CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Policías comunitarios y defensores de la tierra y el medio ambiente expusieron al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, los abusos que han sufrido en los últimos años en México. La agrupación denominada Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) dio a conocer al relator de la ONU las violaciones a derechos humanos contra los opositores a la industria extractiva en el ejido de La Sierrita de Galeana, Durango, así como las afectaciones en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por la ausencia de consultas para la instalación de plantas eólicas. De acuerdo con los defensores, los problemas en La Sierrita de Galeana derivan de la extracción de plata, plomo y zinc por parte de la mina La Platosa, perteneciente al consorcio Excellon de México SA de CV. La información entregada al representante de la ONU destaca que la empresa minera ha extraído metales durante 30 años, ocupando 27 hectáreas del ejido, para lo cual hizo “un pago único de un millón 200 mil pesos”. En 2008 los ejidatarios se inconformaron por los injustos acuerdos y obligaron a los dueños de Excellon a firmar un nuevo contrato de ocupación temporal por la renta de mil 100 hectáreas, a cambio de 5 millones 500 mil pesos anuales, “que aumentarían año con año dependiendo de la inflación”. Ante el incumplimiento, en 2012 los campesinos recurrieron al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, lo que conllevó a represalias contra los inconformes. El presidente del comisariado ejidal de La Sierrita, Daniel Pacheco, dijo a Forst que durante 2013 sufrieron “amenazas, hostigamiento y violencia por parte de diversos grupos, principalmente de la empresa y un sindicato de protección patronal”, en tanto que ProDESC, la organización que los acompaña, “enfrentó también una campaña de desprestigio, estigmatización, hostigamiento en su contra y el allanamiento de sus oficinas”. El comisario relató que noviembre de 2016, el Tribunal resolvió que Excellon de México tendría que entregar de forma inmediata las mil 100 hectáreas y el pago de 5.5 millones de pesos, sin embargo, el mismo Tribunal estableció que el Ejido “debía pagar a la empresa la cantidad de 5 millones 612 mil 038 pesos, manteniendo un embargo sobre las tierras hasta que se realice el pago”. Pacheco valoró que ante los agravios sufridos por los defensores “es fundamental el apoyo de instancias como la Relatoría, que puedan hacer recomendaciones al gobierno mexicano para priorizar los derechos de las comunidades por encima de los intereses de las empresas transnacionales”. El relator Forst también escuchó a integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), igualmente representados por ProDESC. En este caso se señaló que hubo violaciones al derecho a la consulta de los pueblos indígenas para la instalación de los parques eólicos Bií Hioxo, de las empresas Gas Natural Fenosa y Eólica del Sur. Respecto de Gas Natural Fenosa, los campesinos han interpuesto diversos amparos por la falta de consulta, y en lo que se refiere a Eólica del Sur, la Misión de Observación integrada por varias organizaciones civiles documentaron las violaciones al proceso de consulta realizado por la Secretaría de Energía en Juchitán, Oaxaca, en 2014. Según Mariano López, vocero de la APPJ, en la fallida consulta de 2014 “no se cumplieron los principios básicos establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (y) se documentaron 30 incidentes de seguridad, la mayoría en contra de quienes cuestionaron la implementación del proyecto, el procedimiento o la información otorgada durante la consulta indígena”. El dirigente alertó que “el plan de desarrollo de paquetes de generación de energía eólica en el istmo de Tehuantepec pretende expandirse sin considerar los derechos de las comunidades”, como parte de las secuelas de la reforma energética y sus leyes secundarias. Fost también se encontró con defensores de los derechos indígenas, y en particular escuchó las demandas de Nestora Salgado García, integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá. A través de una videoconferencia, Salgado García informó sobre “la omisión del gobierno federal y el gobierno del estado de Guerrero para implementar las recomendaciones realizadas por la ONU” en torno de la criminalización a la que se vio sometida al haber sido encarcelada durante tres años. Salgado citó la Opinión 56/2015 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que manifestó su preocupación por la existencia “de lo que parece un patrón contra los defensores de los derechos humanos del país”, y en la que se pidió al Estado mexicano investigar de forma efectiva “la tortura y los malos tratos contra la defensora Nestora Salgado”, a fin de sancionar a los responsables. La recomendación agregaba que Salgado debía ser reparada de forma integral “por los daños materiales y morales sufridos, la que deberá incluir –pero no limitarse– medidas de restitución, rehabilitación, no repetición y costas y gastos, acordadas en plena coordinación con la defensora y sus representantes”. Salgado, quien reside en Estados Unidos, pidió a Forst que cuando acuda a Guerrero, solicite al fiscal de la entidad la impugnación oficial al auto de libertad que obtuvo en marzo del año pasado, ya que se encuentra en riesgo de ser reaprehendida. Durante el encuentro, los integrantes de la Policía Comunitaria de Olinalá manifestaron su “preocupación y descontento ante la falta de garantías de seguridad por parte de los gobierno estatal y federal para que su líder pueda regresar a México sin que su vida e integridad corran peligro”. El coordinador de la CRAC-PC, Bernardo Ayala, aseguró que persiste la criminalización contra su organización, debido a que policías comunitarios permanecen en prisión y existen órdenes de aprehensión contra varios más.