CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un llamado a que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) haga valer su recomendación al Estado mexicano de mantener el histórico vínculo entre educación y cultura, y no debilitar a instancias como los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA), trabajadores de los mismos dirigieron una carta abierta a Nuria Sanz, representante del organismo en México. Reconocida hace unos días como académica de honor por la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, Andalucía, en su natal España, la antropóloga forma parte del Consejo Redactor de la Ley de Cultura, conformado por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados con la participación de diversos personajes del ámbito cultural. En el documento, de casi tres cuartillas, académicos, investigadores, profesionistas, docentes, artistas, músicos y trabajadores en general hacen un recuento sucinto de la política del Estado mexicano en materia educativa y cultural a lo largo del siglo XIX hasta la conformación en diciembre de 2015 de la Secretaría de Cultura (SC), que no ha logrado pese a su tradición ser democrática ni equitativa, dicen: “Por ejemplo, la base que definiría al Estado mexicano como una entidad democrática y multiétnica ejemplar simplemente no existe más que en lo declarativo o en uno que otro museo. Instituciones como la SEP (Secretaría de Educación Pública), y ahora la Secretaría de Cultura, estarían acordes a esos parámetros si sus estructuras burocráticas de enseñanza (la SEP) se hubiesen alimentado con profesores bilingües (indígenas o no), procedentes (o no) de las más de 60 etnias que sobreviven dispersas y desprotegidas ante el avasallamiento de la globalización, de despojos, migraciones forzadas, violencia criminal y ambiental auspiciadas por el Estado mexicano.” En su opinión, desde1988, cuando se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), las políticas culturales se han hecho desde la cúpula del poder, con valores occidentales, marginando a las culturas y etnias locales. Consideran incluso que la reforma al artículo 4º constitucional de 2008 estableció el “derecho al acceso a la cultura” y no los derechos culturales, “término que sí reconoce la UNESCO”. Advierten a la representante del organismo que entre quienes participan en la Comisión Redactora de la Ley de Cultura hay defensores de una “visión oligárquica” y expresan que no tienen duda de que aprovecharán para impulsar sus visiones “e intereses mercantilistas”. Y alertan a la funcionaria que ni la SC ni la ley solucionarán el rezago social y educativo, y en cambio sí se incrementará la flexibilización y precarización del régimen laboral y las condiciones generales de trabajo, logradas desde que el subsector cultural pertenecía a la SEP, y ahora conforma la SC. No es fortuito, dicen en este sentido, que el INBA y el INAH ahora “padezcan recortes, amenazas administrativas y lo más reciente retrasos de pagos”. Demandamos que usted, dicen a Sanz, “intente revertir lo que la propia UNESCO cuestionó no hacer al Estado mexicano hace unos años: debilitar instituciones fundacionales de la memoria y la educación nacional como el INAH y el INBA, presionando a sus pares para no continuar desplegando programas burocráticos y clientelares que poco o nulo impacto tienen en la educación de la sociedad mexicana”. Añaden: “Presione también para que se fijen la meta de legislar en beneficio de los derechos culturales de los mexicanos sin desvincular educación y cultura, trágicamente lo que cada uno de los miembros con quienes trabajará alentaron destruir desoyendo a la UNESCO, por no ceñirse a sus intereses empresariales y partidistas”. Firman, entre otros, Virginia Barrera, investigadora del INBA; el músico Julio Rosales González; la soprano Zully Rosales González; Dulce María Soribran, docente de la Escuela Superior de Música; Marco Romero Torralva, arquitecto del INAH; los investigadores del INAH Rosa María Vanegas, Iván Franco Cáceres, Elsa Hernández Pons, Gilberto López y Rivas, Carlos Peraza López, Pedro Lewin Fisher, Alfredo Barrera Rubio y Carlos Barajas González. Según lo planeado por la Comisión de Cultura y Cinematografía, el Consejo Redactor se reunirá los martes 10, 17 y 24 de enero y presentará un documento, , para su aprobación, el 30 del mismo mes.