CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Enrique Capitaine, uno de los cinco juniors de Costa de Oro, actualmente recluido en el penal de "La Toma", en Amatlan de Los Reyes, y acusado del abuso sexual de la joven Daphne Fernandez, obtuvo el Amparo en Revisión 357/2016 otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Distrito, por lo que "podría quedar libre" en las próximas horas, confirmó su madre, Jaqueline Marín Lara. En el mismo caso, ayer llegó al puerto de Veracruz, extraditado de España, el joven Diego Cruz, involucrado en el mismo caso y quien en su primera declaración preparatoria negó los cargos y será en las próximas 48 horas cuando su defensa pueda reunir más pruebas para su descargo y su situación jurídica pueda ser determinada.  En el caso de Enrique Capitaine, éste logró un "Amparo en Revisión" en contra de la orden de aprehensión que lo mantiene en la cárcel dese hace meses por el sonado caso de "Los Porkys" y cuya defensa de la agraviada fue encabezada por quien hoy preside la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz.  Con Diego Cruz Alonso, éste fue detenido en junio del 2016, en Madrid, el gobierno de México solicitó su extradición para fuera puesto a disposición del juez tercero de primera instancia por los hechos que dieron lugar a la Causa Penal 83/2016. Cruz Alonso está acusado de pederastia tumultuaria y se enfrenta a una pena de 12 a 40 años de cárcel. Aunque el abuso sexual ocurrió en enero 2015, fue cuatro meses después cuando Daphne Fernández decidió contarle todo a su hermana mayor, luego lo expuso ante personal del bachillerato privado donde estudia, su padre Javier Fernández decidió poner la denuncia penal y de forma pública exigir justicia al entonces gobierno de Duarte y ejercer presión en medios de comunicación nacionales e internacionales.  En mayo del 2016, fue detenido por el delito de pederastia, Enrique Capitaine sorprendido en la ciudad de Torreón, Coahuila, cuando se encontraba a bordo de un vehículo en un fraccionamiento de aquella ciudad.  Dentro de la causa penal 83/2016, Diego Cruz se apegó al articulo 20 constitucional para no declarar y esperar a que su defensa pueda obtener pruebas en su beneficio en las próximas 72 horas.  El escándalo de los llamados "Porkys de Costa de Oro" estalló en mayo pasado, cuando Javier Arturo Fernández Torres exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al entonces gobierno de Javier Duarte justicia para que los cuatro jóvenes que violaron hace un año a su hija menor de edad reciban una consignación penal, pues hasta ahora continúan libres y en total impunidad. En la investigación ministerial 592/15/1ESP/VER/05 –a la que este reportero tuvo acceso–, se relata cómo Enrique Capitaine, hijo del exalcalde de Nautla Felipe Capitaine, y los hijos de empresarios Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso subieron por la fuerza a la hija de Fernández Torres al interior de un vehículo. Mediante la fuerza, la llevaron al domicilio de uno de ellos en el fraccionamiento residencial Costa de Oro, y en el baño del inmueble abusaron sexualmente de ella. Abierta en mayo del 2015, en la indagatoria se revela que hubo un quinto joven involucrado de nombre Felipe Capitaine, hermano gemelo de Enrique, quien tampoco ha sido capturado. La denuncia de hechos interpuesta por Fernández Torres describe cómo la joven fue llevada por sus agresores en contra de su voluntad al salir de la discoteca denominada “PH”. Añade que los cuatro jóvenes le quitaron su teléfono celular para que no pudiera comunicarse con las amigas con las que acudió ese día a bailar. “La subieron contra su voluntad en la parte de en medio del asiento de atrás del auto y era custodiada por Jorge Cotaita por un lado (atrás del conductor) y Diego Cruz por el otro (atrás del copiloto). Estos dos sujetos le jalaban la ropa y la manoseaban por debajo de la falda, tocándole sus pechos y partes íntimas. “Ella les insistió que no lo hicieran, que no quería eso, pero ellos entre burlas y agresiones seguían haciéndolo mientras Enrique Capitaine manejaba a toda velocidad y Gerardo Rodríguez era copiloto. Todo ese tiempo, ella trataba de calmarlos y hacerlos entrar en razón pero no lo logró”, dice el documento ministerial. Aunque el abuso sexual ocurrió en enero 2015, fue hasta cuatro meses después cuando la hija de Fernández decidió contarle todo a su hermana mayor, luego lo expuso ante personal del bachillerato privado donde estudia. Y es que el trauma psicológico del que fue objeto la orilló a callar el delito durante varias semanas. Fernández Torres dijo que se dilató tanto en poner la denuncia penal por las secuelas psicológicas que observó en su hija.