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Gran Bretaña: País “Gran Hermano”

LONDRES (apro).- Con cerca de seis millones de cámaras de seguridad de circuito cerrado (CCTV, por sus siglas en inglés), una nueva ley que da mayores poderes a la policía secreta para espiar y vigilar a los ciudadanos y nuevas medidas de ciberespionaje de las fuerzas de seguridad, Gran Bretaña se ha convertido en una de las mayores naciones “Gran Hermano” en el mundo.

La situación es incluso más preocupante luego que una nueva investigación dada a conocer el pasado 24 de diciembre, gracias a la Ley de Libertad de Información, concluyó que las alcaldías y municipios del Reino Unido fueron autorizados por el gobierno central para llevar a cabo más de 55 mil días de vigilancia encubierta a ciudadanos durante un periodo de cinco años, incluyendo espiar a personas que sacaban a pasear a sus perros, a ancianos que daban de comer a palomas en las plazas, y a aquellos que arrojaban basura por la ventanilla del auto.

El informe dado a conocer por el periódico inglés The Guardian indica que al menos 186 municipios del país utilizaron una nueva ley de espionaje para extraer evidencia de la población a través de escuchas secretas, micrófonos, grabaciones ocultas, cámaras de seguridad y hasta con detectives privados.

Por ejemplo, la alcaldía de Midlothian, en Escocia, utilizó los nuevos poderes de vigilancia para monitorear ladridos de perros en distintos barrios de esa localidad, mientras que la de Allerdale, al norte de Inglaterra, recopiló evidencia para determinar quién estaba alimentando a las palomas en parques públicos.

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En la ciudad inglesa de Wolverhampton, las autoridades municipales utilizaron dispositivos encubiertos de vigilancia para controlar la venta de “juguetes peligrosos” y vehículos mal estacionados.
En Slough (sureste inglés) la alcaldía pagó a detectives para investigar una perrera ilegal, en tanto que en Westminster, en el centro de Londres, el municipio recolectó información a partir de cámaras CCTV para combatir la venta de fuegos artificiales a menores de edad.

En Leicester, una ciudad ubicada en el centro del país, la alcaldía local aprovechó la nueva ley de vigilancia para perseguir a aquellos dueños de perros que no recogían las heces de sus canes en lugares públicos.
La investigación, que fue pedida por los Liberales Democráticos, la tercera fuerza política de Gran Bretaña, reveló que las alcaldías y municipios británicos realizaron al menos 2 mil 800 operativos de vigilancia que duraron cada uno unos 90 días.

Grupos opositores a un creciente Estado “Gran Hermano” indicaron que el gobierno les había prometido que los nuevos poderes sólo serían utilizados cuando fuera “absolutamente necesario” y contra amenazas extremas a Gran Bretaña.
Sin embargo, Brian Paddick, lord liberal democrático a cargo del área de Asuntos de Interior, dijo que es una “tragedia” que el país se esté volviendo cada vez más obsesionado con la seguridad y la vigilancia.

“Es completamente absurdo que los municipios y alcaldías utilicen medidas principalmente destinadas a combatir al terrorismo, para asuntos tan triviales como si un perro ladra fuerte o contra la reventa de entradas”, afirmó el político opositor. “Espiar a la población debería ser el último recurso del Estado y no una herramienta de uso cotidiano”, aclaró.

Paddick argumentó que la nueva ley de vigilancia, en lugar de restringir la capacidad de los municipios a espiar a la población, “da en cambio enormes poderes de espionaje a un gran número de organismos públicos”.

“Como en el caso de cualquier legislación, siempre está el riesgo de que las autoridades utilicen nuevos poderes de una manera que no estaba planeada inicialmente. Es necesario que haya más controles para que los operativos de vigilancia sean proporcionales”, señaló el lord liberal democrático.

La investigación dada a conocer por The Guardian también dio cuenta de cómo varias alcaldías utilizaron los nuevos poderes para vigilar a aquellas personas que solicitaban subsidios públicos, desde vivienda y manutención por hijo, hasta por desempleo o incapacidad física.

