El viernes 21, cinco meses después de que Proceso obtuvo una suspensión definitiva en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil para evitar que se le aplicara la Ley del Derecho de Réplica por la publicación de un reportaje que incomodó a Televisa, el juez Luis Alberto Ibarra Navarrete la modificó y emplazó a la revista a presentar una fianza de un millón de pesos para que la suspensión siga operando a su favor. De no hacerlo, quedaría abierta la puerta para que el consorcio de Emilio Azcárraga Jean inicie un juicio por derecho de réplica contra el semanario CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-En su pretensión de llevar a juicio al semanario Proceso y apoyada en una artimaña jurídica, Televisa dio un paso adelante de la mano de un juez federal que por sus antecedentes dividió incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El viernes 21, el juez Luis Alberto Ibarra Navarrete modificó la suspensión definitiva que la revista había logrado para que no se le aplicara la Ley del Derecho de Réplica, en tanto no se resuelva un amparo promovido por la publicación en contra de la norma vigente desde diciembre de 2015. A petición de Televisa, el juez Ibarra Navarrete emplazó a la revista a presentar una fianza de un millón de pesos para que la suspensión siga operando a su favor. De otra manera, se abrirá la puerta para que la empresa de Emilio Azcárraga Jean inicie un juicio por derecho de réplica en contra del semanario por la publicación de un texto sobre una alegada investigación en Estados Unidos contra la compañía mediática ante un supuesto ocultamiento de información sobre sus operaciones en efectivo con la clase política mexicana. Con el título “EU: Investigan las cuentas oscuras del consorcio”, el reportaje fue publicado el 8 de mayo de este año (Proceso 2062) bajo la firma del reportero Jenaro Villamil, quien ha hecho un seguimiento periodístico sobre las relaciones de Televisa con el presidente Enrique Peña Nieto desde que era gobernador en el Estado de México y buscaba la presidencia del país. La información, que había sido publicada tres días antes por el periódico neoyorquino The Wall Street Journal, se difundió poco después de que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México otorgara la suspensión definitiva a Proceso, en espera de la resolución de un amparo promovido por la revista por considerar que la ley atenta contra la libertad de expresión y fomenta el periodismo oficialista. El 2 de mayo, el Colegiado había resuelto dar la suspensión bajo el principio del “derecho fundamental a la información” y determinó eximir al semanario de una caución, con el propósito de la que la medida cautelar tuviera efectos inmediatos. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2087 de la revista Proceso, ya en circulación