CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- A cinco años de la tortura física y psicológica y la violación sexual de la que fue víctima Miriam Isaura López Vargas por parte de soldados de la Segunda Región Militar de  Baja California, ninguno de los agresores se encuentra detenido. En protesta por esos hechos, la mañana de este jueves el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara, encabezó una manifestación afuera de la sede de la Procuraduría General de República (PGR) para exigir que se acabe con el uso sistemático de la tortura por las fuerzas armadas y se lleve a los responsables del caso de López Vargas ante la justicia. El 2 de febrero de 2011, la mujer ama de casa y madre de cuatro hijos desapareció en Ensenada, Baja California. Fue detenida por dos militares vestidos de civiles, quienes la obligaron a subir a una camioneta y la llevaron al cuartel militar Morelos, en Tijuana. Un mes antes, el 10 de enero de 2011, Miriam envió una carta a las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para quejarse de amenazas en su contra por parte de soldados del retén Loma Dorada, ubicado en las cercanías de Ensenada. El 3 de febrero, la pareja de Miriam recibió una llamada de una abogada de oficio quien le informó que ella había sido aprehendida por supuesta posesión de drogas y que la tenían en Tijuana. En los días posteriores, la pareja de Miriam intentó sin éxito localizar el sitio donde ella permanecía privada de su libertad. Siete días después de su detención, Miriam López pudo comunicarse con su pareja para informarle que se encontraba detenida en dicho cuartel militar y que sería trasladada a la Ciudad de México para ser investigada por la supuesta declaración que hizo –bajo amenazas y torturas–, donde involucraba por narcotráfico a nueve militares pertenecientes al 67 Batallón de Infantería ubicado en San Quintín, Mexicali, Baja California. Durante su estancia en el cuartel militar, Miriam sufrió ataques sexuales por militares, quienes con fotografías de los miembros de su familia, la amenazaron con hacerles daño si no declaraba lo que ellos querían. Además fue sometida a descargas eléctricas y asfixia. A partir del 9 de febrero, la víctima permaneció detenida 80 días en el Centro Nacional de Arraigo hasta el 26 de abril de 2011, cuando fue trasladada al Centro de Readaptación Social (Cereso) en Ensenada y fue puesta en libertad el 1 de septiembre de 2011. Miriam López Vargas denunció a sus agresores por los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad y violación el 14 de diciembre de ese mismo año. Por ello, se abrió la indagatoria AP/PGR/FEVIMTRA-C/139/2011 ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), donde se solicitaban medidas de seguridad para la víctima debido a los actos de hostigamiento que sufrió desde que fue puesta en libertad. Asimismo, la CMDPDH presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que posteriormente emitió una serie de recomendaciones a las autoridades gubernamentales para tratar el caso. Ante la falta de eficacia por parte del Estado mexicano para investigar casos de tortura sexual en el país, la directora de Defensa de la CMDPDH, Nancy López, comunicó que en los próximos días el caso de Miriam será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esperando que una institución internacional reconozca las omisiones cometidas por la Sedena y la PGR y determine la responsabilidad del Estado mexicano. Miriam López no fue la única víctima de tortura en dicho cuartel. El director de la CMDPDH informó que en el periodo de 2009 a 2012, se registraron 95 personas torturadas. Como parte del acto conmemorativo, este jueves hicieron un cierre simbólico de la PGR con 25 mil 475 cartas procedentes de 40 países, que forman parte de la campaña organizada por Amnistía Internacional México (AI) para apoyar el caso de Miriam. Víctimas de tortura por las Fuerzas Armadas El caso de Miriam López es muestra de las problemáticas relacionadas a la militarización y el contexto de impunidad en México. De acuerdo con datos del “Informe sobre el estado de marco normativo y la práctica de tortura en México” de la CMDPDH, desde 2006 a 2014 a nivel nacional, únicamente 12 personas han sido consignadas por delitos de tortura. Asimismo, en la investigación “Sobrevivir a la muerte. Tortura de Mujeres por policías y fuerzas armadas”, Amnistía Internacional refiere que la violencia sexual es una práctica habitual durante el arresto y el interrogatorio de mujeres. Es frecuente que sean detenidas durante arrestos en grupo y acusadas de ser parejas de delincuentes y cómplices de actos delictivos para facilitar el aumento de cifras de detenciones y demostrar a la sociedad los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad, dice el documento. También señala que pese a las múltiples denuncias presentadas por mujeres por actos de violencia sexual a manos de fuerzas armadas, ni un solo soldado ha sido suspendido por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. Hasta el momento, la PGR no ha publicado datos desglosados sobre víctimas de tortura.