CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Durante los últimos cuatro años, el gobierno estatal ha entregado casi 170 millones de pesos a la Fundación Teletón por concepto de “donativo” para la operación del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), ubicado en el puerto de Acapulco. En noviembre de 2011, la pasada legislatura local autorizó un decreto emitido por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero para “afectar”, por un plazo de 10 años contados a partir de 2013, una partida específica del Presupuesto de Egresos por la cantidad de 39 millones de pesos en beneficio directo de la asociación civil que respalda Televisa, indican documentos oficiales consultados por Apro. Incluso, la millonaria aportación que hace el gobierno estatal al Teletón por decreto fue proyectada para aumentar anualmente, tomando como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de enero de 2013, es decir, de acuerdo con la tasa de inflación. Por ello, el “donativo” a la fundación privada para 2014 subió a 42 millones 34 mil 200 pesos; en 2015, fue de 42 millones 931 mil 200 pesos, y para 2016 ascendió a 44 millones 175 mil 300 pesos, sumando una cantidad de 168 millones 140 mil 700 pesos de 2013 a la fecha, refieren los informes. No obstante, el gobernador Héctor Astudillo Flores plantea en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2017 --que actualmente se discute en secrecía en el Congreso-- un monto de 47 millones de pesos, como lo dio a conocer Apro a mediados de octubre. Es decir, Astudillo de manera inexplicable decidió aumentar por más de 3 millones de pesos el “donativo” a la Fundación Teletón para 2017, en comparación con la cantidad que entregó este año. Los casi 170 millones de pesos que las administraciones de Ángel Aguirre, Rogelio Ortega y Héctor Astudillo han donado a la fundación Teletón en los últimos cuatro años contrastan con el presupuesto destinado a otras áreas sustanciales de gobierno para 2017. Por ejemplo, los 9 millones para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de la narcoviolencia. Así como 3 millones para el Consejo de Ciencia y Tecnología; 2 millones, para el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 6 millones, para el museo La Avispa y 17 millones para el Instituto del Deporte, áreas consideras de bienestar social. Además de 4 millones para las universidades tecnológicas de Tierra Caliente y Acapulco, y 14 millones, para la Universidad Intercultural, indica el proyecto de Presupuesto de Egresos 2017. Donativo por decreto De acuerdo con el decreto 882, publicado el 29 de noviembre de 2011 en el número 95 del Periódico Oficial del gobierno estatal, los diputados de la 59 legislatura local autorizaron al exgobernador Ángel Aguirre Rivero beneficiar con recursos públicos a la Fundación Teletón argumentando lo siguiente: “Se hace necesario ofrecer a la fundación alternativas jurídicas para apoyarle en el caso de que los apoyos desinteresados de la sociedad mexicana no sean suficientes para mantener en operación todos los (25) centros” que existen en el país, entre ellos el CRIT de Acapulco. En el portal oficial de la Fundación Teletón se indica que el 22 de noviembre de 2012 fue inaugurado el CRIT porteño en la exclusiva zona Diamante. El edificio tuvo un costo de 230 millones de pesos y fue construido sobre un terreno de 60 mil metros cuadrados que “donó” el gobierno de Aguirre, quien comenzó a subsidiar con recursos públicos la operación de este centro de 2013 hasta el 2022, es decir, un año después de que concluya la administración de Astudillo. El exdiputado postulado por Movimiento Ciudadano, Efraín Ramos Ramírez, quien se desempeñaba como presidente de la mesa directiva de la 59 legislatura local y avaló este decreto para subsidiar con recursos públicos el centro de la Fundación Teletón durante 10 años, fue premiado en el gobierno de Astudillo. Actualmente, Ramos Ramírez ocupa el cargo de subsecretario de Normatividad Jurídica de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental estatal que dirige su compadre Mario Ramos del Carmen, otro exdiputado local por MC, quien supuestamente tiene la obligación de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos y tratar de revertir los efectos de la opacidad que caracteriza a la actual administración.