En total hubo muchos casos de alcaldías que espiaron a madres solteras para determinar si realmente necesitaban de ayuda del Estado.

El municipio de Bromley, en el este de Londres, utilizó por ejemplo cámaras secretas de CCTV para espiar a tres familias inglesas que supuestamente causaban “ruido y angustia” a vecinos, al organizar fiestas en un patio comunitario, en el que bailaban y gritaban al ritmo de música a alto volumen.

Otro caso fue el de un municipio que instaló una cámara de CCTV para detectar qué vecinos arrojaban basura en lugares incorrectos, o para combatir la venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de edad.
Colin Smith, vicealcalde de Bromley, consideró que las nuevas medidas “no son restrictivas”, y que de ninguna manera infringen las libertades civiles de los ciudadanos.

“Las autoridades municipales lidian a diario con comportamiento antisocial de individuos que perjudican la vida del resto de la población, en gran medida de ancianos, así que estos nuevos operativos son clave para combatir los peores excesos”, señaló.

Smith dijo además que el municipio “se cuida mucho” de no violar las libertades civiles, y que evita espiar a individuos que cumplen con la ley.

“Francamente me preocupan más los derechos y libertades civiles de las víctimas de estos actos y del contribuyente británico en general, que tienen que financiar estos operativos, que de una pequeña minoría criminal que sigue amenazando al resto de la sociedad de forma despreciable”, justificó.

Uno de los municipios de Inglaterra que más utilizó los poderes de espionaje fue el de Lincolnshire, en el norte del país que, en total, llevó a cabo acciones de vigilancia durante 4 mil días.

La mayoría de los operativos fueron para evitar la venta de cigarrillos y bebidas alcohólicas a menores de edad, como también contrabando de menor escala en “mercados de pulgas”.

A respecto, Mark Keal, del grupo Estándares Comerciales de Lincolnshire, dijo que sin la evidencia obtenida a partir de los operativos de vigilancia y espionaje, “es cada vez más difícil llevar a la justicia a los que violan la ley”.
Tras conocerse la información, el Ministerio del Interior indicó a través de un portavoz que los permisos para espiar a la población “sólo fueron autorizados luego de inspecciones independientes y rigurosos procedimientos de autorización”.

“Estos poderes son una herramienta importante que las alcaldías y municipios pueden utilizar para combatir problemas que afectan a muchos vecinos, desde protección al consumidor, hasta delitos medioambientales y fraude al sistema de Bienestar”, señaló el vocero oficial.

“La legislación deja en claro que las autoridades públicas sólo pueden utilizar estas tecnologías cuando es necesario y de una forma proporcional. Además, los poderes de vigilancia deben ser autorizados por un magistrado, que es una figura judicial independiente”, agregó.

La ley de vigilancia y espionaje, que fue duramente condenada por defensores de derechos civiles, enfrenta serios escollos desde que este mes la Corte de Justicia Europea, con sede en Luxemburgo, dictaminó que “la retención general e indiscriminada” de correos electrónicos y comunicación digital “es ilegal”.

El tribunal determinó que esos poderes sólo son justificados si los operativos de espionaje “se utilizan para combatir delitos serios, incluidos los de terrorismo”.

Al respecto Camilla Graham Wood, del grupo Privacy International a favor de las libertades civiles y en contra del espionaje, consideró que el dictamen “es un duro golpe contra la vigilancia masiva y está a favor del respeto a la privacidad de las personas”.

“Deja en claro que la detención indiscriminada y sin controles es una forma muy invasora de vigilancia que precisa de estrictas salvaguardas contra los abusos”, concluyó.

Queda por verse si el dictamen de la Corte europea y las crecientes críticas de grupos y organizaciones a favor de las libertades civiles logran revertir las políticas del actual gobierno conservador de Theresa May por la vigilancia masiva, los operativos de espionaje y mayores poderes invasores de la policía y las autoridades locales que siguen espiando a la ciudadanía.

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