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Aplaude Presidencia iniciativas en el Senado para militarizar la seguridad interior

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin la presencia de organizaciones de derechos humanos o de sectores críticos a la creciente militarización de la seguridad pública en el país, este martes se realizó en el Senado un foro para impulsar una nueva ley de seguridad interior.

Al evento asistió el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, quien “aplaudió” la existencia de cuatro iniciativas en esta materia.

“Existe una gran coincidencia en cuáles son los procedimientos para la declaratoria de afectación de la seguridad interior” y también “hay coincidencias en la regulación de las fuerzas armadas en el ejercicio de esta función de seguridad interior”, destacó Castillejos durante su participación en el foro, aun cuando no es legislador.

El consejero jurídico de la Presidencia argumentó que en el artículo 89 fracción VI de la Constitución se establece como facultad exclusiva del Presidente de la República disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad interior, pero desde 1917 –subrayó– no se ha reglamentado esta función.

Cuando quiso participar en el foro, el senador Manuel Bartlett fue callado por el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, quien argumentó que el evento era “sólo para presentar iniciativas”.

“Están hablando sólo de las ventajas de quienes han presentado las iniciativas favorables a la militarización del país”, reviró Bartlett, coordinador del PT, y se retiró del recinto.

Entre quienes argumentaron a favor de una ley de seguridad interior estuvieron los senadores Roberto Gil Zuarth, del PAN; Miguel Barbosa, del PRD, quien anunció que presentará su iniciativa a título personal en la Comisión Permanente, y el coordinador priista en la Cámara de Diputados, César Camacho, el cual presentó una iniciativa junto con la legisladora Martha Tamayo.

El doctor en Derecho Jorge Islas también participó en el debate para abundar sobre la necesidad de una ley de este tipo, señalando que “no se requiere de una declaratoria de suspensión de garantías” para formalizar la militarización de la seguridad interior. Puso como ejemplos el Acta Patriótica de Estados Unidos y el reciente decreto del 10 de enero de 2017 en Francia, donde se vive bajo la figura de un estado de excepción. En ambos casos se trata de medidas para combatir el terrorismo.

Se duplica la presencia militar

Durante su exposición, el senador Gil Zuarth aportó varios datos para argumentar la necesidad de regular la actividad militar en funciones policiacas: en los últimos cuatro años, de 2012 a 2016, se pasó de 75 bases militares mixtas de seguridad pública con mil 680 efectivos castrenses, a 142 bases militares mixtas con 3 mil 386 elementos militares.

“En cuatro años prácticamente se ha duplicado el despliegue militar permanente y se generó un incentivo perverso” para que los gobiernos municipales y estatales no inviertan en policías, dijo.

Tan sólo en las entidades de Guerrero y el Estado de México se encuentra el 36% de todas las bases militares mixtas, sustituyendo las tareas fundamentales del orden civil.

“La participación de las Fuerzas Armadas no es nueva ni contraria a la Constitución, pero ciertamente se ha sustentado en una muy delgada línea y muy fina línea jurídica”, afirmó Gil Zuarth, exfuncionario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón.

El panista coincidió con Miguel Barbosa en que la participación de los militares debe ser “temporal” y debe durar seis meses, el plazo necesario para ser sustituidos por nuevos elementos policiacos.

Actualmente, abundó, existen 48 mil elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería. Para sustituir a los militares –añadió– se requieren 20 mil policías más, es decir, para tener un total de 68 mil policías.

Ahora “no se pueden ir los militares porque no hay nadie que los sustituya”, y “lo deseable es que el Estado pueda estabilizar una determinada situación que pone en riesgo la seguridad interior sin necesidad de declarar el estado de emergencia”, sentenció.

Gil Zuarth afirmó que una ley de seguridad interior “no pretende militarizar el país”, sino todo lo contrario. “Lo que queremos es ponerle fin al perverso incentivo que está generando la participación de las Fuerzas Armadas en términos de evasión o elusión de la responsabilidad local”.

“Carácter excepción y temporal”

El senador Miguel Barbosa, quien hoy hizo circular su iniciativa en esta materia (para sumar un total de cuatro, dos de la Cámara de Diputados y dos del Senado), afirmó que debe establecerse el regreso a los cuarteles de las Fuerzas Armadas, con “una actuación claramente excepcional” y que exista “un control parlamentario”.

Añadió: “Bajo ninguna circunstancia pueden ser consideradas como amenazas a la seguridad interior las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales”.

El coordinador de los diputados federales del PRI, César Camacho, insistió en que una ley de seguridad interior “en modo alguno es una vertiente de un estado de excepción, sino la necesidad de que situaciones delicadas tengan un tratamiento jurídico ad hoc”.

Después del evento realizado al mediodía, el Senado expresó en un comunicado que fungirá como “cámara revisora” del dictamen de la ley de seguridad interior.

Al término de una reunión privada, la diputada federal Martha Sofía Tamayo adelantó que el próximo martes se realizará en San Lázaro un encuentro entre senadores, diputados y representantes de la academia para analizar las propuestas presentadas.

Posteriormente se realizará otra reunión en el Senado para analizar el marco en materia de derechos humanos, la regulación de seguridad de otros países y los tratados que existen en la materia.

Finalmente, en la Cámara de Diputados se llevará a cabo una reunión con el Ejército para que exprese sus opiniones sobre la elaboración del dictamen, “ya que ellos son los principales involucrados, de manera directa, y quienes han pedido la regulación”.

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