Brexit: el bloqueo judicial

LONDRES (apro).- La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE), votada en un referéndum nacional en junio pasado, enfrentó el primero de varios obstáculos legales, tras una sentencia histórica del Tribunal Supremo del Reino Unido para que el Parlamento británico sea consultado antes de activarse el llamado Brexit.

La decisión pone así freno a los planes del gobierno de la conservadora Theresa May, que busca invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa en marzo próximo con vistas a una separación oficial del bloque comunitario para 2019.

El gobierno apelará ahora la decisión en la Corte Suprema, la máxima instancia judicial en el país.

El alto tribunal dictaminó el jueves 3 en respuesta a una demanda que exigía que la decisión de abandonar la UE pasara por la aprobación legislativa.

Hace cuatro semanas, un grupo de opositores al Brexit –que va desde una gestora de inversiones conocida en la City londinense (la guyanesa Gina Miller) hasta un peluquero– recurrió a la justicia para tratar de frenar el polémico divorcio de Europa.

Dicho recurso se produjo semanas antes de que May anunciara que su gobierno invocaría el artículo 50 en marzo próximo.

Ese artículo, nunca antes invocado por un país de la UE, establece el primer paso oficial para el divorcio de la UE.

En junio pasado, 52% de los británicos votó en una consulta nacional a favor de que el país abandone la UE, mientras que 48.1% optó por seguir dentro de la unión.

Sin embargo, el argumento de los demandantes es que ese referéndum celebrado en junio fue consultivo y no vinculante, y por ende depende del Parlamento establecer las bases de negociaciones con Bruselas.

Lo cierto es que los jueces del Tribunal Supremo concluyeron que el gobierno no puede invocar de forma unilateral el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece que un Estado miembro puede decidir salir de la UE, “sino que esa facultad le corresponde al Parlamento”.

Tras la sentencia, el gobierno dijo estar “decepcionado” por el dictamen judicial, y confirmó que apelará la decisión, posiblemente para el 7 de diciembre, en una audiencia ante la Corte.

Escocia, que quiere seguir dentro de la UE y que amenazó con un nuevo referéndum por su independencia del Reino Unido, dijo que presentará su posición anti-Brexit durante la audiencia judicial de diciembre.

La Corte Suprema contará con todos sus jueces (once) para dictaminar la sentencia final, que se espera se hará pública recién en enero próximo.

“El país votó para abandonar la Unión Europea en un referéndum que fue aprobado tras una ley votada en el Parlamento. Y el gobierno está determinado a respetar el resultado de ese referéndum. Vamos a apelar la sentencia”, confirmó un vocero de la residencia oficial de Downing Street, horas después del fallo.

En la Bolsa de Londres, el valor de la libra esterlina subió varios peniques frente al dólar como consecuencia de la decisión judicial, la cual podría poner ahora un freno al divorcio con la UE.

De acuerdo con la BBC, si se mantiene el dictamen de la Corte tras la apelación del gobierno, “se esperan meses y meses de obstáculos parlamentarios”, ya que los legisladores podrían pedir por salvaguardas y modificaciones a las negociaciones entre Londres y Bruselas, que hasta ahora se mantienen en secreto.

“Debe haber claridad acerca de si se precisa de un voto rápido o si el Parlamento puede considerar una legislación compleja”, continuó la cadena pública de noticias.

De todos modos, concluyó que es “muy probable” que la gran parte de los parlamentarios vote a favor del artículo 50, debido a que el Brexit fue apoyado “por la mayoría de los votantes en el referéndum de junio”.

El jefe del eurofóbico Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) y que desde hace años viene haciendo campaña por el Brexit, Nigel Farage, calificó el dictamen del Tribunal Supremo como “una traición a la democracia”.

“Ahora temo que se intentará todo lo posible para bloquear o demorar la invocación del artículo 50. Si esto pasa, no tendrán idea del nivel de furia popular que provocarán”, especuló el político anti-europeo.

Farage, que llamó a una marcha con más de cien mil personas frente a la Corte para poner presión a los jueces, consideró que el país “se encamina a un medio-Brexit, un proceso por el cual la clase política habrá traicionado a 17.4 millones de votantes”.

Por su parte, el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, prometió que su agrupación bloqueará en el Parlamento el artículo 50 si el gobierno no garantiza el acceso al mercado común europeo, clave para que Londres pueda seguir siendo capital financiera de Europa.

Corbyn indicó que su bancada impedirá que May dé inicio al proceso de divorcio de la UE, al menos que acceda a varios requisitos básicos, principalmente el acceso al mercado común del bloque.

“La Corte ha puesto un gran obstáculo al gobierno al considerar que el Parlamento debe ser consultado. Nosotros aceptamos el resultado del referéndum”, afirmó Corbyn al semanario Sunday Mirror.

“No estamos desafiando el referéndum ni pedimos se convoque una segunda consulta. Nosotros reclamamos acceso al mercado europeo para las industrias británicas”, agregó.

