El viernes 4, Javier Corral cumplió su primer mes como gobernador en Chihuahua y ya enfrenta las adversidades en materia de seguridad, venta y consumo de drogas al alza y homicidios dolosos. De hecho, octubre fue el mes más violento del año en el estado, según las cifras oficiales. El principal malestar de Corral es con el alcalde juarense, Héctor Armando Cabada, porque nombró como titular de Seguridad Pública municipal a quien fuera el brazo derecho de su antecesor César Duarte: José Enrique González Nicolás. CHIHUAHUA, Chih.- El panista Javier Corral Jurado cumplió su primer mes como gobernador inmerso en escándalos, tanto por la violencia creciente y la inseguridad en esta ciudad y en Juárez como por sus diferencias con el alcalde juarense, el independiente Héctor Armando Cabada Alvídrez. Corral se inconformó con Cabada Alvídrez por el nombramiento de Jorge Enrique González Nicolás como titular de la Secretaría de Seguridad Pública local y de otros funcionarios que durante el sexenio de César Duarte Jáquez estuvieron en la Fiscalía General del Estado (FGE) y la dejaron completamente desmantelada. Corral Jurado admite que, ante la desconfianza hacia González Nicolás, entregará directamente a Cabada Alvídrez toda la información de inteligencia para que él la maneje. Este último incluyó en su gabinete no sólo a González Nicolás sino al brazo derecho de éste, Pablo Ernesto Rocha Acosta, quien es director de la Policía Municipal de Juárez pese a su impopularidad. La Alianza Ciudadana Juárez y Chihuahua, formada por las organizaciones que impulsaron la candidatura de Corral Jurado, acusan a estos funcionarios de desmantelar el equipo de inteligencia para crear un grupo de agentes especializados en tortura, así como de maquillar las cifras delictivas. Pese a la inconformidad manifiesta de Corral por el nombramiento de González Nicolás, Cabada insiste en su eficacia y pide tiempo para demostrar que aquel se equivoca. Sin embargo, el mandatario insiste en que González Nicolás y Rocha Acosta se negaron a someterse a los exámenes de confianza, a diferencia de los cuatro fiscales recién nombrados, quienes provienen del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y son de calidad probada. “Ante esa desconfianza –insiste Corral–, seremos cuidadosos con la información. Se la entregaremos al alcalde y él deberá asumir la responsabilidad.” El panista dice que estudia la posibilidad de abrir investigaciones contra Duarte y el grupo de funcionarios que colaboraban con él en la FGE. “Cuando estén las investigaciones –afirma–, veremos quiénes actuaron en complicidad”. Cabada respondió que sí compartirá la información con la fiscalía; incluso presumió que sus colaboradores tienen más información que la dependencia estatal, y reiteró que necesita tiempo para demostrar que hizo lo correcto con el nombramiento de González Nicolás y su gente. El nuevo titular de la FGE, César Augusto Peniche Espejel, deplora el mal estado en que, afirma, González Nicolás dejó la dependencia. Peniche fue delegado de la Procuraduría General de la República en la entidad los primeros años de la administración de César Duarte; luego se desempeñó como coordinador del operativo de seguridad en Michoacán, y los últimos meses estuvo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública en el gobierno federal. Según el fiscal, el consumo de metanfetaminas en la entidad se viene incrementando desde abril pasado, pues son drogas más baratas; además, dice, la adicción que provocan es más rápida, por lo cual los vendedores tienen mayores dividendos. Considera probable que esta droga llegue a la entidad desde Michoacán, Sinaloa o Jalisco, según el mapa delictivo. A eso se suman las ejecuciones en lugares públicos de Ciudad Juárez y en la capital. En octubre, dice el fiscal, se registraron más de 100 en la zona norte, 85 en el centro, 12 en el sur y nueve en el oriente. Fue el mes más violento del año. Peniche Espejel comenta que los homicidios recientes en las ciudades de Chihuahua y Juárez son “muy similares”, pues entre las víctimas y los detenidos hay tanto consumidores como vendedores de crystal. Hoy, dice, este tipo de drogas desplaza a otras