CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El gigante brasileño Odebrecht no fue la única empresa extranjera en incurrir en acciones de corrupción en México y ser sancionada en Estados Unidos: también fue el caso de Teva, la empresa farmacéutica israelí, que pagó sobornos a médicos del gobierno federal desde el año 2005 a cambio de lo cual recetaron su producto Copaxone, una medicina contra la esclerosis. A raíz de que el Buró Federal de Investigación (FBI) detectó los “sobornos de millones de dólares a funcionarios de distintos países” –en particular en Rusia, Ucrania y México--, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. aceptó pagar 283 millones de dólares al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para evitar la comparecencia ante los tribunales. Según la justicia estadunidense, “Teva admitió que su filial mexicana sobornó a médicos (públicos) para recetar Copaxone desde el año 2005 por lo menos. Los ejecutivos de Teva en Israel responsables del desarrollo de los programas anticorrupción sabían de los sobornos a los médicos públicos en México”. El DOJ añadió: “Sin embargo los ejecutivos de Teva aprobaron políticas y procedimientos que sabían eran insuficientes para enfrentar los riesgos que representa el negocio de Teva y eran inadecuados para prevenir o detectar los pagos a funcionarios extranjeros”. En septiembre pasado, la empresa madre de Teva en Israel interpuso una demanda en Nueva York contra la empresa mexicana Rimsa –que pertenecía a Fernando y Leopoldo de Jesús Espinoza Abdala, hasta que Teva la compró en octubre de 2015 por 2 mil 300 millones de dólares--, en la cual alegó que desde 2007, Rimsa falsificó los documentos sobre por lo menos 105 productos para obtener permisos. Además de pagar los 283 millones de dólares al DOJ, la empresa aceptó pagar otros 236 millones de dólares a la Comisión de Seguridad e Intercambio (SEC, por sus siglas en inglés) –equivalente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mexicana—en el mismo proceso; en total, Teva pagó 520 millones de dólares al gobierno estadunidense. El DOJ informó que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la subprocuraduría jurídica y de asuntos internacionales, proveyó “asistencia” en este caso.