de 2015 el gobierno entregó al CEDA un informe sobre el seguimiento a las observaciones planteadas por ese grupo en 2012 y en el cual dio cuenta de medidas adoptadas sobre el levantamiento de un registro oficial de personas desaparecidas, la armonización legislativa para tipificar la desaparición forzada, protocolos de búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas, así como regulación del aborto.

Violencia “on line”
Uno de los factores emergentes que agudiza la violencia de género es la tecnología, como brazo virtual de los acontecimientos en el mundo real y que adquiere magnitud de reto para autoridades y empresas.

En una declaración para apro, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), que aglutina a representantes de 47 organizaciones de 34 naciones, sostuvo que “no se aborda la violencia online, más allá de esquemas de prevención. Eso no ayuda a transformar comportamientos ni a investigar los hechos. Es muy frustrante que cuando se intenta reportar un acto de violencia, los ministerios públicos no entienden la tecnología o creen que no es importante. Lo ven como algo separado”.

Entre abril de 2013 y junio de 2014, APC llevó adelante en Bosnia y Herzegovina, Colombia, Filipinas, Kenia, México, Paquistán y República Democrática del Congo la investigación Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea, para explorar la aptitud y efectividad de los recursos legales nacionales y de los mecanismos y políticas de reparación de las empresas para enfrentar la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología.

En esa investigación comprobó actitudes como distribuir fotos sin consentimiento, acoso, intimidación e invasión a la privacidad, entre otras.

En el caso de México, analizó cuatro casos de violencia cibernética, de los cuales halló que el principal daño es “el psicológico”, pero hay “variantes, especificidades y otros tipos de privaciones”.

El reporte sobre México resaltó que “la tecnología fue fundamental para el aumento y la continuidad de la agresión, que de otro modo no hubiera sido posible. Las historias de las sobrevivientes ponen en evidencia que la violencia psicológica puede transformarse en violencia física o sexual, y que la tecnología puede permitir a los agresores permanecer en el anonimato, lo que les da mayor poder sobre sus víctimas”.

El documento de 57 páginas concluye que las víctimas sufrieron daños físicos, económicos, sexuales y psicológicos, como consecuencia de la violencia contra la mujer relacionada con la tecnología, como miedo, aislamiento, pérdida de relaciones personales y movilidad reducida.

Varias organizaciones de mujeres y feministas elaboraron un informe sombra que enviarán al CEDAW y en el cual denuncian que México ha incumplido la Convención y exponen rezagos en el apego a la ley, la garantía de derechos sexuales y reproductivos, como el aborto; desigualdad económica, inequidad laboral y la creciente violencia en línea, según pudo establecer Apro.

México avanzó poco respecto a las observaciones que el Comité planteó en los exámenes séptimo y octavo de 2012, cuando ese grupo de expertas recibió al menos seis informes sobre la situación de la mujer por parte de organizaciones mexicanas e internacionales.

Durante su 52 periodo de sesiones, esa instancia expresó su preocupación por la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, que contribuyeron a la intensificación de “unas pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres”.

Además, alertó del número cada vez mayor de desapariciones forzosas de mujeres y muchachas en estados como Chihuahua, Nuevo León y Veracruz. Señaló que dichas desapariciones no constituyan un delito en varios códigos penales locales. Observó la falta de un registro oficial sistemático de las desapariciones y la lenta o nula activación de los protocolos de búsqueda.

Asimismo, las especialistas citaron la impunidad persistente en relación con la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los autores de actos de violencia contra mujeres en todo el país, como los cometidos por las autoridades públicas en 2006 en San Salvador Atenco, cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos y afincada en San José, Costa Rica, ya aceptó ese caso, debido a la impunidad prevaleciente para hacer justicia a las víctimas de las agresiones.

El Comité sugirió también armonizar la legislación sobre los derechos de la mujer, protección a defensoras de derechos humanos, acceso a educación sexual y derechos reproductivos, como el aborto; y mecanismos de acceso a servicios públicos, como educación y salud, a tierra y propiedad y de participación en la toma de decisiones para mujeres indígenas. Recomendó también ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo doméstico.

En 2014, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y la Asociación Suiza contra la Impunidad (TRIAL, por sus siglas en inglés) enviaron al Comité otro reporte sobre la situación de las mujeres migrantes y en el cual piden que México garantice los derechos de éstas cuando pasan por el país en ruta hacia Estados Unidos y el esclarecimiento de casos de migrantes desaparecidas.

“El avance es relativo, pero se debe a las mujeres y las organizaciones. No es una dádiva del gobierno. La aplicación de las políticas públicas es lo último en que se piensa”, cuestiona Concha, para quien “los medios cibernéticos agravan la violencia de género”.

Organizaciones de mujeres y feministas trabajan en la formación de un frente feminista nacional para incidir en la arena política y en la ejecución de políticas públicas.

Para APC, es “un acto sexista” que no haya un proceso veloz para resolver las denuncias. En esos casos, señaló, “la revictimización y los efectos negativos son mayores. Todo parte de la discriminación y eso genera violencia”.

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