CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La academia “ha llegado tarde” para abordar el tema de la desaparición forzada y en mano de particulares que se agravó a niveles alarmantes desde que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón; pero ante la magnitud del problema, es necesario que los rectores de las universidades del país dediquen más recursos a programas de apoyo a familiares de desaparecidos. Estas fueron algunas conclusiones de un diálogo que sostuvieron hoy académicos, familiares de desaparecidos y activistas en el Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luís Mora”, en la Ciudad de México. Carolina Robledo Silvestre, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF), aseveró que la academia tiene el deber de “acercarse a los problemas sociales”, aunque el tema sea sensible políticamente. La antropóloga recordó que, en sus Convocatorias de Atención a Problemas Nacionales 2016, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) planteó 19 temas generales para proyectos de desarrollo científico, pero ninguno de ellos se refiere a la desaparición, solo aparece el término genérico de “seguridad ciudadana”. Araceli Rodríguez Nava, cuyo hijo –agente de la Policía Federal–desapareció en Michoacán en 2009, tuvo muchas preguntas a los universitarios sentados frente a ella. “¿Cómo nos podemos sumar ustedes y nosotros? ¿Qué pueden aportar en la búsqueda de nuestros hijos? ¿Cómo llegar a los corazones de los rectores?”, fueron algunas de ellas. “Hay mucha tecnología en las universidades, en la UNAM se utiliza para buscar petróleo o para observar dentro de las pirámides, con imágenes satelitales se puede saber mucho sobre un lugar. Entonces, ¿si existe la tecnología para esto, por qué no la hay para buscar a nuestros familiares?”, preguntó. “En otras ocasiones hemos pedido el apoyo de ustedes los estudiantes”, declaró María Herrera, cuyos cuatro hijos desaparecieron en Guerrero y en Veracruz. Durante ocho años y tres meses, la mujer no ha dejado de buscar a sus familiares. Incluso, se sumó al Movimiento por la Paz que encabezó el poeta Javier Sicilia en 2010 y, posteriormente, fundó la organización Familiares en Búsqueda. Herrera pidió ayuda “para darles identidad a nuestros seres queridos”, pues recordó que las familias encontraron “una infinidad de cuerpos y restos” en sus recorridos por los cerros y terrenos baldíos del país. “No tenemos las capacidades que tienen ustedes”, aseveró la mujer y precisó: “escasamente terminé la primaria y lo que hacemos lo hacemos con toda la voluntad en nuestro ser”. “Nos tardamos” Roxana Enríquez Farías, arqueóloga de formación y doctorante en antropología física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), reconoció: “nos tardamos en abordar un problema tan grande”. En entrevista con Apro, explicó: “Hay una participación primordial de antropología forense, pero también de sociólogos, de antropólogos sociales, etnólogos, lingüistas o sicólogos, de licenciados en derecho, un montón de profesionales, que deberían tomar parte”. La académica agregó que “a nivel sociedad no estábamos tomando con seriedad la desaparición forzada como se está dando desde los años 60”. Y precisó: “Al no ser parte de los ejes temáticos en las escuelas, entonces lo pasamos de lado, nos enfocamos en cuestiones patrimoniales o el indigenismo que son muy importantes también, pero habría que equilibrar la balanza”. El Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), que cofundó Enríquez en 2013, está conformado por seis personas –arqueólogos, antropólogos físicos, un criminólogo y un antropólogo social–, además de expertos eventuales. La agrupación acompaña los procesos de investigación antropológica y trata de generar espacios de intercambio para que la academia empiece a hacer “esta ciencia más social, pues al final existimos para la gente”. La especialista aseveró que “hay una necesidad muy grande de aplicar las técnicas de antropología forense y física a la búsqueda de desaparecidos”. Y añadió que, si bien el EMAF recibió capacitación por parte de expertos peruanos, la situación de los desaparecidos en México “rebasa a cualquier otra en América Latina”. La doctora Claudia Rangel Lozano planteó que “ante una catástrofe de tal magnitud, debemos unir todas nuestras fuerzas”. Reconoció que las carreras de antropología forense de la ENAH y de la UNAM, si bien forman profesionistas de alto nivel, resultan “muy humildes frente a las proporciones del problema”. La profesora de Ciencias Políticas y Sociales aseveró que la academia tiene mucho por aprender de los familiares de desaparecidos, quienes se volvieron expertos en temas de antropología forense. En tanto, la doctora Evangelina Sánchez Serrano estimó que no sólo las organizaciones y la academia tienen que unir esfuerzos contra la desaparición, sino “la sociedad”. Añadió que es necesario abandonar “la política del avestruz” y enfrentar el problema. “Apenas estamos entendiendo el fenómeno, la sociedad se vio rebasada… A quienes nos dedicamos a la desaparición forzada nos ven, en el mundo académico, de manera extraña”. Familiares piden respaldo El hermano de Michelle Quevedo desapareció a raíz de un secuestro perpetrado en marzo de 2014 en Medellín, Veracruz. En el intento de salvarlo, hombres armados asesinaron a su hermano menor y a su novio. Ella asegura que el agente de policía ministerial que atendió su familia tenía la misma voz que la del secuestrador. Quevedo explicó a los académicos que los familiares no cuentan con ningún apoyo institucional en sus labores de búsqueda, ni en términos económicos, ni en labores de seguridad. Luego, les pidió apoyar las exigencias de las familias respecto a la ley sobre desaparición –aún sin nombre definido– que se discute en el Senado. Teresa Alvarado es originaria de Oaxaca. Su hermana desapareció en 2006 y, para acercarse a las autoridades encargadas de la investigación, se mudó en dos ocasiones: primero a la ciudad de Oaxaca, y luego a la Ciudad de México. Recorrió distintos estados y enfrentó las “trabas” que le pusieron las autoridades. Según ella, el número real de desaparecidos en México rebasa la cifra oficial de 28 mil. Por ello, pidió a la comunidad universitaria “que hagan investigaciones para saber cuántos desaparecidos hay en este país” y que los peritos “ayuden a las autoridades, pues en los Semefos del país los restos están en bolsas arrumbadas”. Federico Mastrogiovanni, periodista y académico, estimó que “cada quien tiene que hacer su trabajo y asumir lo que le corresponde”. Aseguró que la desaparición forzada es “un tema político” porque los recursos necesarios para buscar y encontrar a las personas “sí existen”. Incluso, estimó que “gran parte de las desapariciones que ocurren en México son forzadas, porque las autoridades participan en negativa”, es decir, por omisiones o indolencia en el momento de investigar el paradero de las personas desaparecidas. Destacó, entre los “muchos componentes” que conforman el fenómeno, que las regiones con mayor desplazamientos y desapariciones en el país son zonas donde hay recursos naturales, hidrocarburos o por donde se trasladan productos de contrabando; “son recursos de los que empresarios e incluso funcionarios se aprovechan”, subrayó.