Corbyn indicó además que la oposición laborista no permitirá que se invoque el artículo 50 a menos que May acuerde cuatro principios fundamentales.

Ellos son: el acceso al mercado único europeo, la responsabilidad de cumplir con los derechos de la UE para los trabajadores, garantías para proteger a consumidores y el medio ambiente y una promesa para destinar fondos a inversiones de capital de la UE que se pierdan como consecuencia del Brexit.

El jefe del Laborismo advirtió además que su partido “está listo” en caso de que el gobierno decida convocar a elecciones adelantadas, muy posibles si pierde su apelación en el tribunal.

“Contamos con los afiliados, con la organización política y el entusiasmo necesarios (para ganar las elecciones). Le damos la bienvenida a un desafío como ese”, continuó el líder laborista.

Según Corbyn, unos comicios adelantados le darían la oportunidad al Laborismo “de presentarle a la población británica una alternativa estratégica económica para el país”.

Sin embargo, May consideró que no sólo apelará el dictamen del Tribunal Supremo, sino que su gobierno está determinado a implementar el Brexit el próximo año “en toda su totalidad”.

“Nuestro gobierno debe ponerse a trabajar al respecto y los parlamentarios deberían aceptar el resultado del referéndum”, escribió la mandataria conservadora en un artículo de opinión publicado en el dominical The Sunday Telegraph, el pasado 6 de noviembre.

May dijo que apelará la decisión de los jueces “porque hay un principio importante en juego”.

“Esto podría parecer un debate acerca del proceso, y el argumento legal es complejo, pero en realidad hay un principio importante en juego. El Parlamento votó para poner la decisión acerca de nuestra membresía en la UE en las manos de la población británica. La gente tomó una decisión, y lo hizo de forma decisiva”, señaló la primera ministra.

“Es responsabilidad del gobierno ponerse a trabajar y aplicar en toda su totalidad esa decisión tomada por los votantes”, justificó.
May llamó a aquellos parlamentarios que se lamentan por el resultado del referéndum “a aceptar aquello que la gente votó”, y pidió unidad para poner en marcha el proceso del Brexit.

“En lugar de volver a las peleas del pasado, deberíamos enfocarnos en cómo podemos unirnos como país para aprovechar al máximo esta gran oportunidad nacional, con el fin de forjar un futuro de solidez, confianza y perspectivas globales para Gran Bretaña”, subrayó la jefa de gobierno.

“Este será el espíritu en el que quiero que avancemos a la hora de forjar nuestro nuevo rol en el mundo: con solidez, mirando al futuro, abiertos y con ambición. Al forjar este rol y establecer nuevos socios, podremos conseguir la visión que queremos en nuestro país, hacer que Gran Bretaña funcione como nación para todos y no para unos pocos privilegiados”, concluyó.

El gobierno presentará el mes próximo su caso ante la Corte Suprema, la máxima autoridad judicial del país, en un intento por revocar el dictamen del alto tribunal.

La sentencia del jueves 3 fue muy criticada por los medios de prensa más conservadores y sensacionalistas del país, incluidos The Sun, Daily Express y Daily Mail, hecho que llevó al Consejo de Abogados a reclamarle al gobierno intervenir para reducir las críticas e improperios “desproporcionados”.

Liz Truss, responsable de asegurar el funcionamiento eficiente y la independencia de los tribunales, apoyó la autonomía del Tribunal Supremo, pero se negó a condenar los ataques de la prensa, que calificaron a los jueces de la Corte como “traidores de la patria”.

Por su parte John Kerr, que fue embajador del Reino Unido en la UE, consideró horas antes de la sentencia de la Corte que el Brexit “no es irrevocable”.

El lord escocés dijo que el país podría decidir permanecer dentro del bloque comunitario incluso después de convocar el artículo 50.
“El país puede cambiar de parecer cuando se inicie el proceso. Durante ese periodo, si una nación decide que no quiere salir de la UE después de todo, tiene el derecho de hacerlo”, agregó el lord, dando a entender que el Brexit podría incluir “muchas alternativas”.

Kerr, quien aconseja a la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, sobre temas del Brexit, se mostró a favor de un segundo referéndum o unas elecciones generales para el próximo año, con el fin de determinar si Gran Bretaña sale o no de la UE.
El experto legal considera que no será posible para Escocia permanecer dentro del mercado común si el Reino Unido decide abandonar el bloque comunitario.

De todos modos, indicó que se podrían establecer acuerdos diferentes para el acceso al mercado común para distintas partes de Gran Bretaña.

La sentencia del alto tribunal pone un freno importante a los planes del gobierno, y garantiza que el Parlamento, y no el Ejecutivo, establezca los parámetros y prioridades de una negociación de salida de la UE.

Ello podría demorar en varios años la implementación del Brexit, además de crear profundas divisiones dentro del gobernante Partido Conservador y también en la población británica.

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