CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con advenedizos al mando de la política exterior, sin interlocución entre el jefe de la seguridad interior de México con su par de Estados Unidos, y los jefes militares preocupados más en obtener protección legal a sus operaciones contra el narcotráfico, el gobierno mexicano se limitó a contemplar el ascenso de Donald Trump hasta llegar a la Casa Blanca. Por más que alegara riesgos y amenazas para el país como el motivo de su invitación a Trump, el 31 de agosto pasado, en plena campaña presidencial de Estados Unidos, Peña Nieto se quedó en el desatino. Por el optimismo con que reaccionó ante el triunfo del republicano, el gobierno mexicano insiste en el error: dejar la iniciativa en el declarado enemigo de México. El gabinete de seguridad nacional está ausente. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, apenas balbucea; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien tiene todo el aparato de seguridad en sus manos, ni siquiera tiene representante en la embajada de Estados Unidos; el Ejército, carece de confianza en Washington por los numerosos antecedentes de jefes y oficiales con el narcotráfico, y la Procuraduría General de la República (PGR), está extraviada en cambios y recambios. En esas condiciones, con qué respaldo Peña enfrentará los ánimos antimexicanos de Trump. El mismo día de las elecciones, el presidente convocó a su gabinete de seguridad. Para qué. A no ser para que se enteraran juntos del resultado de la elección presidencial en Estados Unidos. ¿Era necesario que se definiera un ganador para la creación de escenarios de protección para el país? Desarticulada la política de seguridad del gobierno mexicano, Trump lleva toda la ventaja. Después de estigmatizar en su campaña presidencial a México como un país que sólo envía migrantes ilegales y drogas, el presidente electo de Estados Unidos dejó en claro en su primera reunión con la mayoría en el Congreso, el jueves 10, que su prioridad es la inmigración y la seguridad fronteriza. Es decir, el muro no sólo para controlar inmigrantes, sino para evitar que entren terroristas a Estados Unidos por la frontera de México, la misma fijación del expresidente George W. Bush. La diferencia es que Trump se ha declarado de forma abierta en contra de México. Después de la valla fronteriza, que por cierto comenzó a construir el gobierno de Bill Clinton en 1994, el nuevo presidente de EU tendrá que definir si mantiene la Iniciativa Mérida o da paso a lo que agentes de seguridad, militares y exmilitares estadunidenses han planteado desde hace algunos años: tratar a México como una nación narcoterrorista. Considerar a los cárteles de la droga ya no como meras organizaciones delictivas transnacionales, sino como grupos que utilizan el terror en México para llegar al mercado estadunidense es uno de los enfoques en los que incluso jefes y oficiales del Ejército y la Marina de México ya han sido capacitados en Estados Unidos. Las versiones de presuntos vínculos de los cárteles mexicanos con organizaciones terroristas de Medio Oriente, que se difundieron durante la “guerra a las drogas” del gobierno de Felipe Calderón, apuntan a lo que analistas civiles y militares han insistido después de una década de violencia que por sus efectos mortales es similar a la de un conflicto civil interno. Firmada en 2007 por el gobierno saliente de George W. Bush y del entrante Felipe Calderón, la Iniciativa Mérida fue sostenida por el gobierno demócrata de Barack Obama. Su principal impulsora fue precisamente la excandidata presidencial, Hillary Clinton, quien como secretaria de Estado de la administración Obama hizo su primer viaje a México para acabar de definir la política de ambos países contra el narcotráfico. El principal eje fue el combate al narcotráfico, el terrorismo y la seguridad fronteriza. El segundo, la seguridad pública y la procuración de justicia. El tercero, la construcción institucional y del estado de derecho y el último, apoyo a programas sociales. Después de más de 200 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos, las miles de violaciones a los derechos humanos y la creciente penetración de la delincuencia en los poderes formales, así como del control de territorios, es claro que la Iniciativa Mérida se centró en el componente represivo. El resultado ha sido el descabezamiento de los cárteles del narcotráfico en una confrontación sin fin de grupos cada vez más atomizados. Lo demás, también ha sido un fracaso. La Iniciativa Mérida ha sido mucho más funcional para el gobierno estadunidense, pues con Calderón logró alinear la información de inteligencia mexicana a su favor, instalando agencias civiles y militares en México. Si Trump le da a su política de seguridad hacia México un enfoque de narcoterrorismo, sería de esperar que aumenten las presiones de Washington para una mayor intervención militar en el combate a los grupos de delincuencia organizada. Es decir, más años de violencia en México. @jorgecarrascoa