CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales de Guerrero respaldadas por la Fundación de derechos humanos Robert F. Kennedy, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un caso contra México por la ejecución extrajudicial de un indígena náhuatl atribuida a miembros del Ejército Mexicano. En conferencia de prensa, representantes del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, y de la mencionada organización estadunidense informaron que el pasado 2 de enero presentaron ante la CIDH el caso de Bonfilio Rubio Villegas. Se trata del indígena que murió el 20 de junio de 2009 a causa de disparos hechos por personal del 93 Batallón de Infantería contra un autobús de pasajeros en el que viajaba, luego de pasar un retén carretero en las inmediaciones del municipio de Huamuxtitlán, en la región de la Montaña. Durante tres años, este caso estuvo bajo el fuero militar, hasta que en agosto de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretó inconstitucional los artículos del Código de Justicia Militar que permitían la intervención del fuero castrense en casos de violaciones graves a derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, explicó el abogado de Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar. El defensor agregó que, pese a que el expediente militar pasó a un juzgado de Distrito, “no hubo mayores actuaciones por parte del ministerio público federal, por lo que se mantuvieron inalteradas las actuaciones sesgadas de la Procuraduría de Justicia Militar, encaminadas a proteger a los soldados implicados”. Después de 2012, explicó, los familiares de la víctima y sus abogados pudieron acceder a las investigaciones realizadas en el fuero militar. Entonces se dieron cuenta que en una actuación de reconstrucción de hechos, la justicia militar determinó que “cuatro elementos habían disparado contra el camión de pasajeros y de ellos un soldado, de nombre Valentín Alejo Hilario, habría causado la muerte de Bonfilio”. Vicario Aguilar destacó que el 16 de diciembre de 2014, el juzgado Séptimo de Distrito resolvió que “no se acreditó la plena responsabilidad del único soldado acusado por homicidio culposo de Bonfilio Rubio, porque la acreditación se basa en los testimonios de los otros soldados durante la reconstrucción de hechos”. Al señalar que la sentencia del juez fue impugnada, siendo la última resolución confirmatoria en julio de 2016, Vicario Aguilar señaló que la exoneración se debió a que “la jurisdicción civil no hizo ninguna diligencia, lo que hizo fue avalar todas las diligencias que se hicieron en el fuero militar, que se hicieron de manera deficiente”. Caso Bonfilio no es el único José Rubio Villegas, hermano de la víctima, denunció que decidieron recurrir a la CIDH luego de más de siete años de exigir justicia en México y de que el caso de su hermano permanece en la impunidad. La decisión de la familia de la víctima por llevar el caso hasta la CIDH se debe a que “el caso de Bonfilio no es el único de abusos de los militares en Guerrero que está impune”. Rubio Villegas resaltó que en este caso, como en otros registrados en el estado, los militares se hicieron cargo de la escena del crimen, impidieron a la familia acceder de manera inmediata al cuerpo de Bonfilio y sembraron paquetes de droga en el camión para procesar al chofer del autobús. “No tuvimos otra opción que hacer uso de las instancias internacionales donde pensamos que va a haber justicia, porque lo que queremos es que se castigue no sólo a los soldados que dispararon contra el camión de pasajeros, sino a los mandos que dieron la orden, porque los soldados no disparan sin órdenes”, dijo. Desde Washington, Angelita Baeynz de la fundación Robert F. Kennedy Human Rights, señaló que en la comunicación enviada a la CIDH las organizaciones que acompañan la petición identificaron que el Estado mexicano es responsable de violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal de la familia Rubio Villegas y a las garantías de judiciales y de protección jurídica. La defensora señaló que además de buscar justicia para la familia de Bonfilio, “lo que se busca es evidenciar las graves consecuencias que ha tenido la guerra contra el narcotráfico para la población civil, guerra que ha afectado de manera particular al estado de Guerrero”. Durante la conferencia de prensa, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, recordó que México es el país que tiene el mayor número de peticiones interpuestas ante la CIDH y que las sentencias que ha recibido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la mayoría tienen que ver con violaciones a derechos humanos cometidos por miembros del Ejército mexicano en Guerrero, que son los casos de la desaparición forzada de Rosendo Radilla durante la guerra sucia; los casos de tortura sexual sufridos por las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, y de tortura contra los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera”.