CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto repartió culpas a Estados Unidos por la crisis de derechos humanos que padece México. En un intercambio epistolar entre el Congreso y el Departamento de aquella nación y la embajada mexicana en Washington, la administración de Peña Nieto repitió el argumento de su antecesor, Felipe Calderón: que la violación a los derechos humanos en el país se explica también por las armas estadunidenses que fortalecen a los grupos de delincuencia organizada mexicanos. El embajador en Estados Unidos, Carlos M. Sada, reeditó el argumento de Calderón para responder a una carta que casi un centenar de integrantes de la Cámara de Representantes le envió al secretario de Estado, John Kerry, sobre la “grave crisis” de derechos humanos en el país, en las que están implicadas las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, entre otros agentes del Estado mexicano. Si Estados Unidos controlara su mercado de armas, en especial en la frontera con México, la violencia y las violaciones a los derechos humanos se reducirían de forma significativa, escribió el embajador en respuesta a un nutrido grupo de legisladores estadunidenses que en varias ocasiones se ha dirigido a Kerry por la situación de los derechos humanos en México. Lo hicieron en junio de 2015 y lo reiteraron el pasado 9 de agosto. En ambos casos, expresaron su preocupación por la falta de esclarecimiento del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014 y al que toman como muestra de “los más de 27 mil casos registrados de personas desaparecidas en México desde 2007”, cuando Calderón declaró la “guerra al narcotráfico”. En su carta de agosto pasado, los representantes estadunidenses subrayaron los escasos avances de México en el respeto a los derechos humanos, pues “no basta con tener buenas leyes”, sino hacer justicia y efectivo ese respeto. Se refirieron también a la ejecución de civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, perpetrada por miembros del Ejército, y la muerte de manifestantes en Nochix­tlán, Oaxaca, ocasionada por elementos de la Policía Federal apenas en junio último, durante el desalojo de una carretera federal que estaba tomada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Asimismo, insistieron en lo que habían planteado en su primera misiva, del 30 de junio del año pasado, sobre los agravios cometidos por las Fuerzas Armadas: Ayotzinapa y Tlatlaya “ilustran un patrón extendido de graves violaciones a los derechos humanos en el país, incluidos casos de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones extrajudiciales”. Esos casos, recordaron los legisladores estadunidenses, han sido documentados por el propio Departamento de Estado en sus reportes anuales sobre derechos humanos en el mundo, por la ONU y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México. La respuesta de México Ante la insistencia de los miembros de la Cámara de Representantes, la respuesta de México fue casi inmediata a la segunda carta, fechada el 9 de agosto y firmada por 79 legisladores. Dos días después, el embajador de México en Estados Unidos, Carlos M. Sada, les contestó que la mayoría de las armas de la delincuencia organizada en México son de origen estadunidense y son causantes también de violaciones a los derechos humanos –el mismo argumento que en varias ocasiones utilizó Felipe Calderón para responder a las críticas originadas en el país vecino. “Los urjo a considerar un elemento adicional no mencionado en su carta: el efecto perverso en la violencia y por lo tanto en los derechos humanos en México que es causado por la introducción ilegal a mi país de cantidades masivas de armas de fuego y rifles de asalto, la gran mayoría de las cuales entran clandestinamente desde los Estados Unidos”, les dijo el embajador, de acuerdo con la respuesta conocida por Proceso. Carlos Sada continuó: el tráfico ilegal de armas desde ese país “es un elemento principal que exacerba los retos que nuestro gobierno confronta cada día. Un control más riguroso del mercado de armas estadunidense, especialmente en la región fronteriza, sería una contribución significativa para reducir la violencia y debilitar las capacidades de la delincuencia organizada”. Ese control tendría un impacto “en muchas de las condiciones que llevaron a la mayoría de los deplorables y desafortunados ejemplos que menciona en su carta”, añadió el embajador en la citada respuesta, dirigida a Jim McGovern, representante del Partido Demócrata por Massachusetts y copresidente de la comisión bipartidista del Congreso sobre Derechos Humanos. Al igual que Calderón, el representante de Peña Nieto en Washington lanzó el reproche a los legisladores estadunidenses aun cuando la anterior administración mexicana estuvo de acuerdo y participó en el operativo Rápido y Furioso para el tráfico de casi 2 mil armas de alto poder de Estados a México, al inicio del gobierno de Calderón, que acabaron en manos de la delincuencia organizada. El gobierno de Peña Nieto ha evitado investigar la participación de exfuncionarios o de actuales funcionarios mexicanos en esa operación, a pesar de la demanda penal que la organización no gubernamental México Desarma presentó desde 2014 en contra de funcionarios calderonistas por haber consentido y participado en ese tráfico de armas (Proceso 1978). Entre ellos se encuentra el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, que