como la mariguana, la cocaína y la heroína. Subraya que las anteriores dos administraciones hicieron poco por controlar la violencia. Con José Reyes Baeza hubo más de 13 mil homicidios. Con su sucesor, Duarte Jáquez, la cifra se elevó a 15 mil; además, en su sexenio aumentó el número de desaparecidos. En cuanto al problema de los desaparecidos, el funcionario dice a la reportera: “Queremos que se genere más confianza para que la gente denuncie, para ubicar fosas u otros lugares donde podamos localizar a las personas desaparecidas. Hay voluntad para atender las evidencias. Vamos a revisar cada uno de los casos de desaparecidos”. Fiscalía en desorden Peniche Espejel se queja de que recibió una FGE desestructurada y sostiene que durante la gestión anterior los recursos federales no se administraron de manera adecuada. Asegura que heredó un grave déficit financiero y de operación, así como un importante rezago en carpetas de investigación. E insiste: “La forma en la que el gobierno de Duarte entendió el tema del Mando Único no fue lo apropiado; confundió, por ejemplo, las áreas de investigación y de prevención de la fiscalía”. Asimismo, indica, el Ministerio Público perdió la rectoría de la investigación porque las policías en la materia no hacían absolutamente nada si no se los ordenaba el jefe de la policía, Pablo Ernesto Rocha Acosta, actual director de la Policía Municipal de Juárez y mano derecha de González Nicolás. Refiere que cada agente tiene acumuladas hasta mil carpetas de investigación porque los uniformados desdeñaban este aspecto de la justicia; en algunas áreas los agentes ministeriales tienen entre 300 y 400 carpetas. Por lo que atañe a la parte operativa, señala que cerca de la mitad de la capacidad policiaca está disminuida porque mil 400 de los 2 mil 900 vehículos no están funcionando por falta de mantenimiento preventivo, además de que hay adeudos importantes con gasolineras, lo que dificulta el abasto de combustible. La FGE tampoco sabe por qué hay un adeudo de 18 millones de pesos por compras de tóner, cuando se supone que el contrato de fotocopiado incluye este insumo. El argumento es que como algunas impresoras sólo imprimen información confidencial, no entran en ese contrato. Agrega que la falta de personal de vigilancia y de limpieza también es un problema en la dependencia, pues la gente se tuvo que ir por falta de dinero para pagarle. “Actualmente tenemos un gasto muy fuerte con las personas que cobran por honorarios. Son más de 60 millones de pesos. Queremos saber dónde están esos servidores públicos que son compensados con honorarios. Hay áreas como el C4 y periciales que pagaron indebidamente bajo ese esquema”, sostiene Peniche. Las anomalías también afectan al área del Secretariado Ejecutivo estatal. Ahí, una empresa tenía la mayor parte de los contratos de capacitación. Quince días antes de que Duarte entregara el poder, la firma llamó al personal para que firmara cartas y constancias de cursos que nunca se impartieron. “Estamos hablando –dice– de entre 10 y 15 millones del FASP (Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados), que son federales. Estamos investigando también dónde pararon los recursos del Pronapred (Programa Nacional para la Prevención del Delito) “En la Unidad de Antisecuestros, inaugurada el último día del gobierno de Duarte, se invirtieron 40 millones de pesos, pero vemos pisos de cemento y puertas defectuosos, así como otros detalles. Un grupo de valuadores, ingenieros y arquitectos están trabajado para saber si en realidad se invirtió esa cantidad. “En general hay bienes que no están instalados, como equipo de inteligencia que tenía más de un año guardado, equipo que ya no tiene garantía; a otro no le dieron mantenimiento; otros por no operar de manera regular se echaron a perder, no tienen ya licencia de software.” También sostiene que desde hace año y medio la administración anterior dejó de utilizar una red de telecomunicaciones adquirida con fondos de la Iniciativa Mérida, cuyas funciones eran conectar datos, voz, internet y microondas de Chihuahua a Guachochi y a Juárez. “La estamos revisando para habilitarla”, dice el titular de la FGE.