CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de ya no criminalizar la posesión y el consumo de drogas –no sólo la mariguana–, los gobiernos deberían dar “el siguiente gran paso” y regular los mercados “desde su producción hasta su distribución”, planteó hoy la Comisión Global de Política de Drogas (CGPD) en su informe anual. La CGPD está conformada por un panel heteróclito de personajes públicos: Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, expresidentes –como Ernesto Zedillo– y exjefes de Estado, pero también el escritor peruano Mario Vargas Llosa o el excéntrico empresario británico Richard Branson, dueño de Grupo Virgin. Su primer informe, en 2011, auguró un giro radical en el diálogo internacional respecto de las drogas ilícitas: exhibía el fracaso de la “guerra” que libran los gobiernos en contra de los cárteles y les urgía a tratar el tema como asunto de salud pública, y a los consumidores como adictos, no como criminales. La CGPD calificó de “tanto ingenua como peligrosa” la ilusión de alcanzar un mundo “libre de drogas”, tal y como lo plantean los tratados internacionales y los gobiernos que criminalizan la cadena de suministro y consumo de drogas ilícitas. También recordó que el consumo de drogas ilícitas se disparó en 33% entre 2003 y 2014 –hubo 247 millones de consumidores en el mundo ese año–, y a la par se incrementaron las violaciones a los derechos humanos derivadas de la represión. Para demostrar ese último punto, la comisión tomó el ejemplo de la militarización de la lucha contra las drogas en México, que inició Felipe Calderón en el arranque de su sexenio y que provocó más de 160 mil homicidios entre 2006 y 2014, forzó el desplazamiento de unas 280 mil personas y llevó a la desaparición de otros 25 mil mexicanos. Luego subrayó que 33 países siguen castigando con la pena de muerte las actividades vinculadas con el tráfico y consumo de drogas, por lo que llamó a terminar “inmediatamente” esa práctica violatoria de las leyes internacionales. En el marco de la llamada “guerra contra las drogas”, los gobiernos dictaron sanciones “que son desproporcionadas, injustas y completamente innecesarias”, aseveró el informe. Añadió que “las políticas de drogas represivas generan mayores daños que las sustancias mismas”, ya que “la gran mayoría de la gente utiliza estas sustancias de manera razonable”. Según el documento, fue la represión gubernamental contra las drogas ilícitas la que infló el valor del mercado –excede los 320 mil millones de dólares anuales– y lo transformó en un sistema “inherentemente violento y traducido en grupos violentos que tienen el control” y usan la derrama económica para corromper a los representantes del Estado. De acuerdo con el reporte, uno de cada cinco presos a nivel mundial se encuentra en la cárcel por delitos relacionados con la droga, pese a que gran parte de los actores de baja escala en el narcotráfico –desde el campesino hasta el narcomenudista, pasando por el transportista– no participan en actividades violentas. “Gran parte de la oferta no es depredadora ni es violenta”, insistió. Además, es política obligó a los consumidores a drogarse de manera escondida, lo cual agrava los riesgos de contraer enfermedades infecciosas –como la VIH o la hepatitis C--, y generó desconfianza entre los consumidores hacia la policía. La descriminalización, en cambio, generó cambios positivos en los países que la implementaron, sostuvo la comisión. En Portugal, por ejemplo, se redujeron en 18% los “costos sociales” asociados con las drogas ilícitas en la última década: el número de delitos disminuyó en dos terceras partes, la cifra de presos bajó de 44 a 24% y las relaciones comunitarias reportaron una mejora. mav