TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A casi 23 años del alzamiento zapatista y 19 años de la masacre de Acteal, las violaciones a los derechos humanos no cesan en la entidad; al contrario se han agudizado cada vez más donde ahora los productores están amenazados por megaproyectos y la industria minera extractiva. Esta noche, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó su “Informe anual: Los caminos de la resistencia”, en que expone la realidad en materia de derechos humanos en la entidad. Se busca “hacer visibles a hombres y mujeres, pueblos y comunidades en la construcción de sueños y esperanzas que agrietan el sistema neoliberal; generan vida y dignidad frente a esta realidad cruel y sanguinaria que vivimos en México”, se dijo en el marco del informe presentado esta noche. Marina Pagés, coordinadora del Servicio Internacional para la Paz; Ana Valadez Ortega, integrante del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano; Rafael Landerreche Morín, integrante del Equipo Pastoral de Chenalhó; Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y coordinador de la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas, y Pedro Faro Navarro, director del Frayba fueron los presentadores del reporte. “Los Caminos de la Resistencia muestra las constantes violaciones a los derechos humanos ocasionadas por la violencia estructural del Estado mexicano”, dijo Faro Navarro. En la sección “Despojo y megaproyectos, impactos a los derechos humanos”, el informe da cuenta del despojo territorial que afectan a las comunidades, una invasión destructiva por parte de las empresas y del gobierno mexicano hacia los pueblos originarios, quienes se encuentran bajo constante amenaza. “El desplazamiento forzado en un contexto de guerra” exhibe la situación donde familias enteras están sufriendo múltiples violaciones de derechos humanos y en las que se desestructura la vida comunitaria y regional. También se reseña la estrategia oficial para neutralizar experiencias de organización autónoma, en un nuevo contexto nacional provocado por la violencia del crimen organizado. En el apartado “De la desacreditación a la represión” se documentan acciones que ponen en riesgo a defensoras y defensores de derechos humanos. Se muestran los signos de autoritarismo expresado en la actuación de gobiernos municipales, como el de San Cristóbal de Las Casas, encabezado con Marco Antonio Cancino González; por el gobierno estatal de Manuel Velasco Coello y el federal con Enrique Peña Nieto, que cada vez ahondan más en una crisis humanitaria donde los derechos humanos son un discurso sin sentido, vacío y panfletario; “una pantalla para ocultar a la comunidad internacional la actuación de un Estado criminal y profundamente corrompido”. “Del conflicto armado interno a una violencia generalizada” documenta la continuidad de una guerra aún no resuelta, un estado de excepción permanente donde los derechos son obviados en nombre de la seguridad y el control territorial. También se denunció la implementación de la contrainsurgencia en Chiapas, con nuevas tácticas y diferentes etapas en donde las fuerzas armadas siguen teniendo un papel relevante, junto a grupos de choque y de corte paramilitar, aunado todo ello al crimen organizado. Los ponentes manifestaron su preocupación de que ni siquiera la sangre derramada tras el alzamiento armado del EZLN en 1994 ni la masacre de Acteal en 1997 fueron suficientes para que el gobierno mexicano mostrara sensibilidad de lo que pasa en esta región del sur del país; al contrario, acusaron, cada vez más éste muestra su cara dura de represión y despojo.