CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La política de “deportación sistemática” que el Instituto Nacional de Migración (INM) aplica a los migrantes centroamericanos desde la implementación del Plan Frontera Sur, en verano de 2014, “cuestiona el acceso a mecanismos de protección que deberían ser garantizados en México”, deploró la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), la cual llamó el gobierno mexicano a suspender esta política. “Desde que el gobierno mexicano implementó el Plan Frontera Sur, la seguridad se reforzó y se incrementaron los controles y retenes, obligando los migrantes a tomar rutas más peligrosas”, aseveró Carla Denti, coordinadora médica de la organización en el país, al recordar que en una encuesta llevada a cabo en 2015, dos de cada tres migrantes atendidos por MSF reportaron que sufrieron violencia durante su tránsito por México. Denti aseveró que seis de cada diez migrantes centroamericanos atendidos por MSF, huyeron de sus hogares después de sufrir ataques directos, los otros cuatro salieron tras recibir amenazas. “Sin duda, la violencia es un factor determinante, combinada con la pobreza, es el motivo principal que obliga esta gente a migrar a México y Estados Unidos”, aseveró. La activista llamó las autoridades a implementar un sistema de protección eficiente que “tome en cuenta la violencia a la que estas personas fueron expuestas en países centroamericanos”. Y sostuvo que, si bien los migrantes en situación irregular pueden registrarse de manera temporal en el sistema de salud pública desde 2015, “según nuestra experiencia estas personas todavía carecen de acceso efectivo a la salud “Paras las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, resulta mucho más complejo”, aseveró la médica y abundó: “Los estándares de salud mexicanos ven a la violación como una emergencia médica, pero en la práctica, las mujeres centroamericanas enfrentan dos barreras: el miedo a ser deportadas y el miedo al estigma social, que las mujeres mexicanas ya conocen”.