CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que este martes se presentó una acusación criminal por trata de personas contra siete hombres de origen latino que operaban una banda internacional de tráfico sexual en México y Estados Unidos. En total, los acusados enfrentan 21 cargos por conspirar para cometer tráfico sexual, y por el tráfico sexual de menor mediante la fuerza, fraude y coerción, que les podría acarrear cadena perpetua. Se trata de Raúl Romero Granados, ‘Chicarcas’ o ‘El Negro’, e Isaac Lomeli Rivera, ‘Giro’, arrestados en Estados Unidos, así como Efraín Granados Corona (‘Chavito’ o ‘Cepillo’), Alan Romero Granados (‘El Flaco’), Pedro Rojas Romero y Emilio Rojas Romero, aprehendidos en México. El séptimo, Juan Romero Granados (‘Chegoya’ o ‘El Güero’), se encuentra prófugo de la justicia. Los hombres, de entre 24 y 41 años de edad, fueron arrestados entre el 26 y el 27 de octubre, indicaron las autoridades, de acuerdo con un despacho informativo de la agencia EFE. Los delincuentes capturados en Estados Unidos fueron presentados ante el juez Kevin Nathaniel Fox, del Distrito Sur de Nueva York, y fueron llevados ante el juez Andrew L. Carter, Jr., del mismo distrito, señaló el Departamento. En un comunicado de prensa conjunto con el Departamento de Justicia federal, la Fiscalía de Nueva York precisó que los acusados, relacionados entre ellos, presuntamente operaban un negocio familiar, y con falsas promesas de amor, violencia física y sexual, además de amenazas, obligaron a sus víctimas a prostituirse. Esos hechos tuvieron lugar de 2000 a 2016. Subrayaron que en muchos de los casos, los supuestos criminales seducían en México a sus víctimas, frecuentemente menores de edad, y lograban aislarlas de sus familias. Muchas veces los traficantes recurrían a falsas promesas de amor para convencerlas de dejar a sus familias y mudarse a vivir con ellos. En otros casos las violaban, haciendo difícil para ellas volver con sus familias por el estigma asociado con la violación. Cuando los sujetos lograban que sus víctimas dejaran a sus familias, mantenían vigilancia de sus comunicaciones, las encerraban en un apartamento sin comida y abusaban física o sexualmente de ellas, señala la acusación. En México, las víctimas eran obligadas a prostituirse con frecuencia en el barrio de La Merced, y tenían que sostener relaciones con entre 20 y 40 clientes cada día. Luego de un tiempo prostituyéndolas en México, los traficantes hacían arreglos con otros miembros de la organización para llevarlas de contrabando a Estados Unidos, donde las mantenían en uno o varios apartamentos en la ciudad de Nueva York. Los acusados continuaron usando la violencia sexual y física, las amenazas, mentiras y coerción para obligar a las mujeres a prostituirse, trabajando en burdeles o atendiendo a clientes en sus hogares, donde las llevaba un chofer asignado. Los prostíbulos y los hogares de los clientes estaban repartidos por Nueva York, Connecticut, Maryland, Virginia, Nueva Jersey y Delaware, según las autoridades. "El tráfico humano es una destructiva y degradante práctica en contra de la norma y las leyes y los estándares más básicos de la dignidad humana", sostuvo en el comunicado la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, quien agradeció a las autoridades de México por su colaboración y compromiso para combatir el tráfico humano en ambos países. A su vez, el fiscal federal en Manhattan, Preet Bharara, calificó de "brutal" y "depredadora" la conducta de los acusados, quienes presuntamente "violaron, golpearon, torturaron y esclavizaron a sus víctimas, con frecuencia menores de edad que fueron coaccionadas a dejar a sus familias". El caso de los presuntos delincuentes lo llevan los fiscales adjuntos Kristy J. Greenberg, Jane Kim y Rebecca G. Mermelstein del Distrito Sur de Nueva York, con el apoyo de la Unidad Contra la Trata de Personas de la División de Derechos Civiles y la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal.