Expediente de PGR reporta agresiones de policías a 12 periodistas en Rosarito

MEXICALI, BC (apro).- “Es por su bien…”, “ya cualquiera es de prensa…” y “los vamos a tener vigilados”, son expresiones que usaron policías durante las acciones para impedir el libre ejercicio periodístico y agredir a reporteros en Playas de Rosarito.

En un hecho marcado por la actitud violenta contra los periodistas desde que inició la intervención policiaca, se interrumpió la transmisión en vivo que mostraba la represión de las corporaciones en contra de los ciudadanos durante el desalojo de manifestantes en la planta de Pemex, de acuerdo al expediente FED/SDH/PDSC/UNAI-B C/000019/2017 Exhorto 002/2017 de la Procuraduría General de la República.

En el recuento de lesiones y agravios a periodistas durante los operativos policiacos para recuperar los accesos a la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Petróleos Mexicanos, en Rosarito, se encuentran al menos 12 reporteros de medios de comunicación electrónicos e impresos, incluidas cuatro mujeres.

A pesar de establecer un Protocolo de Actuación en los operativos federales donde se advierte a los policías el respeto al trabajo de los reporteros, los resultados fueron contrarios y resultó una contraorden.

Los señalados por las agresiones son agentes de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal, de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal de Rosarito, de acuerdo a testimonios de los propios periodistas y de organismos de derechos humanos.

La organización internacional Artículo 19 lanzó una alerta por la agresión a 12 periodistas durante las protestas por el gasolinazo y pidió al gobierno que garantice el derecho a la protesta y al ejercicio periodístico de quienes acuden a las marchas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California señaló a cinco corporaciones policíacas que violentaron los derechos humanos de periodistas y manifestantes durante las protestas que se registraron en el TAD Rosarito, como la Policía Ministerial del Estado y a la Policía Municipal de Tijuana. En su informe sostuvo que documentaron 18 agresiones de reporteros, de las cuales solo 10 han sido ratificadas.

El primer incidente donde resultaron lesionados y agraviados por la violación al libre ejercicio del periodismo se registró durante la noche del 6 de enero, cuando la fuerza pública arremetió contra los manifestantes que mantenía bloqueados la planta de Pemex.

Esa noche, policías federales golpearon a Laura Sánchez, corresponsal de El Universal; Yolanda Caballero, reportera del diario El Sol de Tijuana; Luis Alfonso Pérez, colaborador del portal Animal Político y Jesús Bustamante, fotógrafo de Frontera.

Pérez fue golpeado en el cuerpo, sometido y arrestado, Sánchez recibió un golpe en la frente que le provocó una inflamación y hematoma, Caballero fue golpeada en la espalda e intimidada por policías que la metieron a la zona de conflicto. A ellos se les impidió realizar su labor periodística pues se les interrumpió la transmisión en vivo de los actos policiacos contra los ciudadanos en portales de medios nacionales y locales.

Esa tarde, a Bustamante lo sometieron los policías en la TAD Rosarito y le rociaron gas pimienta en los ojos.

Al día siguiente, también por la noche, los policías volvieron a desalojar a los manifestantes y confrontaron a un grupo de periodistas que hacían la cobertura del desalojo.

“Me pegaron con los toletes y los escudos a pesar que me identifiqué como periodista. Mientras me golpeaban les grité que era de prensa y trataron de arrancarme el gafete”, señala Manuel Ayala, periodista de la Agencia Fronteriza de Noticias, a quien los policías señalaron de ser uno de los “revoltosos” que tomaron la TAD Rosarito.

A su compañero de cobertura, Joe Terriquez, le fue peor porque lo golpearon y ya en el piso le trataron de quitar la cámara fotográfica.

A un costado, un policía federal se enfrentó a la periodista Julieta Martínez, se le puso enfrente, le manoteó en la cámara fotográfica para impedir que registrara la reprensión de que eran objeto los manifestantes. “Fotografías pura verga”, le espetó el servidor público mientras buscaba quitarle su instrumento de trabajo.

Roberto Córdova Leyva, un fotoperiodista freelance, fue golpeado por policías y tirado al piso para arrebatarle la cámara fotográfica.

De Uniradio, Alberto Elenes recibió una zarandeada de los federales y fue víctima del daño a su equipo de videograbación.

Antes, el reportero Daniel Ángel Rubio, de Síntesis Televisión, y Armando, camarógrafo, también resintieron la violencia institucional. Daniel fue detenido por agentes federales que le rompieron su teléfono celular.

Otro reportero de Frontera, Iván Molina, fue golpeado en el mismo operativo, al igual que Joel Lozano, de Diario Tijuana.

“Andaban como enyerbados”, comentó uno de los agraviados.

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