CUAUTLA, Mor. (apro).- El cuerpo de María Dolores Juárez, desaparecida en marzo de 2013 e inhumado clandestinamente en Tetelcingo un año después, fue entregado a sus familiares este miércoles, luego de casi cuatro años de búsqueda. Por orden de un juez local, su cuerpo fue exhumado a las 8 de la mañana con 17 minutos de la gaveta número 1. De 27 años al momento de su desaparición, esta mujer mexiquense dejó a su esposo, Rodrigo Martínez Durán, y sus dos hijos menores de edad. Salió de su casa el 30 de marzo de 2013, en Atlautla, y ya no regresó. Unas horas después, su pareja interpuso las denuncias correspondientes en la Procuraduría del Estado de México y comenzó a realizar su propia búsqueda. El cuerpo, según la carpeta de investigación, fue encontrado al día siguiente en Cuautla y levantado por los Servicios Periciales. Un año después, el 28 de marzo de 2014, sin haberle practicado ningún examen de identificación, junto con más de 100 cuerpos, fue inhumado clandestinamente en las fosas de Tetelcingo. En mayo de 2016, luego de la presión de los grupos de familiares de víctimas de desaparecidos y de la insistencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para que se abrieran dichas fosas, el cuerpo de María Dolores fue el número 10 exhumado el 25 de mayo de 2016, sin embargo, tendrían que pasar unos meses más para que fuera entregado a su familia. En la búsqueda, los familiares ofrecieron muestras genéticas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), y luego de la exhumación de los cuerpos en Tetelcingo, las muestras practicadas a los cuerpos permitieron la comparación y cruce de ellas, dando como resultado la identificación de María Dolores. Fue la PGR que informó a la familia en octubre pasado, y con ello, luego de un proceso judicial, este miércoles 11 de enero les fue devuelto el cuerpo. En entrevista, Rodrigo Martínez Durán, esposo de la víctima, demandó a las autoridades detener las prácticas de clandestinidad en los procesos de tratamiento de los cuerpos, “porque nos causan mucho dolor a las familias, que no encontramos a nuestros seres queridos”. Lamentó que la Fiscalía de Morelos y la Procuraduría del Estado de México no hayan tenido comunicación, que el gobierno morelense no hay practicado los exámenes genéticos que permitieran su identificación y exigió que las cosas se hagan bien. “Sobre todo porque sé que hay otras familias que están buscando a sus seres queridos, que están aquí, pero nadie sabe”, sostuvo. A las autoridades del estado de Morelos les pidió “que no se comentan estos actos, estas situaciones, meter una clandestinidad sin tomar en cuenta. Ahorita nos pasó a nosotros, sin embargo, tengo entendido que hay otras familias que están pasando otras cosas”. Les pidió a los familiares de desaparecidos que “insistan, que exijan sus derechos y garantías como ciudadanos”. Coincidió con la UAEM en que si se hubiera llevado a cabo un proceso de identificación genética por parte del gobierno de Morelos, desde el principio, “no estaríamos pasando por esto”. Mientras tanto, Roberto Villanueva Guzmán, del Programa de Víctimas de la UAEM, presente en el lugar, advirtió que la Fiscalía de Morelos no ha cumplido varios compromisos asumidos desde septiembre pasado, como la exhibición en una galería virtual de los objetos y pertenencias encontradas en los cuerpos exhumados de las fosas clandestinas de Tetelcingo. Además, exigió al gobierno y a la Fiscalía fijar ya una fecha para abrir las fosas que se encuentran en el panteón de la colonia Pedro Amaro del municipio de Jojutla, de la que Apro ha documentado ampliamente la historia de inhumación clandestina de cerca de 40 cuerpos desde 2014, aunque hay versiones de que entierros ilegales desde hace 10 años.