CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y a integrantes del Ayuntamiento de Los Cabos, por la muerte de un hombre en la Comandancia Delegacional de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (CDSPPPyTM). En un comunicado, el organismo precisó que se detectaron violaciones de los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, trato digno e integridad del hombre de 39 años de edad, cuyo cuerpo se halló colgado de los barrotes de una ventana del baño de una celda en la CDSPPPyTM, donde se encontraba arrestado por realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública. Destacó que el 11 de septiembre de 2013, a las 00:26, la víctima fue detenida por tres policías municipales de Los Cabos, remitida a la CDSPPPyTM en la colonia “Los Cangrejos”, y puesta a disposición del juez calificador por una falta administrativa. A las 05:55 del mismo día fue encontrado sin vida. El médico legista determinó “muerte por ahorcamiento”, por lo que se inició una averiguación previa por hechos posiblemente constitutivos de delito contra quien resulte responsable. El 20 de febrero de 2014, el hermano de la víctima presentó denuncia de hechos por su desaparición, ante el agente del Ministerio Público en Monterrey, Nuevo León. A finales de ese mes, los familiares se enteraron a través de “Plataforma México” sobre la detención de la víctima por una falta administrativa y su traslado a la Comandancia Delegacional “Los Cangrejos”; se presentaron en ese lugar el 5 de marzo siguiente, pero les negaron la detención del occiso con el argumento de que no había registro alguno. Días después acudieron nuevamente a la Comandancia, donde se entrevistaron con un diverso juez calificador, a quien mostraron el folio del reporte de la detención obtenido por “Plataforma México”. Tras verificar los registros, el juez les informó que el agraviado fue arrestado y se suicidó en el interior de una celda, motivo por el cual los familiares solicitaron la exhumación del cuerpo de la víctima. El 11 de abril de 2014, el representante social del Fuero Común Investigador en Cabo San Lucas, junto con sus auxiliares, acudieron al Panteón Municipal, donde se llevó a cabo la exhumación de un cadáver, pero al realizar la identificación por las piezas dentales, el especialista determinó que no correspondía al occiso. El 12 del mismo mes y año, el quejoso presentó queja ante la CNDH por las irregularidades advertidas en la detención de la víctima y en la averiguación previa, principalmente por la falta de identificación de la fosa en que fue inhumado, por lo que se solicitó auxilio para su exhumación y que sus restos fueran entregados a sus familiares. Concluida su investigación, la CNDH tuvo evidencias que permiten acreditar irregularidades en una averiguación previa en la que dos diversos Ministerios Públicos del Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur omitieron realizar las diligencias necesarias para la correcta y pronta integración de la misma, a fin de esclarecer la verdad de los hechos sobre la causa real de la muerte de la víctima. También se acreditaron irregularidades en la detención y el procedimiento administrativo de la víctima, además de la omisión para garantizar su derecho a la integridad y seguridad personal atribuible al personal de la Comandancia Delegacional. Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Baja California Sur que se instruya a quien corresponda a efecto de que se continúe con la debida integración y perfeccionamiento de la averiguación previa correspondiente y su acumulada, con el propósito de que se agoten las líneas de investigación de manera diligente y eficaz. Asimismo, que se proporcione atención médica, psicológica y tanatológica a los familiares de la víctima e instruir que a todos los cadáveres que permanezcan en calidad de desconocidos y se envíen a la fosa común, se les tomen muestras biológicas, se obtengan resultados confiables de su identificación, y se les coloque una placa metálica con los datos de la carpeta de investigación para que puedan ser identificados al momento de su exhumación. Y, entre otros puntos, actualizar el “Protocolo de Cadena de Custodia” conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, o en su caso se homologue al Acuerdo A/009/15 de la Procuraduría General de la República. A los integrantes del Ayuntamiento de Los Cabos se les pidió reparar el daño a los familiares de la víctima; diseñar e impartir un curso integral a los policías y jueces calificadores sobre derechos humanos para garantizar la integridad personal y la vida de quienes están bajo su custodia, y aplicar las directrices internacionales para la prevención de suicidios de las personas privadas de su libertad. De igual manera, colaborar en la integración de la indagatoria que se inicie con motivo de la denuncia de hechos ante la Procuraduría de Justicia estatal contra las autoridades involucradas, e inscribir a la víctima y sus familiares en el Registro Nacional de Víctimas, para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.