MONTERREY, NL (apro).- La privatización de los sistemas penitenciarios no es la mejor opción para incrementar la seguridad al interior, ya que de manera frecuente las empresas privilegian los ingresos pecuniarios sobre el bienestar de los reclusos, alertó hoy el organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac). Luego de conocer el interés del gobernador Jaime Rodríguez Calderón por buscar el respaldo de la iniciativa privada para construir nuevos centros penitenciarios en la entidad, Cadhac consultó a la investigadora Elena Azaola, quien señaló que hasta ahora la experiencia en ese sentido es de resultados dudosos y opacos. “El esquema de privatización es muy costoso y lo que se privilegia es el tema económico, no los modelos de atención para los internos. Entiendo que el gobierno diga que no tiene recursos para construir un nuevo penal, pero al final termina pagando mucho más y las únicas que ganan son las empresas”, destacó la académica. De acuerdo con Cadhac, actualmente en los centros penitenciarios de la entidad existen problemas de autogobierno, cobros de piso, tortura y condiciones de hacinamiento que de manera permanente comprometen la integridad y seguridad de los internos. La muestra, subrayó, está en los 57 homicidios ocurridos este año en los tres reclusorios de Nuevo León, y en el episodio de violencia que este miércoles se registró en el penal de Topo Chico, donde unos 20 policías resultaron heridos cuando un grupo de internos se opuso a un cateo. El estado debe resolver estos problemas, y la responsabilidad para encontrar soluciones no se debe delegar a particulares “bajo la lógica del mercado”, porque el gobierno es el que tiene la obligación de hacer que prevalezcan el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de quienes están privados de su libertad, puntualizó el organismo. De igual manera, consideró que si bien es un hecho que el sistema penitenciario en Nuevo León atraviesa por una crisis, esto no ocurre por falta de inversión del sector privado, sino porque la autoridad no consigue que se sigan los principios que marca la Constitución de México. Expuso que el informe denominado “Privatización del sistema penitenciario en México”, que este año presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diversas organizaciones, entre ellas México Evalúa y Fundación para el Debido Proceso, aclara los riesgos que traería la privatización de cárceles a las personas privadas de su libertad. Cadhac recordó que en 2013 The Sentencing Project, una agrupación estadunidense de la sociedad civil, analizó el crecimiento de las tendencias privatizadoras de prisiones en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Sudáfrica, entre otros, y los especialistas concluyeron que los servicios prestados en las cárceles privadas no representan una diferencia sustantiva con las públicas. En su análisis encontraron que el fin preponderante de lucro provoca que los empresarios favorezcan las ganancias sobre la calidad de los servicios prestados, como la atención médica y cuestiones de higiene, que son sacrificados para ahorrar costos. “Por todo lo anterior, exhortamos a las autoridades penitenciarias y al gobierno del estado de Nuevo León que tomen en cuenta estos estudios que les permitan contar con más elementos de análisis y así tomar una buena decisión para el sistema penitenciario estatal”, concluyó Cadhac.