Rechazan investigadores la iniciativa de Ley General de Archivos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité Mexicano de Ciencias Históricas, junto con un grupo de investigadores en Historia, expresaron su rechazo a la iniciativa de Ley General de Archivos que llegó al Senado el pasado jueves 17, debido a que –aseguraron– esa propuesta pone en riesgo “la posibilidad de construir una memoria colectiva” y “no favorece” a la transparencia de los documentos bajo resguardo en el Archivo General de la Nación.

A través de un desplegado de prensa dirigido al Senado y a las autoridades del Archivo General de la Nación, investigadores e historiadores denunciaron una serie de irregularidades en el articulado de la propuesta de norma jurídica.

En primera instancia, los más de 4 mil firmantes rechazaron “categóricamente” que, mediante el artículo 98 y 105, respectivamente, el Sistema Nacional de Archivos quede bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación, así como que la dirección del Archivo sea designado por el Presidente de la República, ya que la decisión “puede comprometer la construcción de la memoria histórica a los intereses políticos del momento”.

En cuanto al artículo 14 transitorio, los investigadores explicaron que los textos que ya se encuentran en los archivos históricos deben ser considerados como “documentos históricos” y no ser valorados como tales dos años después, ya que “esto podría suponer su regreso a un archivo de concentración, su destrucción o su sustracción por causas políticas”.

En este mismo rubro, solicitaron el establecimiento de plazos temporales obligatorios para “la transferencia de los documentos con valor histórico de los archivos de concentración a los archivos históricos”, al argumentar que “de no hacerlo se dejaría a juicio del responsable de la dependencia en turno el hacer público o no los documentos bajo su resguardo”.

El Comité también exhortó a que la valoración de los documentos en los archivos administrativos se realice por un grupo multidisciplinario y que cuente con la presencia obligatoria de un profesional de la historia, porque –indicó– “definir cuáles documentos tienen relevancia histórica es una tarea que requiere de conocimiento histórico”.

De igual manera, los firmantes consideraron como “indispensable” que los archivos históricos sean designados de forma explícita como “fuente de acceso público”, ya que el término corresponde a la Ley General de Protección de Datos Personales, “lo que imposibilita espacios de opacidad o contradicción”, según se lee en el comunicado.

Luego de resaltar que el patrimonio documental “es propiedad de la nación”, el Comité indicó que el Consejo Nacional de Archivos “debe tener una prevalente participación de especialistas y no estar en manos de funcionarios del gobierno”.

El Comité México de Ciencias Históricas es una asociación de instituciones vinculadas a la investigación, docencia superior y la preservación, cuyo objetivo es proteger y estimular la investigación histórica del país.
Entre las entidades que lo conforman destacan miembros del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como académicos del Colegio de México.

Hasta el momento suman 4 mil 221 las firmas que se han adherido al comunicado, disponible en http://www.h-mexico.unam.mx/node/18666.

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