entonces era el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y quien asimismo fue embajador de México en Estados Unidos al inicio del gobierno de Peña Nieto (Proceso 2003). La respuesta del gobierno mexicano a los congresistas estadunidenses es un catálogo de lo que presenta como avances y logros en el respeto a los derechos humanos. Con el tono de un informe burocrático, minimiza la dimensión de las violaciones a la integridad de las personas en México, agravadas desde que hace una década Calderón declaró la guerra al narcotráfico y ordenó a los militares salir de sus cuarteles para combatir en las calles a la delincuencia organizada. En cuanto a los desaparecidos, el titular de la principal representación de México en el extranjero rebate a los congresistas sobre el total de casos en el país: “No hay evidencia factual que respalde el señalamiento de que hay 27 mil desapariciones forzadas no resueltas”. Les dice que el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas cuenta a las personas que pudieron haber salido de sus casas de manera voluntaria, personas extraviadas y de alegadas víctimas de de­saparición forzada. Sin embargo, evita dar cualquier cifra. Cuando la da, es para citar que de acuerdo con el Sistema Nacional de Personas Extraviadas y sin Identificar de Estados Unidos (NamUs), en ese país hay 85 mil personas extraviadas. En lo que atañe a México, asegura que “cada caso de persona extraviada o desaparecida recibe la debida atención” de las autoridades. Lo mismo hace ante los señalamientos de que la tortura es una práctica generalizada en México y menciona que el gobierno de Peña Nieto presentó al Congreso una propuesta de Ley para Prevenir, Investigar y Castigar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esa ley, sin embargo, se mantiene congelada en la Cámara de Diputados en espera de que sea alineada con la Ley de Seguridad Interior que promueve el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con el apoyo del PRI y Peña Nieto, para que los militares puedan llevar a cabo acciones de “restauración del orden interno” sin que puedan ser acusados de violaciones a los derechos humanos y sin que se sujeten a mecanismos efectivos de rendición de cuentas al Congreso (Proceso 2094). Ante los señalamientos de los legisladores estadunidenses en torno al involucramiento de los militares en violaciones a los derechos humanos, como en el caso de Tlatlaya, el embajador asegura que el número de efectivos castrenses en operaciones de apoyo a las autoridades civiles encargadas del cumplimiento de la ley se redujo de 51 mil en 2012, al inicio del actual gobierno, a 37 mil en 2015. Dice que como resultado de esa disminución y de la publicación del Manual sobre el Uso de la Fuerza por parte de las Tres Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), se redujeron las quejas de mil 450 a 538 en el mismo periodo. Además, añade, “hay que destacar que las alegadas violaciones a los derechos humanos cometidas por personal militar ahora se procesan ante tribunales civiles”. Cita el caso de Tlatlaya, ocurrido el 30 de junio de 2014, cuando una partida militar ejecutó a 22 civiles, presuntos integrantes de la delincuencia organizada, en lo que presentó como un enfrentamiento en ese municipio del Estado de México. El embajador destaca el que las violaciones a los derechos humanos denunciadas se radiquen en tribunales civiles y que las faltas a la disciplina militar se hayan seguido ante la justicia castrense. Los siete efectivos acusados por la CNDH de haber ejecutado de manera extrajudicial a por lo menos 15 personas ya fueron puestos en libertad por la justicia militar al considerar que cometieron faltas a la disciplina militar, aunque el caso sigue en tribunales civiles. Sobre la desaparición de los 43 normalistas, el embajador reconoce la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en las investigaciones sobre lo ocurrido en Iguala en septiembre de 2014, pese a los desencuentros del gobierno de Peña Nieto con ese grupo internacional avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Señala que gracias al GIEI y a la CNDH, la Procuraduría General de la República abrió nuevas líneas de investigación, como la participación en los hechos de elementos de la Policía de Huitzuco y de la Policía Federal, además de que acordó con la CIDH darle seguimiento a las medidas precautorias emitidas por la propia Comisión Interamericana y a las recomendaciones hechas por el GIEI en sus dos reportes. Menciona que la PGR tiene abiertas seis averiguaciones previas por tortura en relación con 31 potenciales víctimas por ese mismo caso y que ha detenido a 130 personas, de un total de 168 identificadas como participantes en los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. La investigación de la PGR sobre Ayot­zinapa, identificada como “la verdad histórica”, acabó cuestionada por la Dirección de Asuntos Internos de la propia Procuraduría en un amplio informe difundido por este semanario (Proceso 2090 y 2091). Según ese reporte, elaborado por el extitular de la Visitaduría General de la PGR César Alejandro Chávez Flores, los testimonios de los presuntos autores de la desaparición de los normalistas se obtuvieron mediante tortura para sostener la versión oficial de que en los hechos sólo participaron policiales municipales coludidos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.