MONTERREY, NL (apro).- El fiscal anticorrupción Ernesto Canales Santos reveló hoy que se imputarán nuevos delitos al exgobernador priista Rodrigo Medina como parte de las investigaciones que se llevan a cabo por el caso KIA. Aunque el funcionario no precisó cuáles serán las nuevas acusaciones, extraoficialmente se presume que están relacionadas con la asignación irregular del terreno cedido a la armadora, que fue adquirido por el gobierno estatal con sobreprecio y en una zona inundable, inviable para levantar una nave industrial para la construcción de automotores en serie. Además, se presume que en la venta estuvieron inmiscuidas personas cercanas a Medina de la Cruz. El subprocurador estatal mencionó, en entrevista, que en la audiencia programada para el miércoles 25 los agentes del MP volverán a imputar a Medina de los dos delitos que el 19 de septiembre pasado desechó un magistrado, luego de la impugnación de la Procuraduría local, por considerar que no presentó pruebas suficientes. Canales explicó que actualmente quien fuera gobernador en el sexenio 2009-2015 es enjuiciado por el delito de ejercicio indebido de funciones. La Fiscalía que él dirige le había presentado, también, cargos por peculado y daño al erario. Un juez de control determinó que los agentes ministeriales no presentaron pruebas suficientes, por lo que decidió desechar estas dos últimas acusaciones. Entonces promovieron un recurso de apelación pero, al final, fueron vencidos por el Tribunal Superior de Justicia que dio la razón a la defensa del priista. Sin embargo, Canales no se dio por vencido y anunció, desde el año pasado, que haría acopio de más pruebas para encausar el juicio, otra vez, hacia el peculado y daño al erario. En la audiencia del miércoles 25, a la que Medina deberá comparecer, lo imputará por estos delitos y otros más, todos relacionados con el expediente de KIA, aunque no reveló cuáles serán, pues debe mantener los pormenores de las acusaciones en sigilo, justificó. Cuando fue presentada la Operación Tornado, con la que fueron imputados Medina y una veintena de funcionarios, alcaldes en funciones y empresarios, se rebeló que en los apoyos a la armadora fueron detectadas numerosas irregularidades. Entre ellas la asignación del terreno que, según la autoridad estatal, fue irregular y con sobreprecio. Se mencionó que en la venta, estimada en unos 840 millones de pesos, participaron allegados al entonces mandatario estatal y que en las obras de nivelación estuvo involucrado su padre, Humberto Medina Ainslie, en un trabajo por el que habrían sido erogados hasta mil 600 millones, según reportó la prensa local. Además, el actual gobierno de Jaime Rodríguez Calderón consideró inexplicable que el terreno ubicado en el municipio de Pesquería fuera asignado a KIA, pues está mal ubicado y es propenso a las inundaciones. Para evitar problemas futuros, dijo una fuente estatal, es necesario que sea construido un costoso sistema de drenaje pluvial.