MONTERREY, NL (apro).- Por primera ocasión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y a la policía de Monterrey la creación de un protocolo para tratar con respeto a las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero (LGBT), luego de la detención arbitraria de una mujer transexual, ocurrida el año pasado en esta capital. Liseth Alejandra fue arrestada el 8 de octubre de 2015 por elementos de la policía estatal Fuerza Civil (FC) por ingresar a un baño de mujeres en un centro comunitario de la colonia Independencia, lo que desencadenó una serie de agresiones, incluidos trato denigrante y discriminatorio hasta del juez calificador que la recibió en barandilla. Este jueves fue dada a conocer la recomendación 11/2016, generada por el expediente de queja CEDH-340/2015, dirigida al titular de la SSP estatal Cuauhtémoc Pérez Antúnez, así como al alcalde priista Adrián de la Garza Santos. En el documento se revela que el día de los hechos la afectada fue abordada por elementos identificados como guardias del centro comunitario, adscritos a FC, que la agredieron a golpes porque anteriormente había ingresado a los sanitarios del lugar, una acción que ellos consideraron inadecuada. Al decirse violentada en sus derechos, Liseth fue sometida y llevada a una patrulla donde fue objeto de más agresiones de uniformados que se burlaron de su condición transgénero, mediante palabras soeces. Posteriormente fue transportada a los separos municipales conocidos como La Alamey, al norte de la ciudad, donde el juez calificador hizo mofa de su condición y la remitió a un cuarto donde la desnudaron para una revisión obligatoria. Estuvo encerrada más de seis horas, hasta que fue liberada en la tarde. Al considerar violentados sus derechos, acudió a la CEDH a presentar una queja en contra de los policías estatales, municipales y el juez calificador, este como funcionarios del ayuntamiento. En la recomendación, el ombudsman estatal pide al secretario de Seguridad Pública que instruya a los órganos internos de la dependencia para que emprendan una investigación interna y deslinden responsabilidades entre los elementos que participaron en el atropello, y que dé vista de los hechos al Ministerio Público. También demanda que la dependencia proporcione atención psicológica a la afectada y someta a cursos de derechos humanos a su personal, con el fin de que conozcan las consecuencias de emprender prácticas perniciosas, como las que motivaron la recomendación. También pide que se implemente un protocolo para que los elementos policiacos actúen con respeto a los integrantes de la comunidad LGBT, en particular a las mujeres transexuales, para salvaguardar los derechos que a toda persona, sin distinción, corresponden. Incluso recomienda que la SSP colabore con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para aplicar el Fondo de Atención a favor de Liseth. La CEDH recomendó aplicar medidas similares a la policía de Monterrey, en particular aplicar un protocolo para que los jueces calificadores actúen de manera respetuosa y con observación a los derechos humanos cuando reciban en la demarcación a personas integrantes de la comunidad gay. Mariaurora Mota, directora de Género Ética y Salud Sexual (Gesaac), quien acompañó a Liseth en la denuncia, consideró que el empleo de los protocolos es una parte fundamental en la recomendación, pues con ellos esperan que las personas de cualquier orientación sexual y apariencia sean tratadas con dignidad. “Con este protocolo se establecerán precisiones como que no se puede detener a una persona por su apariencia, o porque camina afeminado. Nunca se le deben dar malos tratos, y se debe tratar a la persona con el género que se presenta, pues hay algunas que son trans y quieren ser tratadas como mujeres. También a ellas debe revisarlas una mujer policía y no se les puede encuerar, como ocurrió esta vez”, dijo. La activista consideró que aunque la recomendación para activar un protocolo puede demorar, la denuncia representa un avance significativo para proteger a los grupos vulnerables. “Las dos instancias dijeron que sí aceptaban la recomendación y ahora tienen que empezar a documentar que la acataron. Claro que el cumplimiento de las recomendaciones no se hace ni en uno ni en dos días. En realidad es un proyecto a largo plazo, pero ya empezaron a hacer las acciones que se deben tomar al respecto”, señaló.