CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asamblea Constituyente aprobó la creación de la figura de “gobierno de coalición” con uno o varios partidos y de manera opcional para el titular del Poder Ejecutivo en la Constitución de la Ciudad de México, con el propósito de garantizar mayorías en la toma de decisiones y gobernabilidad democrática. Durante la sesión de este martes, los constituyentes aprobaron el artículo 39 de la próxima Carta Magna de la ciudad, referente a la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, según un comunicado del órgano. El gobierno de coalición quedó definido como un cuerpo colegiado conformado por las personas titulares de las dependencias de la administración pública local, a propuesta de la Jefatura de Gobierno y ratificadas por el pleno del Congreso de la ciudad. Para registrar una coalición electoral, los partidos políticos deberán registrar una plataforma electoral y podrán optar por la integración de un gobierno de coalición, en caso de que la persona postulada para asumir la Jefatura de Gobierno resulte electa. También establecieron que el jefe de Gobierno podrá disolver a la totalidad del gabinete; además de que los diputados y los grupos parlamentarios podrán declararse en oposición parlamentaria para ejercer una función crítica y plantear alternativas políticas. El pleno de la Asamblea también aprobó la creación de la “pregunta parlamentaria” para que el Congreso capitalino solicite información a la administración pública, las alcaldías, los órganos, dependencias y entidades, los cuales tendrán 30 días naturales para responder. En tanto, el Congreso tendrá otros 30 días para analizar la información y en su caso, llamar a comparecer a los funcionarios. Otro acuerdo importante de los constituyentes fue el referente al artículo 37 que implica que el jefe de Gobierno podrá designar y remover libremente al titular de Seguridad Pública de la capital, sin estar sujeto al visto bueno del presidente de la República, como sucede hasta ahora. La atribución que también tenía antes el Ejecutivo federal para nombrar al titular de lo que ahora será la Fiscalía General de Justicia, fue modificada el pasado sábado para que el Consejo Judicial Ciudadano proponga una terna al Congreso. La aprobación del artículo 37 también incluyó que el jefe de Gobierno deberá realizar investigaciones apropiadas para proponer al gobierno federal políticas de recuperación de los salarios mínimos históricos de los trabajadores de la Ciudad de México. También deberá Informar de manera permanente y completa mediante el Sistema de Gobierno Abierto. Los constituyentes también definieron que los requisitos para poder aspirar a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México: no tener menos de 30 años, y no ser titular de una Secretaría o Subsecretaría en el Ejecutivo local o federal, a menos que se separe definitivamente del puesto 180 días antes del inicio del proceso electoral local correspondiente. Tampoco deberá ocupar una senaduría, una diputación local  o federal, ni ser titular o concejal de una alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la administración pública de la Ciudad de México o de la Fiscalía General de Justicia capitalina, a menos de que se separa que definitivamente del cargo seis meses antes de la elección. Incluso, se dejó claro que no se podrán registrar como candidatos quienes sean ministros de culto religioso, a menos que hubieran dejado de serlo cinco años antes; y en caso de haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electorales, deberán pasar tres años. En cuanto al artículo 38 sobre la administración pública, los asambleístas aprobaron que ésta será centralizada y paraestatal y se regirá bajo los principios de la innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con base en diseño universal y gobierno abierto. Se contemplarán ajustes razonables a petición del ciudadano. Además, los titulares de las secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales de gestión en octubre y acudir a la respectiva sesión de comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados.