MONTERREY, NL (apro).- Empresarios dedicados a los juegos de apuestas en la entidad presentaron una iniciativa de ley en la que solicitan se les cobre un 6% sobre las ganancias obtenidas, y que la cantidad recaudada se entregue a los municipios para que los destinen a obra social. Sobre la propuesta entregada este jueves en la Oficialía de Partes del Congreso local, los abogados representantes de las 21 casas de juego en territorio nuevoleonés señalaron que se trata de una respuesta a la iniciativa que presentó ayer la fracción del PAN para gravar con hasta 10% los ingresos de los casinos para crear un fundo de seguridad en los municipios. A nombre de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del entretenimiento y Juego de Apuestas en México (Aieja), Miguel Ángel Ochoa Sánchez entregó el documento donde se propone modificar artículos de las leyes de Hacienda y de Coordinación Hacendaria del estado, y que la recaudación de los juegos sea repartido a razón de 33% del total a los ayuntamientos. El representante legal reveló que actualmente los establecimientos de juegos y sorteos en Nuevo León aportan alrededor de 500 millones de pesos al año por concepto de impuestos, aunque el estado pretende incrementar la tributación para que la cifre alcance los mil millones. Reconoció que actualmente no todos los integrantes de la asociación pagan los mismos impuestos al gobierno, por lo que con las modificaciones propuestas podrán crearse mecanismos para que todos cumplan cabalmente con su obligación ante el Estado. “No estaban pagando todos, ni de la misma forma, ni al mismo nivel. Lo que estamos buscando ahora es que el estado tenga un mecanismo para regular a todos por igual. Ya lo estábamos negociando esto desde el anterior gobierno, y ahora que presentan su iniciativa los diputados, nos rompen las piernas”, dijo. Mencionó que actualmente Nuevo León ocupa el sexto lugar en número de casinos en el país, aunque en el pasado reciente llegó a ser líder con 45, antes de 2011, posición que ocupa actualmente Baja California, con 40. En todo el país hay 320 salas, detalló. Luego recordó el ataque incendiario al Casino Royale, al poniente de esta capital, que ocasionó el cierre de más de la mitad de esos negocios, después de que el entonces gobernador Rodrigo Medina promulgó una ley para impedir nuevos permisos de suelo para su apertura. Si prospera la ley que proponen, dijo Ochoa Sánchez, existe la posibilidad de que abran más salas de juego, pero ordenadamente, en municipios donde antes no había, con lo que el estado recibiría más recaudación. En caso contrario, si se impone la iniciativa panista habrá más cierres de establecimientos, apuntó. Mencionó que por esa industria hay alrededor de 16 mil empleos directos e indirectos en la entidad, además de que genera impuestos en los tres niveles de gobierno y atrae inversión extranjera. Sobre la propuesta de los diputados de incrementar el impuesto de 10%, los casineros observan que hay algunos sesgos de inconstitucionalidad que pueden ser jurídicamente combatidos mediante amparos.