COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- El exdelegado del Instituto Nacional de Economía Social (Inaes), Rogelio Salazar Borjas, y tres personas más fueron vinculadas a proceso penal bajo la imputación de delito contra la salud en su modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio. La resolución fue dictada la madrugada de este sábado por el juez federal Marco Antonio Meneses Aguilar, luego de una audiencia que se prolongó durante casi diez horas, dentro de la causa 80/2016, que se llevó a cabo en la Sala I del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Colima. Los cuatro hombres fueron detenidos el pasado viernes en los límites de los municipios de Cuauhtémoc, Colima, y Tonila, Jalisco, con 20 paquetes de cocaína que, según el dictamen oficial, dieron un peso total de 18 kilos 885 gramos. Según la Procuraduría General de la República, el valor económico de la droga es de 150 mil pesos el kilogramo, por lo que el cargamento asegurado tendría un precio de casi tres millones de pesos. Una vez transcurrido el plazo constitucional de 144 horas, después de la consignación realizada el pasado domingo, se desahogó la diligencia del juicio oral bajo los lineamientos del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en la que Salazar Borjas contó con dos abogados, mientras que los tres presos restantes compartieron a otros dos defensores. La defensa se basó en tratar de establecer que los imputados habían sido privados de su libertad un día antes, por parte de un grupo armado, cuando se encontraban en las afueras de la exhacienda La Esperanza, instalaciones que según dijeron pretendía rentar uno de ellos para celebrar un bautismo y una boda. En el caso de Salazar Borjas, se dijo víctima de secuestro y su principal testigo fue su esposa, quien ante el juez declaró haber recibido una llamada la madrugada del 28 de octubre en la que el exfuncionario le pedía llevar alrededor de cien mil pesos que tenía guardados en su domicilio para que lo dejaran libre sus captores. La mujer dijo haber dejado el dinero en la banca que se encuentra en la parada de autobuses del poblado El Cóbano, a donde llegó a bordo de un taxi, pero no se enteró si alguien lo recogió. La Fiscalía basó la mayor parte de su alegato en el informe policial de los agentes que aprehendieron a los detenidos, mediante el cual, entre otras cosas, trató de acreditar la flagrancia del delito. En sus conclusiones, el juez hizo notar la existencia de posturas encontradas entre la fiscalía y la defensa, pero concluyó que “en este extenso debate, la postura de la representación social (la Fiscalía) es la que tiene mayor sustento que la defensa”. Estimó que la argumentación de la defensa y las historias de privación de la libertad y secuestro presentaban muchas contradicciones e inconsistencias. Aclaró, sin embargo, que con esa diligencia no se estaba culpando a nadie todavía, sino que para vincular a proceso la ley sólo exige un estándar probatorio mínimo. La vinculación a proceso, indicó, no significa que la defensa o los imputados estén mintiendo, sino que hasta ahora no han presentados suficientes elementos para desvirtuar los argumentos de la fiscalía.