COLIMA, Col. (apro).- Como parte de su defensa jurídica ante las acusaciones de malversación de recursos, el exgobernador Mario Anguiano Moreno se deslindó del manejo de 638 millones de pesos de un crédito por el que actualmente enfrenta un juicio político. Además interpuso ante el Congreso del estado una denuncia contra el exgobernador interino que lo sucedió en el puesto, Ramón Pérez Díaz, y el entonces secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González –quien actualmente ocupa el mismo cargo–, por la contratación y el ejercicio de esos recursos. Así también, denunció a Carlos Armando Zamora González, titular del Órgano superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), y el diputado Santiago Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, por omisión en el cumplimiento de las obligaciones contraídas como integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al crédito autorizado en el decreto 565. Bajo el mismo tenor, presentó una denuncia de responsabilidad administrativa contra Carlos Arturo Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas, por contratar y ejercer los recursos del crédito y por omisión en el cumplimiento a sus obligaciones como miembro de la Comisión Especial de Seguimiento del crédito. A través de un comunicado emitido este día, el exgobernador Mario Anguiano consideró además que el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número 20/2016, que “injustificadamente” se instruye en su contra, “carece de la más mínima lógica y sentido común” y “es incongruente y adolece de sustento legal, al contener aberraciones que denotan un claro y doloso interés mediático y político”. Por escrito, el exmandatario hizo llegar al presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, Riult Rivera Gutiérrez, su respuesta a las observaciones en materia de responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos que se plantearon en el Decreto número 112 aprobado por la Quincuagésima Octava Legislatura Local. En el documento, Anguiano Moreno señaló que no acepta el sometimiento al procedimiento que lleva a cabo la Comisión de Responsabilidades porque el Osafig y la Comisión de Hacienda no le otorgaron el derecho o garantía de audiencia y de defensa que la ley otorga, con cuya “irregular conducta, de manera ilegal e indebida” ambas instancias llevaron a cabo el procedimiento, lo declararon públicamente culpable y presentaron propuestas de sanciones, sin haberle otorgado el derecho de ser escuchado y revisado sus argumentos y pruebas. Otra de las razones por las que el extitular del ejecutivo rechazó el procedimiento en su contra fue porque “no obstante que la instrucción del Congreso era revisar el crédito de 638 millones de pesos, el Osafig hizo revisiones no sólo del crédito, si no de aspectos del año anterior, con lo cual evidentemente se extralimitó en sus funciones”. Anguiano recordó que en relación con la privación del derecho de audiencia presentó una demanda de amparo, que está siendo analizada por el Poder Judicial de la Federación (PJF). Sobre el crédito de 638 millones, Anguiano reconoció que su administración lo solicitó ante el Congreso, pero para hacerlo efectivo y darle el curso legal adecuado, como lo había mandatado el legislativo en el decreto correspondiente, se conformó una Comisión Especial de Seguimiento del Decreto 565, misma que está integrada por un representante de cada una de las fracciones parlamentarias del Congreso, así como el titular del Osafig y el secretario de Planeación y Finanzas, entre otros, con el propósito de vigilar y supervisar el objeto y destino de los recursos del crédito autorizado. Añadió que quienes hicieron la solicitud del crédito al Banco Interacciones, quienes recibieron el crédito y quienes lo ejercieron fueron el exgobernador interino Ramón Pérez Díaz, el entonces secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa, y el secretario de Finanzas y Planeación, Carlos Arturo Noriega. Sin embargo, expuso Mario Anguiano, en el informe del Osafig y en el dictamen de la Comisión de Hacienda no se hace ninguna observación a esas personas. “Si el Osafig y la Comisión de Hacienda consideran que la contratación y el ejercicio del crédito fue indebido, que es lo que están sancionando, entonces dicha sanción debería recaer en quienes realizaron tales actos”, puntualizó Anguiano Moreno. El exgobernador reiteró que su conducta como servidor público siempre ha sido en el marco de la Ley y que en todo momento confía en que las instancias legales y jurídicas actuarán en este caso ajustando sus actos y resoluciones de manera imparcial y con estricto apego a derecho.